El Gobierno recurre la prohibición de pescar en 87 áreas del Atlántico ante la justicia europea

El Gobierno ha presentado el recurso contra la decisión de cerrar ciertas áreas del Atlántico Noroeste a la actividad pesquera debido a la vulnerabilidad de los ecosistemas marinos que albergan. España argumenta que la norma de la Comisión Europea que fija los vetos —que afectan a la pesca a más de 400 metros de profundidad en 87 zonas del Atlántico nororiental— es desproporcionada e injusta “por no contar con la información científica más actual disponible, no contar con un informe de impacto y vulnerar, de esta forma, los principios de la Política Pesquera Común (PPC) que establece el necesario equilibrio, en las decisiones que se adopten, entre la protección de la biodiversidad marina y el mantenimiento de la pesca sostenible”.

La demanda, que por su complejidad técnica ha requerido de la intervención del Ministerio, la Abogacía del Estado y el Instituto Español de Oceanografía, pone de relieve, según el departamento que dirige el ministro Luis Planas, “las deficiencias de fondo y de forma en las que habría incurrido la Comisión Europea en la elaboración de este acto de ejecución”.

El artículo 263 del Tratado de la UE —que determina que el Tribunal de Justicia controlará la legalidad de los actos del Consejo, la Comisión y el BCE— se ha tomado como base para interponer el recurso contra la decisión comunitaria, aunque fuentes del sector auguran poco recorrido: en el mejor de los casos, podría resolverse dentro de varios años.

El debate sobre la prohibición lleva meses causando un gran malestar entre los pescadores españoles, que acusan al comisario europeo del ramo, Virginijus Sinkevičius, de haberle dado la espalda al sector al decretar la prohibición con datos desfasados sobre el estado del fondo marino. Inicialmente, las patronales cifraron en 500 barcos y más de 2.000 trabajadores los afectados, —la medida entró en vigor el 9 de octubre— pero actualmente Cepesca sigue sin tener todas las cifras para evaluar cómo han evolucionado las capturas.

Iván López, presidente de la Alianza Europea para la Pesca de Fondo, avanza que la flota palangrera está viviendo retrasos medios de dos días para entrar en zonas donde sí está permitido pescar, pero que ahora tienen una mayor densidad de buques trabajando. Por el momento, cree, se está manteniendo la calma en el sector porque el alza de las cotizaciones y la cercanía de la Navidad permiten a las empresas aguantar. “Pero cuando llegue enero, los precios, que ahora son un incentivo, caerán”, y con ellos la rentabilidad, advierte.

Al contrario que en el arrastre, donde la pesca de la flota comercial se puede hacer consecutivamente (con un barco pescando tras otro), con las artes fijas los aparejos tienen que estar suspendidos en el mar durante horas, lo que dificulta el trabajo en los caladeros y podría generar conflictos entre los pescadores. Algo que, por el momento, no se ha producido. Tampoco se espera ningún desabastecimiento de productos, puesto que las empresas mayoristas recurren a una enorme variedad de zonas de pesca e importan pescados y mariscos de otros mercados.

En las zonas de pesca vedadas se capturaban merluzas, palometas o cabras. En el Golfo de Cádiz, las cofradías cifran en 30 los barcos afectados, con restricciones para capturar gamba blanca y cigala. En la comarca de la mariña lucense, los puertos de Celeiro y Burela la flota se declara especialmente impactada y todos los partidos presentes en el Parlamento Gallego han apoyado las protestas de las cofradías. Los ecologistas, por su parte, mantienen que la Comisión europea “no tiene ninguna intención de actuar contra los pescadores”, y defienden los cierres decretados. Mientras no haya más información científica disponible, en palabras de Javier López, director de la campaña de Pesca en Oceana, “solo habría que hacer cambios si se demuestra que el impacto de ciertas artes de pesca, como el palangre, no es significativo, o si hay evidencias de la ausencia de hábitats vulnerables en áreas donde sí se creía que podrían estar presentes”. En cualquier caso, reclama que si hay nuevos informes disponibles, los datos sean revisados por pares.

El recurso del Gobierno señala que el reglamento ha provocado el efecto contrario al que buscaba con la “paradoja” de que, “a pesar de que fue concebido para atender a unas circunstancias específicas que concurren en el arrastre de fondo, han sido el palangre y otras artes fijas de fondo las que han resultado seriamente afectadas al verse privadas de sus caladeros habituales”.

La pesca de arrastre, que faena hasta los 400 metros de profundidad y que según los ecologistas es de las actividades más dañinas, no se ve apenas afectada por este reglamento. También cuestiona el hecho de que los polígonos identificados “no son uniformes en función de la latitud, generando áreas de veda mucho más extensas en las aguas españolas que en otras latitudes más al norte”. Eso provocaría el cierre de zonas excesivamente amplias alrededor de donde se hayan detectado ecosistemas vulnerables y “afecta especialmente a España por su menor extensión de la plataforma continental”.

Proceso de revisión

En su día, la Comisión dijo haber decretado la prohibición después de solicitar un informe científico al Consejo Internacional para la Explotación del Mar (ICES, por sus siglas en inglés). El 5 de enero de 2021 el organismo emitió ese dictamen que usa datos de 2009 y 2011 y solo habla de arrastre, no de otras artes fijas como palangre o enmalle. La Comisión Europea establece, en su normativa que cada año se revisará el veto con la última información científica disponible, algo que podría ocurrir a partir del próximo 16 de diciembre. Ese día el ICES entregará al comisario un nuevo informe sobre los hábitats vulnerables, que se extienden ahora a lo largo de los 16.419 kilómetros cuadrados vetados, el 1,16% de las aguas de la UE del Atlántico Nororiental. Si a partir de entonces la Comisión se muestra favorable a una revisión de las zonas vetadas, encargaría un estudio de impacto que debería contar con la opinión de los grupos de interés. Los pescadores son pesimistas al respecto, porque una hipotética marcha atrás no podría materializarse hasta pasada la próxima primavera.