Garamendi no asistirá a la mesa de diálogo sobre la subida del salario mínimo convocada por el Gobierno

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, no tiene previsto asistir este miércoles a la mesa de diálogo social convocada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para debatir la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). No solo tiene la primera junta directiva de la CEOE, de la que fue reelegido presidente hace apenas un mes, sino que apenas hay nada que hacer sobre una propuesta competencia del Gobierno, de la que se enteró por la prensa y que rompe el acuerdo alcanzado con los agentes sociales cuando se aprobó la reforma laboral. Lo acaba de decir este martes a los medios de comunicación tras un desayuno organizado por Radio Valencia Cadena SER. “Esto no es diálogo social, es un acuerdo del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales. Tenemos un papel. Mañana contestaremos por escrito a lo que nos han enviado por escrito. Pero me parece gravísimo que se cambie el acuerdo”, ha manifestado en alusión a la reforma laboral.

El Ministerio de Trabajo presentó el lunes el informe de la comisión de expertos sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de hasta el 8,2% en 2023, tal y como adelantó EL PAÍS. Es decir, una revalorización de entre el 4,6% y el 8,2% para alcanzar el 60% del salario medio neto el año que viene. El grupo incide en la necesidad de que haya una revisión en seis meses por la incertidumbre económica derivada de la inflación. El anuncio no ha sentado bien en la patronal española.

Durante la entrevista realizada en el marco de los Encuentros SER por el director de la cadena en la Comunidad Valenciana, Bernardo Guzmán, el bilbaíno Garamendi se ha extendido un poco más sobre el asunto. “Respeto a los sindicatos, primer punto, pero el salario mínimo no es diálogo social, es competencia del Gobierno”, ha dicho antes de incidir en las diferencias entre los que pagan el SMI, que “no son multinacionales, ni la banca, ni las eléctricas, sino pequeños negocios, comercios”. Ha reiterado su idea de que se debería distinguir entre los que trabajan en el campo, por ejemplo, que en otros países se les compensa con las cotizaciones sociales, o a los que viven en Valencia o en Almendralejo, dada la diferencia en el nivel de vida.

También ha objetado que los gobiernos (central, autonómicos...) no contemplan dicha subida en los contratos que tienen firmados con las empresas, lo que penaliza a las mismas, y ha subrayado que el incremento “va a superar el 60% del salario medio de las comunidades autónomas”. Si ya se subió el SMI y luego se sube otra vez, se genera “indefensión”, ha apostillado

Ante el comentario de que la subida pactada del salario mínimo no había destruido empleo, tal y como se vaticinó desde organizaciones empresariales y sectores conservadores, Garamendi ha contestado que “no se ha creado y un país lo que debe hacer es crear empleo”. Entre el público, se encontraba el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, numerosos empresarios, como el vicepresidente de la CEOE, el valenciano Salvador Navarro, o el presidente de Mercadona, Juan Roig, y el secretario general del sindicato UGT, Ismael Sáez.

Relajado, irónico, sin eludir ninguna pregunta pero sin entrar de lleno en ningún posible conflicto, Garamendi se ha mostrado partidario de que el Gobierno rebaje el IVA para combatir el incremento de precios en la cesta de la compra, porque el Estado ha ingresado “30.000 millones de euros de superávit, precisamente por este impuesto”.

También se ha referido a la necesidad de que los partidos acuerden la reforma el sistema de financiación autonómico, que penaliza a la Comunidad Valenciana, última receptora de fondos. Y no ha dudado en defender el concierto económico ante la pregunta del periodista: “Como la reforma laboral, ha sido aprobado por todos los españoles el concierto económico. Ya está. Soy vasco, español y defiendo el concierto”.

También ha defendido la contratación de trabajadores de fuera. “Por qué no, si hace falta gente. Muchos españoles pudieron irse, ¿no somos globales?. A mí me gustaría que los españoles ocuparan los espacios, pero cuando ves que en el transporte faltan 10.0000 trabajadores y ves que hay empresas que montan centros de formación en Marruecos para que vengan marroquíes a conducir, pues algo pasa. Esa es la realidad”.

Sobre el clima político, el jefe de la patronal ha insistido en que el mundo empresarial y la sociedad civil quieren “estabilidad, moderación, tranquilidad, respeto”. “Nos encontramos con una crispación que no es buena, que afortunadamente no ha calado en la sociedad”, ha sostenido. Ha pedido responsabilidad a la clase política y ha recordado una frase de Felipe González: “Nosotros no somos nietos de la guerra civil, sino hijos dela democracia”.