El Gobierno firma la reforma de las pensiones con los sindicatos

El Gobierno y los sindicatos han sellado un acuerdo para reformar el sistema de pensiones. Los órganos directivos de CC OO y UGT han ratificado este miércoles el pacto con el Ejecutivo, justo antes de que los secretarios generales de ambos sindicatos firmen en el Ministerio de Seguridad Social el texto con el ministro José Luis Escrivá. Su departamento ya había logrado consensuar una posición común con Unidas Podemos y con la Comisión Europea la semana pasada. Como pasó con el reciente incremento del salario mínimo a 1.080 euros mensuales, los empresarios no forman parte del acuerdo de reforma, en el que identifican “voracidad recaudatoria” del Ejecutivo por el refuerzo de la estructura de ingresos.

El ministro ha dicho, tras la firma del acuerdo con CC OO y UGT, que esta reforma asegura “la sostenibilidad del sistema”. “La alcanzamos con un reforzamiento de los recursos de forma gradual y comedida, que en ningún caso pone en peligro la competitividad de las empresas ni el tejido productivo”, ha indicado Escrivá. Unai Sordo, líder de CC OO, ha catalogado este nuevo modelo como “revolucionario”. “Tenemos un reto de aquí a 2048 y no podemos negarlo. Si pasamos de 10 a 15 millones de personas jubiladas, ¿qué hacemos? ¿Gastamos mismo dinero que cuando eran 10 y recortamos las pensiones o reforzamos estructuralmente los ingresos? Hemos optado por lo segundo”, ha añadido Sordo. “Es una lástima que la CEOE no participe en esta firma. No hay argumentos que justifiquen que no estén aquí”, ha agregado Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

El entendimiento con los sindicatos es el paso previo a la aprobación de la norma por real decreto ley en el Consejo de Ministros —que se celebrará de forma extraordinaria este jueves—, antes del trámite parlamentario. Este miércoles por la tarde el ministro José Luis Escrivá expone la reforma ante el Pacto de Toledo (el grupo de trabajo parlamentario que audita la sostenibilidad del sistema de pensiones). El Ejecutivo ha recibido críticas por aprobar por real decreto una norma tan importante en lugar de seguir una tramitación parlamentaria más convencional. El Gobierno tendrá que atar los apoyos de los grupos parlamentarios que suelen respaldar al Ejecutivo, ERC y Bildu, para sacar adelante el proyecto.

El lunes, los sindicatos ya catalogaron el acuerdo como “inminente”, después de la segunda reunión en menos de una semana para tratar la propuesta de la Seguridad Social. Los negociadores se pasaron la tarde del martes afinando el pacto, a partir de un nuevo texto con algunas correcciones que les planteó el Ejecutivo. Este miércoles por la mañana aún discutían algunos últimos detalles e incluso, reconocen fuentes negociadoras, todavía podría haber alguna pequeña variación adicional. “Es un magnífico acuerdo”, ha dicho el negociador de UGT y vicesecretario general de Política Sindical del sindicato, Fernando Luján, este miércoles durante el comité confederal extraordinario que ha certificado el apoyo de su organización a la reforma. “Creo que ni el Gobierno esperaba llegar tan lejos”, ha añadido Pepe Álvarez.

Por su parte, el lunes los empresarios confirmaron su rechazo definitivo al texto. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, criticó el martes que la reforma de las pensiones sea “lentejas”: “Se nos ha hurtado el debate”. También afirmó que el ministro Escrivá “no dice la verdad” cuando asegura que la CEOE no ha hecho propuestas.

La finalidad central de la reforma es inyectar más ingresos al sistema de pensiones para afrontar de forma sostenible el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom. Los sindicatos siempre han defendido que la reforma debía pivotar sobre este concepto, un aumento de los recursos del sistema, y no sobre recortes. Al contrario, los empresarios rechazan de plano este planteamiento, por el aumento del coste laboral para las empresas por la subida en las cotizaciones.

