España solo gastó 5.200 millones de los fondos europeos en 2022
Las cifras de la Comisión Europea reflejan que España ha desembolsado cantidades similares a otros países pero alejadas de lo presupuestado
El Gobierno solo gastó en 2022 unos 5.200 millones de los fondos europeos, el 0,4% del PIB y una quinta parte de lo que había presupuestado, según datos oficiales de la Comisión Europea a los que ha tenido acceso El PAÍS. Estos son los recursos del mecanismo europeo de recuperación que efectivamente se han desembolsado y que se suman a los 2.400 millones que ya ejecutó en 2021, según estas mismas estadísticas divulgadas hace un año, elaboradas con criterios de contabilidad nacional.
Al haber avanzado con celeridad en el cumplimiento de sus compromisos de inversiones y reformas, España ya ha recibido 37.000 millones de los 69.000 que se le concedieron del fondo de recuperación, bautizado como Next Generation y creado para combatir las consecuencias de la pandemia. A estos se sumarán próximamente otros 7.700 debido al cálculo final que se hizo y por el que España recibirá más al haber sufrido su economía en mayor medida por la pandemia. Sin embargo, el gasto va bastante más lento debido a que cualquier ciclo inversor tarda mucho por los periodos de planificación, el diseño de las convocatorias, su publicidad, los plazos para adjudicarlos y el tiempo que se precisa para luego ir ejecutando. La realidad es que cualquier inversión puede prolongarse años hasta que se culmina.
Aunque se haya flexibilizado algo la ley de contratos públicos, esta sigue exigiendo numerosos trámites que ralentizan el despliegue de estos recursos. Los funcionarios son también muy conscientes de que su firma entraña importantes responsabilidades y muestran en ocasiones reparos antes de estampar su rúbrica. Por ejemplo, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, que gestiona una cantidad sustancial de fondos europeos, incluso ha contratado un seguro de directivos para proteger a los funcionarios de problemas que puedan surgir por su firma. Además, muchos proyectos se han de poner en marcha a través de las comunidades y ayuntamientos que tienen las competencias, lo que puede demorar aún más el gasto.
La obtención de los fondos europeos fue un gran éxito del Gobierno de Sánchez. El problema en realidad ha sido de expectativas. En un contexto en el que había que recuperar la economía de la pandemia, el Ejecutivo quiso aprovechar los fondos para estimular la actividad concentrando el desembolso en los tres años que le quedaban de legislatura a razón de algo más de 20.000 millones por ejercicio. Sin embargo, eso obligó a poner unos objetivos que ya algunos altos cargos reconocían desde el principio que serían muy difíciles de cumplir. Buena parte del 2021 ya se perdió diseñando y acordando el plan con Bruselas.
Aun así, el trabajo en la Administración ha sido hercúleo. Los funcionarios y altos cargos han tenido que añadir a su trabajo ordinario la gestión de los 70.000 millones. Pero los procesos son estrictos y hace falta tiempo. Se han formado importantes cuellos de botella al tener muchas administraciones licitando y lanzando convocatorias de subvenciones a la vez. Máxime desde el momento en el que la Comisión introdujo un endurecimiento de los controles para asegurarse de que no se producían escándalos de corrupción.
En sus recomendaciones a España publicadas la semana pasada, Bruselas considera que la ejecución de los fondos europeos se enfrenta a importantes retos. Y pide al Ejecutivo que haya una capacidad administrativa suficiente para lidiar con el incremento que tendrá el Plan de Recuperación una vez se sumen los 84.000 millones en créditos y los 7.700 millones en ayudas no reembolsables tras haber recalculado los fondos por la mayor caída del PIB.
Por otra parte, el tejido productivo no está preparado para satisfacer semejante inyección de proyectos en tan corto plazo. Se precisan trabajadores sobre todo en la construcción. Así lo recogía un informe interno del Ejecutivo. Las subidas de precios también están creando problemas. Hay incluso casos de licitaciones que se están quedando desiertas por las subidas de costes.
