El sindicato CSIF calcula que faltan 400.000 empleados públicos y hacer fijos a más de medio millón de los que hay

En España hay 3,5 millones de empleados públicos, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) de julio pasado. Esto supone que alrededor del 16% del total de ocupados trabaja para alguna administración o empresa pública, lo que sitúa a España dos puntos por debajo de las medias europeas, que elevan este porcentaje al entorno del 18%, según los datos de la OCDE que maneja el sindicato de funcionarios CSIF. Esta central ha calculado este lunes que harían falta unos 400.000 empleos públicos para acercarse a los estándares comunitarios y poder cumplir adecuadamente con el servicio al ciudadano que desempeñan estos trabajadores.

Así lo ha reclamado el presidente del CSIF, Miguel Borra, quien ha precisado que de esos 400.000 empleados públicos que harían falta, unos 250.000 serían para el sector sanitario y tendrían que incorporarse a lo largo de los próximos diez años. “Somos conscientes de que haría falta todo ese tiempo para poner al día la plantilla de la Sanidad pública porque actualmente hay el equivalente a dos promociones enteras de sanitarios trabajando fuera de España por las malas condiciones laborales del país”, ha dicho Borra. En este punto, además de criticar las diferentes condiciones salariales y de duración de los contratos entre las distintas comunidades autónomas, que llevan a extremar la competencia entre ellas y a “robarse” los profesionales de la Sanidad unas a otras, ha destacado la necesidad de mejorar los incentivos para que los actuales especialistas de los hospitales se conviertan en tutores y poder ampliar las plazas de MIR.

El resto de trabajadores que harían falta, según esta central, deberían incorporarse cuanto antes y se desglosarían en unos 20.000 empleados para el sector de la justicia —Borra no ha descartado la vuelta a la huelga de los trabajadores de este sector por sus demandas salariales tan pronto se forme el próximo Gobierno—; 40.000 docentes; y 3.000 empleados para los servicios públicos de empleo (SEPE), que en los últimos diez años ha perdido unos 5.000 trabajadores de la plantilla en general y los 1.500 orientadores extraordinarios que fueron contratados en varios ejercicios pasados. El resto, hasta completar los 400.000, se repartirían por las demás áreas de las distintas administraciones.

Pero, además, Borra ha recordado que el acuerdo de España con la Unión europea es que el próximo 31 de diciembre la plantilla de empleados públicos tenga una temporalidad del 8%, algo que será absolutamente imposible de cumplir, ya que actualmente dicha tasa de eventualidad afecta nada menos que al 31% de la plantilla total, con lo que uno de cada tres trabajadores de las administraciones es temporal, lo que supone duplicar la tasa del sector privado (14%), que se ha reducido 7 puntos desde el inicio de la aplicación de la reforma laboral a principios de 2022.

Los responsables de CSIF han calculado que para cumplir lo acordado con la UE será necesario completar los procesos de estabilización para medio millón de trabajadores, que se han iniciado ya en muchas administraciones, pero que requerirán de varios años probablemente para consolidar las plazas fijas. “Estos procesos ya iniciados —de cuyo número aún no dispone el sindicato— van extremadamente lentos y es imposible saber cuando se completarán, pero pueden tardar más de tres años”, han insistido. Además, hará falta que otro número de empleados públicos sin plaza, que rondará los 300.000, opten a concursos oposición para consolidar también sus plazas y lograr que solo el 8% de estos trabajadores públicos sea temporal, como exige Bruselas.

Sin interlocución

Dicho esto, Borra se ha quejado de la total ausencia de interlocución de este sindicato de funcionarios con su empleador, la secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, con cuyos responsables asegura que tiene “nula relación en estos momentos”, a pesar de tener el 47% de la representación de la mesa de función pública del personal funcionario en la Administración General del Estado y del 40% si se tiene en cuenta también al personal laboral.

Pese a ello, CSIF ha presentado hoy una veintena de demandas para quien vaya a ocupar esta cartera de Función Pública en el próximo Gobierno. Entre estas reclamaciones destacan la renegociación de un nuevo acuerdo salarial, ya que este sindicato no firmó el último acuerdo marco salarial para los empleados públicos, “porque solo los incrementos fijos pactados para el periodo 2022-2024 (7%) no compensa el alza del IPC, solo de 2022, que fue del 8,5%; con lo que es la primera vez que pacta empezar perdiendo poder adquisitivo ya desde el primer año”, ha criticado Borra. A este respecto, además, ha criticado que el incremento adicional de medio punto vinculado al IPC que deberá abonarse a todos los empleados públicos, según este acuerdo, en octubre, solo lo va a cumplir la Administración General del Estado, por lo que CSIF ya ha anunciado que “lo peleará en el resto de administraciones”.

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