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El Gobierno eleva el objetivo de renovables: generarán más del 80% de la electricidad en 2030

La meta de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero pasa del 23% al 32% respecto a 1990

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, el lunes en Madrid.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, el lunes en Madrid.Eduardo Parra (Europa Press)
Ignacio Fariza

España tiene nueva hoja de ruta energética. Tres años después de la última actualización, el Gobierno vuelve a darle una vuelta de tuerca al documento marco que fija los objetivos de despliegue de la solar, la eólica y el resto de energías limpias en 2030. Y lo hace con una fuerte revisión al alza de las metas vigentes hasta ahora: a finales de la década, según las nuevas cifras, las energías renovables ya aportarán el 81% del consumo eléctrico, frente al 74% previsto en el anterior Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), publicado en abril de 2020. Su peso sobre el total de energía consumida (no solo electricidad) será del 48%.

La previsión de la fotovoltaica, por mucho la tecnología que más crece, pasa de los 39 gigavatios (GW) de potencia instalada proyectados hace tres años a los 76 GW que se esperan hoy. La de la eólica, por su parte, pasa de 50 a 62 GW. La capacidad instalada de electrolizadores, los sistemas con los que se genera hidrógeno verde —un vector clave para descarbonizar los sectores de muy difícil electrificación— casi se triplica, al pasar de cuatro a 11 GW. El almacenamiento, en cambio, crece en mucha menor proporción: pasa de 20 a 22 GW, bombeos (un tipo de hidroeléctrica que permite el almacenamiento físico del agua y, por tanto, de la energía), baterías y centrales termosolares incluidas.

El resultado de todo lo anterior, además del acelerón previsto en electrificación y en eficiencia, es que en el plan desvelado este miércoles, el Gobierno calcula una reducción de las emisiones del 32% en 2030 respecto a los valores de 1990, frente a la anterior previsión del 23%. Todo, claro, sujeto a la resolución de los grandes cuellos de botella que han surgido en los últimos tiempos en la instalación de renovables. De hecho, la víspera, el Ejecutivo concedió una prórroga de medio año a centenares de proyectos eólicos y solares en marcha para evitar que naufraguen por incumplimiento de los hitos fijados para su construcción.

“Los objetivos parecen muy ambiciosos, pero son realistas”, ha afirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un acto de campaña con Pedro Sánchez, en el que ha recordado que el sector de las renovables tiene “paro cero”. “Tenemos que ser inteligentes para poder aprovechar todo esto, no que quienes quieren invertir en España escuchan algo tan chocante como ‘viva la nuclear”, ha añadido en referencia al reciente anuncio del candidato del PP para las próximas elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, de que prorrogará la vida útil de las centrales si llega a la presidencia.

“Desde el último PNIEC, en 2020, el contexto ha cambiado muchísimo: se ha acelerado la transición energética a un ritmo muy rápido”, apuntan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “La pandemia, la crisis energética y la crisis climática han provocado ese acelerón y el sector empresarial ha respondido. Por eso, hemos actualizado el plan para que sea mucho más ambicioso”. El cese del carbón se adelanta a 2025 y el calendario de cierre de los reactores nucleares se mantiene tal cual: la próxima en echar el candado (Almaraz I) lo hará en 2027; la última, Trillo, en 2035.

La organización ecologista Greenpeace ha saludado la mayor ambición en las metas de reducción de emisiones. Sin embargo, dice, el “avance” es “insuficiente”: “Para evitar un aumento de temperatura media global mayor a 1,5 grados, las emisiones se deben reducir un 55% en 2030 respecto de las cifras de 1990, según indica la ciencia”, apuntan en un comunicado. La brecha con el nuevo objetivo español sería, todavía, de 22 puntos porcentuales.

Menor dependencia del exterior

Según el borrador del PNIEC, que sale el viernes a consulta pública, la dependencia energética del exterior —una variable esencial, sobre todo tras la invasión rusa de Ucrania— cae hasta el 51%, 10 puntos porcentuales menos que ahora. El ahorro previsto de estas menores importaciones de combustibles fósiles (gas, petróleo y, en menor medida, carbón) rondará los 91.000 millones de euros en la balanza comercial española.

Para que eso se convierta en una realidad tangible es fundamental el despegue del coche eléctrico: si en 2020 se esperaba que cinco millones de estos vehículos circularan por las carreteras españolas a finales de esta década, ahora son 5,5, una cifra que la realidad probablemente acabará dejando en papel mojado. También, que se pise el acelerador en la rehabilitación de viviendas, donde —sin embargo— la mejora no es tan sustancial respecto a 2020: si entonces el objetivo para 2030 pasaba por rehabilitar 1,2 millones de hogares, ahora son 1,38 millones. Todo, pese a la brutal crisis energética sufrida en los últimos años.

Esa combinación de mayor electrificación, mayor penetración de las renovables y mayor eficiencia, así como la necesidad de nuevas inversiones, debería elevar el PIB en 2,5 puntos porcentuales respecto del escenario tendencial. Y debería permitir la creación de hasta medio millón de puestos de trabajo, siempre según los cálculos gubernamentales publicados este miércoles.

Casi 300.000 millones de inversión

El nuevo PNIEC proyecta una inversión agregada de 294.000 millones de euros , el 85% de carácter privado y el 15% público, incluidos los fondos europeos, que aportarán un 11%. De la cifra total de las inversiones, el Ejecutivo cree que el 40% irá a parar a renovables, casi el 30% a eficiencia y el 12%, a electrificación.

“Esto es solo un borrador: seguiremos abiertos a sugerencias para cambios”, apuntan fuentes del ministerio, que fijan el 4 de septiembre como fecha límite para la recepción de propuestas. Hasta ahora, el Gobierno afirma haber recibido unas 2.000 alegaciones del sector. Sin embargo, algunos actores importantes han criticado en las últimas semanas su escasa involucración en el proceso.

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Sobre la firma

Ignacio Fariza
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS. Ha trabajado en las delegaciones del diario en Bruselas y Ciudad de México. Estudió Económicas y Periodismo en la Universidad Carlos III, y el Máster de Periodismo de EL PAÍS y la Universidad Autónoma de Madrid.

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