La demanda de energía baja un 5,3% en el primer día de vigencia del plan de ahorro

La demanda eléctrica nacional registrada ayer miércoles, primer día de vigencia del plan de choque aprobado por el Gobierno para reducir el consumo de gas, ha sido un 5,3% más baja que hace una semana. Según los datos provisionales de Red Eléctrica, esta se situó en los 752 GWh (gigavatios hora), frente a los 794 GWh del miércoles 3 de agosto.

¿Se puede achacar el descenso a las nuevas medidas de ahorro energético? Fuentes del sector aseguran que no se puede establecer un vínculo directo. Explican que los escenarios climáticos y laborales no son comparables, ya que esta semana y la que viene son las de menor productividad laboral del año por las vacaciones, y añaden que un solo día de aplicación de las medidas es un plazo demasiado corto para hacer comparaciones que permitan poner cifras al impacto del plan.

Se podrían hacer más comparaciones yendo atrás en el tiempo, pero sería igual de inconsistente. Por ejemplo, la demanda total de electricidad fue este miércoles un 2,2% superior a la registrada el día equivalente de 2021, que sería el 11 de agosto. Entonces, además de cuestiones de meteorología, todavía seguían vigentes algunas restricciones debido al coronavirus, con límites en aforo y horarios comerciales, restricciones en los viajes y la actividad aún sin haber vuelto a funcionar normalmente. En cambio, la demanda fue un 4,5% más baja si la comparación se hace con 2019. El día homologable, en este caso, es el miércoles 7.

Fuentes del sector eléctrico insisten en que es muy complicado saber, a día de hoy, qué proporción de estas variaciones en la demanda se debe al plan de ahorro, y explican que hay que coger un plazo temporal más amplio para analizar la tendencia.

Las medidas aprobadas el pasado 1 de agosto por el Gobierno se dirigen a determinados edificios ―se excluyen hogares e industria― y tienen como objetivo la reducción en el consumo de gas. El miércoles entraron en vigor las primeras obligaciones incluidas en el plan: aire acondicionado a un mínimo de 27 grados ―la calefacción en invierno no podrá superar los 19 grados― y apagado de escaparates e iluminación de edificios públicos a partir de las 22.00 horas.

La regulación de la temperatura ―la medida que más podría impactar en la demanda― es obligatoria para oficinas, edificios de la Administración, comercios, establecimientos recreativos y culturales, entre otros, mientras quedan exentos centros de formación y salud, gimnasios, peluquerías y en general todos aquellos establecimientos que, por cuestiones laborales o sectoriales, no puedan respetar los umbrales antes mencionados, hostelería incluida. Más adelante, en septiembre, estos locales deberán aplicar carteles o pantallas donde informen sobre los niveles de temperatura y las medidas de ahorro adoptadas, además de instalar sistemas de cierre de puertas que limiten las fugas de frío o calor. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado que estas medidas podrían brindar una reducción de entre el 4% y el 5% en el consumo de gas.

Plan europeo

Este paquete ha recibido numerosas críticas por parte de la oposición, encabezadas por la Comunidad de Madrid. Las autonomías del PP lamentan no solo el contenido del decreto, sino ―y sobre todo― el hecho de no haber sido consultadas previamente sobre las medidas a adoptar, ya que son las encargadas de vigilar que se cumplan. Tras pedir, sin éxito, la retirada del decreto, Transición Ecológica ha solicitado a los Gobiernos regionales que envíen más propuestas de ahorro energético para antes de que acabe agosto, de cara al plan de contingencia que España y los demás socios europeos deberán presentar en septiembre a Bruselas.

Este contendrá más medidas, con el objetivo de rebajar el consumo energético en un momento en el que los precios de las materias primas están por las nubes debido a los atascos en las cadenas de suministros y, sobre todo, a las incertidumbres geopolíticas. El conflicto en Ucrania, con un riesgo creciente de un corte total del suministro por parte de Moscú, es el principal foco de preocupación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha afirmado que “Putin usa la energía como arma” y ha pedido a los Ventisiete que empiecen a apretarse el cinturón de cara a un invierno que amenaza con ser complicado. En el caso de España, estas primera medidas de ahorro energético se mantendrán vigentes más allá de la época más fría del año: hasta noviembre de 2023.

La UE exige, de momento, una reducción en el consumo de gas del 15% desde el 1 de agosto y hasta el 31 de marzo de 2023, de un 7% en el caso de España, con planes de ahorro voluntarios establecidos por cada país. Si no fueran suficientes, la reducción se convertiría en obligatoria.