La Audiencia Nacional ordena reabrir una investigación por blanqueo contra CaixaBank, ING e Ibercaja

La Audiencia Nacional vuelve a colocar el foco en CaixaBank, ING e Ibercaja. La Sala de lo Penal ordena reabrir la investigación por blanqueo de capitales que salpica a las tres entidades financieras por su vinculación con el caso Bandenia, un presunto banco pantalla dedicado al movimiento internacional de divisas para ocultar al fisco los verdaderos dueños del dinero. En línea con la Fiscalía, el tribunal considera que existen suficientes “indicios” para continuar con las pesquisas contra las tres compañías, en donde Bandenia abrió cuentas para operar. También da luz verde a citar a declarar a sus representantes. Contactadas por EL PAÍS este lunes, ING e Ibercaja no han querido hacer comentarios; y CaixaBank se limita a afirmar que colaborará con el juez en toda aquella información que les solicite, “tal y como hemos hecho hasta ahora”.

El instructor Santiago Pedraz, que sustituyó a José de la Mata al frente del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, decidió archivar estas pesquisas el pasado 21 de julio al considerar que no había quedado “debidamente justificada la perpetración de los delitos que” se imputaban. Pero la Fiscalía recurrió la medida: antes de tomar una iniciativa así, consideraba “necesaria” la práctica de diversas pruebas, como la declaración de los responsables de cumplimiento normativo de CaixaBank, Ibercaja e ING. En opinión del ministerio público, dar carpetazo a la causa suponía dar por buena la eficacia de los modelos de compliance de estas empresas sin haber interrogado a sus encargados y sin evaluar su eficacia y, por tanto, constituía un “palmario cierre en falso de la instrucción penal sobre la presunta y eventual responsabilidad” de estas personas jurídicas.

La Fiscalía va más allá en sus alegaciones y expone que, pese a la resolución de Pedraz, existen suficientes indicios para valorar la comisión de un delito imprudente de blanqueo por parte de CaixaBank, Ibercaja e ING. Entre otras pruebas, el ministerio público pone sobre la mesa más de media docena de informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Unos argumentos que acepta la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha analizado el recurso. En una resolución del 15 de noviembre, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el tribunal valida parcialmente la tesis del ministerio público. Ha anulado el archivo y ha prorrogado seis meses más la investigación. “La decisión de sobreseimiento provisional de las actuaciones resulta prematura en este momento procesal”, exponen los magistrados, que dan luz verde a interrogar ahora a los representantes que designen CaixaBank, ING e Ibercaja, sin que sea necesario que sean los responsables de sus programas de cumplimiento normativo, como pedía la Fiscalía.

La Sala añade que, a la hora de decretar el archivo, el instructor no analizó detalladamente los indicios “que pudieran apuntar hacia unas supuestas conductas delictivas”, con el “fin de desvirtuarlos o cuando menos de acreditar su insuficiencia a fin de la continuación de las actuaciones”. De hecho, el tribunal apunta que el ministerio público ha aportado “numerosos indicios” obtenidos durante la investigación, “que exigirían cuando menos un pronunciamiento específico al respecto”.

Una derivada del ‘caso Bandenia’

Estas pesquisas constituyen una derivada del bautizado caso Bandenia, donde se investigó a este banco privado, bajo control de José Miguel Artiles, por dedicarse supuestamente al movimiento internacional de divisas para ocultar al fisco los verdaderos titulares de los capitales. En 2017, la Policía ejecutó las primeras detenciones; y, en 2019, el juez instructor José de la Mata decidió procesar a una decena de personas por su supuesta implicación en la trama. Según detalló entonces el magistrado, la red abría cuentas omnibus en diversas entidades financieras para, “bajo la apariencia de actividades presuntamente lícitas”, justificar los movimientos del dinero. De hecho, fue entonces cuando De la Mata decidió abrir también una línea de investigación centrada en CaixaBank, ING e Ibercaja.

Al poner el foco sobre estas tres entidades, el juez De la Mata subrayó que se “han obtenido datos objetivos que apuntan al incumplimiento sistemático de la legislación vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales por parte de Ibercaja, CaixaBank e ING”. Por ejemplo, al referirse a los indicios contra las dos primeras, el instructor especificó que las cuentas utilizadas por Bandenia en estos bancos “registraron un volumen muy importante de movimientos”, y muchos de ellos tenía como origen y destino países “con una fuerte tradición de secreto bancario y significativo riesgo de blanqueo” (Panamá, Suiza y Hong Kong, entre otros). El magistrado también destacó que la propia denominación de Bandenia Banca Privada PLC —una “entidad domiciliada en el Reino Unido, que señala ser un banco bajo registro de un país africano y cuyo CEO era un español”— ya suponía “en sí mismo un elemento de riesgo que debiera haber alertado, pues indica, sin ambages, que puede estar dedicándose a actividades de banca privada”. “Este riesgo se incrementa, además, si tenemos en cuenta que se trata de una sociedad extranjera, con licencia de un país africano, que se publicitaba (en español) en fuentes abiertas con un amplio elenco de servicios bancarios/financieros de todo tipo”, añade.

Entre los clientes de Bandenia se encontraba la famosa narco Ana María Cameno, La reina de la coca, a la que la Audiencia Nacional condenó a 16 años de cárcel en septiembre. Entre los sentenciados está el propio Artiles, al que se ha impuesto una pena de cuatro años de prisión por colaborar con la organización criminal de La Reina en la operativa para blanquear los ingresos provenientes de la droga. Para ello, según consta en la resolución, usaron los servicios de CaixaBank.