Bruselas reforma las reglas fiscales para digerir la alta deuda generada en la UE en las últimas crisis

Europa ha encadenado tres crisis sistémicas en 15 años. La respuesta de los gobiernos ha requerido, de una forma o de otra, de cantidades ingentes de dinero público que han provocado una montaña de deuda que en la zona euro llegó al 91,5% de su PIB a finales de 2022 y al 84% en el conjunto de la UE. Reducir ese pasivo se ha convertido en una prioridad en Bruselas y, al mismo tiempo, en un reto, ya que las transiciones digital y verde, las exigencias que impone la política de Defensa y el envejecimiento demográfico meten presión a las cuentas públicas. Para combinar ese difícil equilibrio, la Comisión Europea lanzó el miércoles su propuesta legal de reforma que, en pocas palabras, pretende promover ajustes fiscales teniendo en cuenta la situación de las cuentas públicas de cada Estado miembro. No va a ser fácil: nada más conocerse el planteamiento de Bruselas, Alemania, el socio más poderoso e inspirador de la austeridad y los recortes de la pasada década, exige más dureza.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE tiene una doble clave de bóveda inmovible desde 1992: el déficit público anual no debe superar de forma continuada el 3% del PIB, y el volumen de deuda pública tiene que situarse en el 60% o menos. Las reglas para llegar a esos objetivos sí han cambiado. La última reforma aprobó, entre otras cosas, un ritmo de reducción de deuda imposible de cumplir para los países más endeudados (Grecia, Italia, Portugal, España, Francia, Bélgica): un veinteavo al año sobre todo lo que supere ese 60%.

Dicta el manual que en las uniones monetarias imperfectas, como lo es la zona euro, las reglas fiscales son precisas. Así que Bruselas quiere ahora cambiarlas para diseñar un camino “realista” y para eso plantea planes cuatrienales de ajustes para esos países de los Veintisiete que no cumplen con el pacto de estabilidad. Definirá una “trayectoria técnica” adaptada al punto de partida de cada Estado. Y los gobiernos, partiendo de esa base, propondrán el diseño detallado de esa senda de cuatro años, ampliable a siete cuando el Gobierno se comprometa a hacer reformas y hacer inversiones para esa doble transición. Este dará pie a una negociación entre Bruselas y la capital de turno y el pacto deberá ratificarse en el Consejo de la UE, es decir, por los países.

Se pretende que los Estados miembros participen y compartan los compromisos fiscales. Dicho en un lenguaje coloquial: que los hagan suyos. “Nuestra propuesta buscar dar más protagonismo a los países a través de estos planes estructurales a medio plazo”, ha resumido el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Durante la crisis financiera de la pasada década, estas reglas sufrieron un “deterioro de legitimidad”, como apunta en su introducción la revista Papeles de Economía Española en un muy reciente número monográfico dedicado a este asunto. Buena parte de la propuesta comunitaria busca revertir esta situación, combinándolo con la reducción de la deuda pública y dejando en mal lugar las previsiones que hay para la próxima década. En un análisis de sostenibilidad de deuda divulgado por la propia Comisión este mismo mes, se pronostica que dentro de 10 años el pasivo total de la zona euro será de 95,9% y del 87,6% en toda la zona euro, en sendos casos más alta que ahora.

La individualización de los ajustes, no obstante, tendría unos elementos comunes. Para los países que superen el 3% del déficit, se exigirá un ajuste anual equivalente al 0,5% del PIB. Además, los Estados que se vean obligados a presentar estos planes (18 de 27 con los números de 2022, incluyendo a los cuatro grandes: Alemania, Francia, Italia y España) tendrán otras tres salvaguardas: el gasto neto (concepto en el que no entran partidas cíclicas como el seguro de desempleo) no puede crecer más que el crecimiento del PIB previsto a medio plazo; la ratio de deuda sobre PIB debe ser más baja en el cuarto año del plan que la comienzo; y los ajustes no pueden dejarse para el final de la senda pactada con Bruselas, sobre todo si esta va a durar siete años, entonces cuatro séptimas partes del ajuste pactado deben aplicarse en los primeros cuatro años.

Salirse de estas obligaciones tendrá consecuencias. Se multará con hasta un 0,05% del PIB cada semestre los incumplimientos y, llegado el caso, podrán incluso aplicarse sanciones reputacionales: enviar misiones del Ejecutivo a los Estados incumplidores. La cuantía prevista en las normas actuales nunca llegaron a aplicarse, entre otras cosas, por excesivas. De hecho, el Ejecutivo europeo propuso multa a Portugal y España, y el Consejo de la UE, el Ecofin en este caso, aprobó una sanción por cero euros, es decir, no hubo castigo.

Con estas ”salvaguardas comunes”, el Ejecutivo comunitario buscaba atraerse a Alemania, el socio más reticente a tocar nada de las reglas fiscales actuales, pese a que son de imposible aplicación en el caso de los países más endeudados y a que están suspendidas desde que estalló la pandemia. Pero ni así se ha conformado el ministro federal de Finanzas. El liberal Christian Lindner, líder del partido más pequeño de la coalición que detenta el poder en Berlín y con problemas en las encuestas, ha declarado nada más divulgarse la propuesta de dos reglamentos y una directiva que este “no cumple las exigencias de Alemania” y que él quiere “asegurarse de que se quedan atrás los altos déficits y deudas”. “Trabajamos de forma constructiva, pero nadie debe malinterpretar que Alemania dará el visto bueno automáticamente a esta propuesta”, ha advertido, un día después de publicar un artículo en Financial Times en el que ponía presión sobre la Comisión reclamando, como ya hizo en un documento enviado a Bruselas a mitad de abril, “objetivos numéricos” comunes.

De las grandes capitales, la reacción alemana ha sido, sin duda, la más hostil. Desde España, Italia, Francia y Países Bajos, sus comunicados o comentarios utilizan calificativos como “positiva”, “bienvenida”, “buena noticia” o “satisfactoria por su orientación general”.

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