La lentitud del Gobierno frena la instalación de puntos de recarga en las gasolineras

La instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos es un problema en España. Para intentar solventarlo parcialmente, el Gobierno introdujo en la ley de Cambio Climático un punto en el que obligaba a las principales gasolineras, las que más combustible venden porque se encuentran en los emplazamientos con mayor tráfico, a tener esas infraestructuras para poder atender también a los vehículos cero emisiones. Sin embargo, la propia lentitud administrativa amenaza con dejar en el aire esa obligatoriedad: a cinco meses del inicio de la medida, el Ministerio de Transición Ecológica todavía no ha aprobado la orden ministerial que certifica las estaciones de servicio afectadas. El departamento de Teresa Ribera asegura que el texto está a punto de ser aprobado.

El próximo 1 de febrero es una fecha límite para las alrededor de 200 estaciones de servicio que venden cada año más de 10 millones de litros de gasolina o diésel. Y unos meses más tarde, en agosto del próximo año, se tenían que sumar aquellas con volúmenes de más de cinco millones, además de aquellas que, estando en comunidades, islas o ciudades autónomas que no tengan gasolineras de más de 5.000 litros, copan el 10% del mercado de combustibles. En conjunto, Transición Ecológica calcula que su medida afectará a un millar de áreas de servicio, que son asimismo en las que debería ser más sencillo rentabilizar la inversión.

Situar las llamadas electrolineras en puntos clave de la red viaria es esencial para dar seguridad al conductor de coche eléctrico. El Gobierno tiene marcado como hito que en 2023 se vendan 250.000 vehículos de este tipo y que estén instalados 100.000 puntos de recarga públicos. De estos últimos, hoy apenas hay 14.000, lo que lleva tiempo generando dudas y críticas entre las organizaciones empresariales vinculadas a la industria del motor.

La falta de movimiento del Gobierno ya fue uno de los puntos que más controversia levantaron en la reunión de julio del grupo de trabajo Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico, en la que las empresas y asociaciones se sientan con las administraciones. Aunque se han avanzado determinados trámites, el desarrollo está siendo lento y está situando al país a la cola de la Unión Europea.

La patronal de fabricantes, Anfac, critica que el 80% de la red la han impulsado las propias marcas y los concesionarios. Esa red, además, adolece de las conexiones potentes que permitan recargar las baterías en horas, un papel que tendrían que cubrir las mayores gasolineras españolas, aquellas por las que fluye mayor tráfico del país. De hecho, el borrador de orden ministerial sacado a información pública en noviembre del año pasado se señalaba que las gasolineras que despachan más de 10 millones de litros tenían que tener al menos un punto de recarga de 150 kilowatios (kW) —que permite recargar en media hora el 80% de una batería— y los de cinco millones al menos uno de 50 kW.

La orden, además de establecer los puntos obligados a incorporar esa infraestructura, fijará las posibles excepciones y dotará a las comunidades autónomas de la tarea de notificación y control de las gasolineras.

Todo el sector vinculado a la automoción, así como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), consideran que sin la proliferación de puntos de recarga España no se podrá impulsar las ventas de vehículos eléctricos y hacer crecer el parque de vehículos de cero emisiones. La Unión Europea ha fijado para 2035 el final de la comercialización de coches de combustión, híbridos incluidos.

En España el desarrollo está siendo lento, lo que ha situado al país a la cola de la Unión Europea. La patronal de fabricantes, Anfac, critica que el 80% de la red la han impulsado las propias marcas y los concesionarios. Y esa red, además, adolece de la falta de conexiones potentes que permitan recargar las baterías en horas, un papel que tendrían que cubrir las mayores gasolineras españolas, ubicadas en las zonas de mayor tráfico del país.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), en la que están integradas la mayor parte de las petroleras con redes de gasolineras, afirma que se han remitido al ministerio propuestas para eliminar las barreras que frenan la implantación de puntos de recarga. “Si bien la obra de instalación de un punto de recarga rápida y ultrarápida supone únicamente de dos a tres semanas de trabajo”, señala la organización a través de un correo electrónico, “debido a las distintas barreras administrativas, el proceso completo desde que se decide realizar la inversión en esta infraestructura hasta que la misma está en funcionamiento puede dilatarse de uno a dos años”. Fuentes del sector aseguran que habrá empresas que tendrán la infraestructura instalada a partir de febrero, pero que la puesta en marcha no está garantizada.

La CNMC ha advertido de que, pese a no ser necesario desvelar datos privados de volumen de negocio que son propios de las operadoras de las gasolineras, no difundir el listado que prepara el Ministerio de Transición Ecológica podría “conceder cierta ventaja competitiva” a las grandes cadenas de estaciones de servicio, controladas por compañías petroleras, al conocer de antemano, como suministradoras, cuáles son las de más éxito.