Europa debe contar con una normativa clara para reducir la deuda que se aplique por igual a todos los Estados

Para responder a todos los apremiantes desafíos, actuales y futuros, a los que se enfrenta la Unión Europea, consideramos que existe un ingrediente clave: debemos asegurarnos de contar con una sostenibilidad presupuestaria que salvaguarde la estabilidad, el crecimiento y el margen de maniobra en todos los Estados miembros y en toda la Unión Europea. Tanto hoy como a largo plazo. Y la buena noticia es que contamos con un mecanismo para hacerlo, a saber, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

¿Qué es lo que ha ocur...

Para responder a todos los apremiantes desafíos, actuales y futuros, a los que se enfrenta la Unión Europea, consideramos que existe un ingrediente clave: debemos asegurarnos de contar con una sostenibilidad presupuestaria que salvaguarde la estabilidad, el crecimiento y el margen de maniobra en todos los Estados miembros y en toda la Unión Europea. Tanto hoy como a largo plazo. Y la buena noticia es que contamos con un mecanismo para hacerlo, a saber, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

¿Qué es lo que ha ocurrido? Antes de la pandemia, la política fiscal en Europa resultó, en ocasiones, demasiado expansionista. Se podría haber hecho más para consolidar y acumular reservas fiscales cuando la economía estaba funcionando a un ritmo normal o favorable. Las reglas del pacto se concibieron con esta finalidad, es decir, permitir que los países acumulen reservas fiscales en épocas de prosperidad a las que recurrir en tiempos de dificultad. Debido a las medidas adoptadas para hacer frente a las adversas consecuencias de la pandemia, la deuda del Estado en algunos Estados miembros de la UE se elevó hasta alcanzar niveles récord y lo mismo sucedió con la deuda de las administraciones públicas en su conjunto. Si bien los Estados miembros de la zona del euro registraron una deuda pública del 86% de PIB en 2019, esta cifra se incrementó rápidamente hasta casi un 100% en 2020, antes de reducirse hasta alcanzar aproximadamente un 93% en 2022. Allá por 2002, cuando se adoptó el euro en efectivo, la ratio seguía siendo de un 68%.

La cuestión es que no podemos permitir que los niveles de deuda incrementen indefinidamente de crisis en crisis. De hacerlo, la hacienda pública se vería permanentemente saturada, lo que en épocas de aumento de los tipos de intereses puede resultar especialmente costoso. Este dinero se puede explotar mejor en otros ámbitos y especialmente ahora, en una época en la que nos enfrentamos a tantas dificultades. Y esa es otra razón por la que debemos volver a instaurar la normativa fiscal —pero tras revisarla—, para asegurar una correcta presupuestación y definición de prioridades en los próximos años.

Una normativa fiscal efectiva también resulta esencial para que la política presupuestaria no genere presiones inflacionarias con carácter permanente. Así sucede, en particular, dentro de la unión monetaria. Y esta política tampoco puede pasar por alto los cambios en las realidades geopolíticas, lo que incluye el cambio climático, la digitalización y la política de defensa. No obstante, todos deberíamos tener claro que, en lo que respecta a los mercados de capital, la deuda es deuda. A estos mercados no les interesan los motivos por los que se contrae deuda, independientemente de lo válidos que sean. Para preservar la credibilidad frente a los mercados de capital, los Estados miembros deben evitar déficits y niveles de deuda excesivos o aplicar reducciones realistas, oportunas y suficientes a las ratios de déficit y deuda.

A finales de abril de este año, la Comisión Europea expuso sus propuestas para el futuro de nuestro marco común de gobernanza económica. Estas propuestas deberían considerarse un paso intermedio en nuestras deliberaciones en el Consejo, no una conclusión.

En nuestra opinión, contar con una normativa clara y exhaustiva que se aplique por igual a todos los Estados miembros les facilita su cumplimiento y ejecución. Por consiguiente, consideramos que es nuestro deber trabajar por una normativa fiable, transparente, fácilmente medible y vinculante en Europa. De hecho, estos cuatro factores constituyen la base para asegurar un trato igualitario entre los Estados miembros. Los criterios cuantitativos que se aplican a todos los Estados miembros resultan de ayuda al formular unos claros requisitos mínimos que posibilitan la consolidación y fomentan el crecimiento. Después de todo, la política presupuestaria consiste en cuantificar las prioridades políticas.

Las propuestas de la Comisión prevén un avance hacia un mayor énfasis en el medio plazo en la formulación de políticas presupuestarias. Este énfasis conlleva sus ventajas —especialmente porque los riesgos fiscales se extienden más allá del corto plazo—, que no se pueden pasar por alto. Y puede haber más margen para las prioridades políticas en el corto plazo si los países se comprometen y comienzan a adoptar reformas económicas que mejoren la sostenibilidad presupuestaria y de la deuda a largo plazo.

Al mismo tiempo, debemos preguntarnos hasta qué punto serán efectivas las decisiones en materia de reforma y gasto si se toman con demasiada antelación, también teniendo en cuenta las incertidumbres cada vez mayores a las que se enfrenta la Unión. No estamos convencidos de que los períodos de tiempo para ejecutar las labores de consolidación necesarias que se prolongan más allá del ciclo de una legislatura vayan a producir los mejores resultados posibles. De hecho, si los planes son a muy largo plazo, podrían quedar obsoletos con los últimos acontecimientos, lo que supone que nosotros, en Europa, reaccionemos demasiado despacio a los nuevos desafíos, con lo cual se debilita nuestra competitividad global. Además, centrarnos más en el medio plazo no puede conducir a situaciones en las que los futuros desafíos se usen para demorar o posponer esos ajustes fiscales que se necesitan hoy. Esto supondría otra presión permanente sobre la sostenibilidad presupuestaria y desestabilizaría la unión monetaria. No obstante, un mayor énfasis en el medio plazo debería permitir ajustes más graduales pero ambiciosos.

Como guardiana de los tratados de la UE, la Comisión Europea tiene una función esencial que desempeñar en lo que respecta a la supervisión fiscal. Pero debe contar con unas directrices claras y metas verificables y conjuntamente definidas. Necesitamos mantener el equilibrio adecuado entre las atribuciones de la Comisión Europea y los Estados miembros. Los tratados prevén una supervisión multilateral y, por tanto, también atribuyen una función importante a los Estados miembros. Debería mantenerse así.

En las próximas semanas y meses, continuaremos consultando intensamente y de manera constructiva con nuestros homólogos europeos para lograr un conjunto de normas fiscales que funcione para Europa y todos nuestros ciudadanos y que combine la sostenibilidad presupuestaria con un margen de maniobra para hacer frente a los actuales y futuros desafíos.

Este artículo se publica conjuntamente con otros periódicos europeos que forman parte de la alianza editorial LENA.

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