Por estos motivos, el Gobierno está ultimando la redacción de la adenda, con cambios pactados con la Comisión para alargar los plazos, reducir los objetivos de inversión y reescribir los compromisos de forma que sea más fácil el cumplimiento. El Ejecutivo español aducirá los cuellos de botella, la falta de trabajadores y la inflación para solicitar estas modificaciones. La guía que elaboró la Comisión permite hacerlo siempre que sea por motivos que no obedezcan a una planificación errónea.
Desembolsos por países
Así las cosas, ese 0,4% del PIB desembolsado, ¿se trata de una cifra exigua o de algo normal dadas las circunstancias? Si se compara con otros países europeos, España ha desembolsado cifras similares y no va tan mal. Marcha peor que Italia, que es el otro país que acumula una gran cantidad de recursos y que ejecutó el 0,7% del PIB en 2022. Si bien los transalpinos están sufriendo importantes dificultades para cumplir con los objetivos de inversión pactados. Por su parte, Grecia ha gastado el 0,4% del PIB como España; Francia, el 0,4%; República Checa, el 0,4%; Portugal, el 0,3%; Alemania, el 0,1%, y Bélgica, el 0,1%. Países como Polonia, Rumanía o Eslovaquia no han usado todavía nada porque no lo tenían planificado. Países como Holanda y los nórdicos no se llevaban muchos recursos.
Pero el problema de España es que, como incluye en sus datos la Comisión, tenía previsto gastar el 1,9% del PIB. Por tanto, España es de los más adelantados en ejecución pero va retrasada sobre su planificación presupuestaria. En cualquier caso, llegar al 31 de agosto de 2026, fecha para la que debería estar todo finalizado según la legislación europea, será un reto ingente.
El observatorio de fondos europeos de EsadeEcPol y EY Insights hace un seguimiento exhaustivo de todas las licitaciones y concesiones hechas bajo el epígrafe de los fondos Next Generation. A fecha de diciembre de 2022, contabiliza unos 8.000 millones en subvenciones concedidas y otros 8.000 en licitaciones otorgadas. “Son los 16.000 millones que tienen ya nombres y apellidos, lo cual es muy importante para impulsar la actividad”, explica Manuel Hidalgo, codirector del observatorio.
De todas formas, esto no significa que se hayan desembolsado. Las subvenciones todavía pueden tardar en ser abonadas. Por ejemplo, el kit digital se está concediendo a las pymes con gran celeridad; sin embargo, el porcentaje de beneficiarios que luego decide hacer efectiva la subvención es bajo, según se quejan las empresas. Fuentes empresariales explican que los beneficiarios ven que más adelante tienen que pagar por estos servicios y no los toman. Los proveedores se quejan además de que están teniendo dificultades para certificar ante la Administración los servicios prestados y, por lo tanto, no los cobran.
En cuanto a las licitaciones, estas se conceden. Pero luego hay que ir desarrollando los trabajos. Estos solo se abonan conforme se van certificando los tramos realizados de construcción. De manera que se tarda mucho más en librarse los fondos. No obstante, aunque no se haya pagado, las empresas ya están contratando e invirtiendo para poder cumplir, lo que tiene ya un impacto en la actividad, según reconocen los expertos. Incluso así, la Autoridad fiscal ha calculado que en 2022 el efecto en la economía fue de 0,5 puntos de PIB. El multiplicador es del 0,9: es decir, por cada euro gastado se impulsa la actividad en 0,9 puntos.
Por su parte, el Gobierno señala que ha reconocido obligaciones entre 2021 y 2022 por valor de 39.679 millones con cargo a los fondos europeos, el 79,5% de la partida acumulada. Sin embargo, de estos se han asignado 20.600 millones a las comunidades, por lo que estas todavía tienen que ejecutarlos. Y otra parte de los fondos tiene que ir a entidades como Adif, Tragsa, carreteras, puertos, Red.es o Idae, que a su vez han de preparar sus proyectos, resolverlos y gastar.
La inminencia de las elecciones también puede ocasionar retrasos en la ejecución mientras se conforma y se prepara el nuevo Gobierno. Es habitual que, a la espera del Ejecutivo, haya un vacío de poder en la toma de decisiones.
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