Fábricas al mejor postor: los gobiernos sacan la chequera para atraer a la industria

“Dios decidió dónde están las reservas de petróleo. Nosotros decidimos dónde ponemos las fábricas”. La frase la pronunció Pat Gelsinger, consejero delegado de Intel, seguramente la compañía a la que más países europeos han cortejado en los últimos meses en busca de un pedazo de pastel de su multimillonario programa de inversiones en plantas para producir chips. Vender a la opinión pública el logro de atraer a firmas punteras tecnológicamente, capaces de crear empleo estable y bien remunerado, y en ocasiones, incluso de arrastrar a su vez a otras empresas proveedoras, es un objetivo goloso para la clase política. Eso genera una competencia entre Estados (o regiones) que proporciona a las compañías un enorme poder de negociación: pueden elegir el territorio que les ofrezca más incentivos para establecerse, ya sea en forma de subsidios, rebajas fiscales o cesión de terrenos e infraestructuras.

El último ejemplo es el caso de Volkswagen y su amenaza de no invertir en Sagunto si el Gobierno español no eleva las ayudas públicas. El tira y afloja no sorprende a Marc Sachon, profesor del IESE. “Los altos directivos de cualquier empresa, ya sea Volkswagen u otra, tienen la obligación de hacer lo que puedan para crear valor, y eso incluye conseguir subvenciones”, apunta. La estrategia negociadora pasa a veces por ese amago de marcha atrás, en ocasiones como farol y otras como una posibilidad real. En ambos casos, la pelota queda en el tejado del Ejecutivo: si cede, la empresa consigue más recursos, y si no, se expone a la incertidumbre de que acuerdos ya publicitados como éxitos acaben sin materializarse, y eso sirva de arma arrojadiza para la oposición.

Las fuentes consultadas coinciden en que reducirlo todo a las subvenciones sería obviar otros factores con una influencia clave. “Una fábrica de baterías analiza el transporte hasta el lugar donde se producen los coches, o si ya existe un clúster de vehículos eléctricos para situarse cerca”, señala Sachon. A la proximidad geográfica se unen cuestiones como la disponibilidad de terreno, la facilidad para obtener materia prima, la situación del mercado laboral —entre otras cosas, si existe mano de obra cualificada o no—, los salarios o las infraestructuras y comunicaciones.

Pedro Álvarez, economista de Caixabank Research, añade a esos elementos la estabilidad política. “En el caso de Volkswagen influye. Sobre todo si se plantean elegir entre un país más desarrollado y otros con menos seguridad jurídica”. Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners, cree que España está bien posicionada como destino de inversión frente a la competencia de países del Este, cuyo atractivo reside sobre todo en una fuerza laboral más barata. “Tenemos ventajas competitivas en términos de retorno de la inversión, capacidad financiadora y conocimiento del sector. Y estar dentro de la zona euro es una ventaja. Imagina que eres CEO de Ford, inviertes en Polonia y te devalúan el zloty”, esgrime.

Según datos de la patronal automovilística europea ACEA, España cuenta con 14 grandes fábricas del sector automovilístico. En la Unión Europea, la superan las 18 de Polonia, las 24 de Italia, las 30 de Francia y las 44 de Alemania. El profesor Sachon destaca la capacidad de esta industria para generar a su alrededor un ecosistema muy poblado. “El sector de la automoción es uno de los que más trabajo crean fuera de la fábrica. Por cada puesto se estima que se generan más o menos otros tres empleos fuera”.

Esas cuentas también las hacen las autoridades para decidir hasta qué punto merece la pena ofrecer ventajas a los inversores. No solo en la esfera del motor. Las ayudas públicas fluyen también hacia aerolíneas como Ryanair, receptora habitual de dinero público por abrir rutas en aeropuertos necesitados de pasajeros. Ese capital no solo proviene del Estado, también de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos ávidos de potenciar el turismo. Por ejemplo, hace una semana el Diario de Burgos publicaba que la compañía irlandesa estaría dispuesta a operar en dicha localidad a cambio de tres años de contrato y dos millones por ejercicio.

Un sector mucho más dependiente de los subsidios es el de los chips o semiconductores. Su carencia tras la pandemia paralizó la fabricación de automóviles, y eso ha provocado una oleada de planes públicos para traer fábricas a Europa y EE UU. Bruselas concibió un programa de 43.000 millones para alcanzar una cuota de producción del 20%, y Washington ha aprobado destinar 52.000 millones en subsidios. Siguiendo con esa ristra de cifras, el PERTE mejor dotado de España es el de chips, con 12.250 millones.

Acortar las cadenas de suministros

En el libro Chip War, publicado este mes, el historiador estadounidense Chris Miller explica cómo los países asiáticos llevan décadas financiando al sector con fondos públicos. Occidente había aceptado esa situación porque los compraba a bajo precio, pero el mundo ha cambiado. Así lo explica Pedro Álvarez, de Caixabank Research: “Tener el proveedor en China en un mundo globalizado estaba muy bien, pero con la crisis de suministros y la pandemia se ha demostrado que ese comercio del que nos hemos beneficiado puede tener fallos”.

Para Miller, multinacionales como Intel están alentando una nueva ola de nacionalismo sobre los chips que aprovecha el nerviosismo sobre la dependencia de la producción asiática para obtener subsidios de EE UU y Europa. Pero mientras azuza esos miedos, deslocaliza parte de su propia producción de chips avanzados a la taiwanesa TSMC, la mayor fabricante del planeta. En un sector tan sofisticado como ese, Miller, profesor de la Fletcher University, ve clave que el país receptor cuente con una fuerza laboral formada, dado que la producción de semiconductores requiere de habilidades únicas y especializadas, aunque reconoce que los incentivos gubernamentales y la política fiscal también cuentan, debido al elevado coste de estas fábricas, que se mide en miles de millones de euros.

Uno de los ejemplos más recientes lo protagoniza Italia. Intel ha elegido la región del Véneto (Italia) para instalar una nueva fábrica con una inversión inicial de 5.000 millones de euros, cantidad que aumentará con el tiempo. La negociación la lideró el ex primer ministro, Mario Draghi, y según Reuters, Italia asumirá el 40% de la inversión total de Intel, que supone la creación de 1.500 empleos directos y 3.500 indirectos. Empezaría a operar entre 2025 y 2027.

En un momento de acortamiento de las cadenas de suministros, la competencia por albergar estos centros de innovación parece condenada a seguir aumentando. Sus contrataciones están libres de los inconvenientes de la temporalidad turística y de la precariedad de nuevos empleos como los riders, pero una pregunta sobrevuela la pugna: ¿hasta dónde debe llegar esa subasta entre países que tira de fondos públicos y otras ventajas para captar empresas?