El ministro ha sido muy crítico este miércoles con este planteamiento, haciendo referencia expresa (después de que le preguntara por ello un periodista) al estudio de BBVA Research publicado ayer, que anticipa destrucción de empleo con esta reforma: “Respecto a las estimaciones que van saliendo, me fascina cuando ellos sacan estas conclusiones sin ni siquiera conocer el texto completo. Yo he sido director del servicio de estudios de BBVA y sé el tiempo que lleva si uno quiere ser riguroso. En un platillo tenemos al equipo estadístico del ministerio, a los servicios también de CC OO y de UGT, también a la Comisión Europea, que ha escudriñado todos los detalles; y en el otro platillo, cálculos apresurados y oportunistas sacados con un ordenador personal desde casa. Me parece que no es serio”.

Esta reforma elevará el gasto en pensiones al entorno del 15% del producto interior bruto (PIB), según fuentes de la negociación, frente al 12% que representa hoy. Participantes en las conversaciones entre el Gobierno y los agentes sociales calculan que este nuevo modelo supondrá un aumento de los ingresos de 15.000 millones de euros al año, mientras que el gasto se incrementaría en 2.500 millones. El Ejecutivo aún no ha precisado estas cifras.

Más ingresos

Las tres herramientas con las que el Gobierno busca aumentar los ingresos son el aumento de las bases máximas de cotización (de 4.495 euros mensuales en 2023) de 2024 a 2050, añadiendo a la tasa anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales (se alcanzará un aumento acumulado del 38% hasta 2050); una cuota de solidaridad a los salarios más altos del 1% en 2025 que irá subiendo 0,25 puntos al año hasta llegar al 6% en 2045; y un alza del mecanismo de equidad intergeneracional: en vez de ser de 0,6 puntos se dobla hasta 1,2 en 2050, a un ritmo de crecimiento de una décima al año. El mecanismo de equidad intergeneracional crecerá aún más de forma automática para asegurar más ingresos al sistema si el gasto en pensiones se desvía y los partidos políticos no alcanzan un acuerdo sobre cómo corregirlo.

Estas medidas para reforzar los ingresos impactan a las rentas más altas, que aportarán más al sistema sin que las pensiones máximas crezcan en consonancia. Para corregir ese desfase en la contributividad (que cada uno reciba como pensionista lo que aportó como trabajador) a partir de 2051 y hasta 2065 la Seguridad Social plantea un incremento del 20% de las pensiones máximas. En lo que respecta al gasto, el nuevo marco también recoge una mejora importante de las pensiones mínimas y no contributivas. Además, se refuerza la cobertura de las lagunas de cotización y se toman otras medidas para corregir la brecha de género en las pensiones.

El otro gran cambio que introduce la reforma es un nuevo modelo dual para el periodo de cómputo (los años de cotización que sirven para calcular la cuantía de la pensión). El Gobierno despliega dos opciones: una similar al modelo actual, de 25 años, y otra de 29, pudiendo eliminar los dos años de menor cotización. La Seguridad Social aplicará directamente el sistema que más beneficioso resulte a cada pensionista. Este doble sistema convivirá hasta 2044, cuando el cálculo de 27 años quedaría como el único posible.

Trámite parlamentario

Este miércoles por la tarde el ministro expondrá la reforma ante el Pacto de Toledo. Después llegará el Consejo de Ministros en el que se aprobará la reforma por real decreto ley y más tarde se activará la discusión parlamentaria.

Los sindicatos han asegurado a lo largo de toda la negociación que solo acordarían el texto si tenían claro que recibiría respaldo político suficiente. “Los indicios que tenemos es que este acuerdo cuenta con apoyo de una mayoría parlamentaria”, ha comentado secretario general de UGT. Todo apunta a que el PP rechazará el texto, mientras que Unidas Podemos ha manifestado su apoyo a la propuesta de Escrivá. La posición de ERC también sugiere un posible entendimiento, al igual que la de Bildu, aunque ambos partidos han criticado algunos puntos de la reforma. Por su parte, el PNV ha adelantado que no se opondrá e incluso no descarta apoyar el proyecto.

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