Las grandes empresas y los municipios tendrán que disponer de planes sostenibles para que los trabajadores acudan a sus empleos

El Gobierno ha aprobado este martes en segunda lectura el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que está previsto que entre en vigor en 2023 tras su tramitación por la vía de urgencia. La norma obliga a las empresas con más de 500 trabajadores a tener planes de movilidad sostenible para que sus empleados acudan al trabajo, mediante distintas alternativas como potenciar la movilidad activa (a pie o en bicicleta), la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo. Además, los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deberán dotarse de planes de movilidad urbana y las empresas de transporte tendrán que calcular su huella de carbono y trasladar esa información a los usuarios.

Esta ley pretende mejorar la eficiencia del gasto público. Según el Ministerio de Transportes, las medidas que contempla permitirán ahorrar 8.000 millones de euros de gasto público en infraestructuras en una década, así como aumentar en un 3,3% la productividad de las compañías.

El texto aborda el nuevo mapa concesional de autobuses de largo recorrido, que simplificará las rutas para hacer el sistema más eficiente pero garantizando la movilidad de los ciudadanos. Y se creará un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que tiene el objetivo de reforzar la cooperación entre las distintas Administraciones.

La norma consolida las denominadas zonas de bajas emisiones, áreas con restricción al tráfico en las grandes ciudades como Madrid 360, y abre la puerta para que los Ayuntamientos puedan instaurar de manera voluntaria tasas para condicionar el acceso al centro de las ciudades, estableciendo unos criterios mínimos que homogenizarán ese tributo en todo el país, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.

Sin menciones al peaje

No obstante, la ley no aborda el peaje para las autovías gratuitas que el Gobierno se comprometió a introducir con la Unión Europea en el Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia presentado en 2021, y que desde entonces ha sido postergado. Según el documento remitido a Bruselas, el modelo debería haber estado diseñado antes del 30 de junio de 2022 para que fuera aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado antes del 31 de diciembre de 2023. La actual legislatura termina en noviembre de ese mismo año, por lo que el proyecto quedará pendiente para el inicio de la siguiente, tal y como adelantó EL PAIS. La impopularidad de la medida y la falta de consenso político, no solo con la oposición, sino entre las filas de los socios parlamentarios del Ejecutivo (Unidas Podemos y nacionalistas vascos y catalanes) han motivado que se aplace el proyecto.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, considera que la ley aporta un nuevo enfoque: “Por primera vez, entendemos la movilidad como un derecho”, ha destacado. La ministra ha explicado que la norma se basa en cuatro grandes pilares: la movilidad como derecho, hacer frente al reto de la emergencia climática, mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto, y la digitalización y apoyo a la innovación.

El transporte es responsable del 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la Agencia Europea de Medio Ambiente estima en más de 25.000 las muertes prematuras que se producen cada año en España por la mala calidad del aire. Por ello, la norma busca avanzar hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente y la salud que contribuya, además, a mejorar la calidad de vida de las personas, mediante un nuevo modelo urbano que prioriza la movilidad activa –a pie o en bicicleta– y el transporte público y colectivo frente al coche y el vehículo privado.

Durante la fase de anteproyecto, el texto recibió 203 alegaciones que, según el Ejecutivo, se han tenido en cuenta en la redacción final. Aunque el texto todavía no es definitivo: ahora entrará como proyecto de ley las Cortes, donde pasará por las habituales fases de discusiones y enmiendas tanto en el Congreso como en el Senado antes de su aprobación definitiva y su conversión en ley. Esta se espera que suceda a lo largo del año que viene.

Entre las novedades que incorpora el texto, también se hace referencia a los retos que afrontará la movilidad en el futuro. Por ejemplo, las condiciones que las Administraciones para regular la introducción de vehículos autónomos o semiautónomos en las calles y carreteras españolas. Una de las iniciativas es crear una ventanilla única que facilite la obtención de permisos para probar los vehículos sin conductor en vías públicas. La iniciativa, ha asegurado este martes el Gobierno, “pretende atraer a España la innovación en este ámbito”.