La aportación de los impuestos verdes bajará este año a niveles de 2012
Las recomendaciones del ‘Libro Blanco para la reforma fiscal’ en materia medioambiental se han quedado en papel mojado con la invasión rusa de Ucrania
La aportación de los impuestos verdes a los ingresos públicos retrocederá este año al 1,6% del PIB, el porcentaje más bajo de la última década y cada vez más lejos de las cifras superiores al 2% que se alcanzaron en los años noventa. El dato fue desglosado por la presidenta de la Autoridad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, este martes en una jornada sobre fiscalidad medioambiental organizada por EsadeEcPol, en la que la economista sugería incorporar el impacto del cambio climático en el análsis de las cuentas públicas. “No solo tienen que analizarlo las instituciones fiscales independientes. Es una tarea ineludible de los Gobiernos”, destacó. David López, de la División de Análisis Estructural del Banco de España, y Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, ambos miembros del comité de expertos para la reforma fiscal, coincidieron en que la fiscalidad verde “se ha estancado en los últimos años”, pero recordaban que sí hay consenso técnico sobre las medidas a adoptar.
Así ha quedado plasmado en los últimos grandes estudios de expertos, como el Informe Lagares y el Libro Blanco para la reforma fiscal publicado el año pasado, en el que participaron tanto López como Labandeira. El documento recomendaba medidas para recaudar 15.000 millones más en impuestos verdes a través de subidas fiscales a los carburantes, la equiparación de la gasolina al diésel y una mayor imposición al transporte aéreo y marítimo, entre otras propuestas. “Tenemos una situación anómala, porque estos impuestos juegan un papel menor comparado con los países del entorno, y eso no casa con el gran desafío medioambiental que estamos viviendo”, señaló Labandeira.
España tiene un problema hídrico, evidenciado por la actual y severa sequía, una alta dependencia energética y una necesidad recaudatoria que va a crecer para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, la recaudación por impuestos verdes lleva años en una senda descendente. En 2021, estos ingresos suponían el 1,8% del PIB, frente al 2,2% de la UE, según Eurostat. Según los expertos, la imposición sobre los carburantes es uno de los grandes responsables de la brecha que separa a España de la Unión Europea. La situación ha empeorado con la guerra en Ucrania y la aprobación de ayudas generalizadas para mitigar el impacto de la crisis energética, como rebajas impositivas o bonificaciones: han ido en dirección contraria a la lucha contra el cambio climático y, además, han dejado en papel mojado las propuestas del Libro Blanco y las recomendaciones de la Airef. “La situación no parece muy sensata a día de hoy”, añadió Labandeira. “Creo que no es sostenible si nos queremos tomar en serio la descarbonización. Son figuras necesarias”.
El cambio climático supone un coste económico creciente, pero existen herramientas para limar las externalidades negativas, afirmó López. En su opinión, hay que aprobar paquetes amplios que incluyan políticas redistributivas dirigidas a los más vulnerables y que no se apoyen en impuestos indirectos —como las rebajas generalizadas del IVA o de los tributos especiales aprobadas para mitigar la crisis energética—, sino en el IRPF o en transferencias. “Las medidas que se tomen en el futuro tienen que estar muy bien focalizadas”, alertaba Mar Delgado, economista sénior en la Dirección General de Economía del Banco Central Europeo (BCE). También recordaba que menos de la mitad de las emisiones están gravadas en España, cuando deberían de estarlo todas, pero incidía en la importancia de tener políticas homogéneas y coordinadas dentro de la UE, que se está moviendo en este sentido.
Riesgo para la deuda pública
Existen varios estudios que hablan del coste económico que supone el cambio climático, publicados por organismos como el FMI, el Banco Mundial o el BCE. Casi la mitad del fondo europeo aprobado para hacer frente a la covid está vinculado a proyectos relacionados con el medioambiente. Y la Autoridad Fiscal británica prevé que una transición ecológica tardía dispararía la deuda pública muy por encima del coste de la transición. “Además de tener un impacto significativo en los ingresos”, subraya Herrero. “Creo que es importante incorporar el cambio climático al análisis de sostenibilidad de las cuentas públicas”.
En la jornada, abierta por Francisco de la Torre, director del Foro de Fiscalidad de EsadeEcPol, y Alain Cuenca, director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), también participaron Valeria Bernardo, profesora en la Universidad Pompeu Fabra, Natalia Collado, investigadora de EsadeEcPol, y Pedro Linares, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI. Las dos economistas abordaron el reto de la fiscalidad del transporte en las zonas urbanas, en una mesa redonda moderada por Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol.
Antes de la clausura, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en conversación con Toni Roldán, director de EsadeEcPol, reconocía que las grandes líneas técnicas de cara a la transición ecológica son claras, pero que desde un punto de vista político hay dificultades en aplicarlas. “Tiene que haber un proyecto, no solo una medida”, recalcó. “Y que se expliquen los beneficios para todos”, añadía, antes de asegurar que la promesa del PP, si llega a ganar las elecciones, no es bajar impuestos: “Es de no subirlos”.
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