Un vicepresidente de la CEOE llama “arrogante” a Yolanda Díaz por secundar las manifestaciones para subir los salarios

Los sindicatos advirtieron antes de verano de que se avecinaba un otoño caliente lleno de movilizaciones si no alcanzaban un pacto con los empresarios para mejorar los salarios y minimizar así la pérdida de poder adquisitivo ante la escalada de precios. Y sin que todavía haya caído una sola hoja de los árboles, la temperatura de las conversaciones ha subido ostensiblemente en los últimos días. Los recientes reproches de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, a la patronal por su “falta de compromiso con el país” al “bloquear la negociación”, y su posicionamiento junto a las manifestaciones sindicales que se aproximan, han encontrado réplica este viernes en el presidente de la Confederación de Empresas de la Comunitat Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, quien ha calificado a la también ministra de Trabajo de “arrogante” y ha afeado su “falta de empatía” con las empresas.

“La voluntad de los sectores en estos momentos tan complicados es que haya paz social. Y negociar es ceder ambas partes, y no la arrogancia de una vicepresidenta que se pone la primera en la manifestación”, ha indicado Navarro. El líder de los empresarios valencianos ha justificado este comportamiento de Díaz señalando que sus declaraciones son “mensajes demagógicos” que quiere “lanzar a su público”, y que con ellos lo que demuestra es su “falta de empatía con los empresarios”, que van a enfrentarse a unos “meses complicados”, en los que se llevará a cabo “una economía de guerra”.

“Este es un país de autónomos y de pequeñas empresas, y esa es la realidad”, ha indicado Navarro en declaraciones a la Cadena SER, donde ha vuelto a dejar clara la voluntad de los empresarios de seguir dialogando. Sin embargo, ha recordado que negociar “implica hacer concesiones”. Consultados por este periódico, fuentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se niegan a hacer valoraciones sobre esta disputa dialéctica.

Varios fiascos

La renovación fallida del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) tras las diferencias (por ahora irreconciliables) entre sindicatos y empresarios ha originado un conflicto que no ha dejado de crecer y agudizarse a medida que la inflación ha ido tocando picos cada vez más elevados. El AENC es la hoja de ruta en la que representantes de los trabajadores y patronos acuerdan una senda de crecimiento para los salarios durante un horizonte que habitualmente contempla tres años. A pesar de tratarse de un documento recomendatorio, sirve para establecer unas bases que tutelen los distintos procesos para actualizar los convenios, y, por tanto, facilita estas negociaciones.

En una de las últimas reuniones, UGT y CC OO definieron un nuevo marco de subidas para el trienio 2022, 2023 y 2024, y lo extendieron también hasta 2025. Según este planteamiento, en el presente año los salarios afrontarían una subida del 3,4%, que se rebajaría al 2,5% en el siguiente, y al 2% en 2024. Sin embargo, entre los años 2023 y 2024 se añadiría una compensación equivalente al 75% de la diferencia entre la inflación media anual de 2022 y lo que se subió ese año.

Esas cláusulas de revisión chocaron frontalmente (y lo siguen haciendo) con los intereses de la patronal. Su contrapuesta entonces fue la de ofrecer un incremento de los sueldos a lo largo de los tres próximos años del 8%, una cantidad que quedaría muy por debajo de la propuesta por los sindicatos, que prácticamente alcanzaría ese porcentaje en el segundo año. De cara a 2025, UGT y CC OO recomendaron que la subida correspondiera a la suma del IPC de diciembre de 2024, más un 0,25% adicional.

Ante semejante bloqueo y con el año consumiéndose lentamente, sindicatos y empresarios anunciaron que aunque el diálogo entre ambos se mantendría, los efectos de una hipotética prórroga del AENC (caducada desde 2021) ya no se aplicarían sobre el ejercicio 2022, sino durante los siguientes. Un fiasco que se replicó nuevamente con un Pacto de Rentas irresoluto hasta la fecha, a pesar del empuje del Gobierno, que los sindicatos nunca vieron.

Otra de las desavenencias que ha contaminado las relaciones entre los agentes sociales ha sido la progresiva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a lo largo de la legislatura, y que lo sitúan hoy en 1.000 euros mensuales repartidos en 14 pagas. Los dos últimos incrementos fueron duramente criticados por la patronal, y ante el anuncio de la vicepresidenta Díaz de una nueva mejora —que podría colocarlo en los 1.049 euros al mes en 2023—, que incluso podría ir más allá si la situación económica no mejora, han vuelto a enquistar las relaciones.

El comité de expertos de Trabajo ha sido convocado para el próximo 2 de septiembre con el objetivo de estudiar la cuantía final de la subida con la que se pretende alcanzar el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea a la que se acogió el Gobierno.