Canarias limitará la vivienda vacacional en zonas tensionadas

El Gobierno de Canarias no oculta su preocupación por el fenómeno de la vivienda vacacional en las islas en un momento en que la bonanza ha regresado a la principal industria de Canarias. Por ello, planea imponer zonas de “crecimiento cero” en municipios o núcleos turistificados. En otras áreas sensibles, introducirá indicadores para establecer el porcentaje de crecimiento que se permitirá. Así lo ha anunciado este viernes en un comunicado el Ejecutivo a través de su director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez.

Pese a estas limitaciones previstas, Rodríguez ha querido resaltar que no se va a “a prohibir la vivienda vacacional”, sino que “se va a elevar el nivel de exigencia”. El Ejecutivo tiene previsto aprobar el próximo año la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Para ello, ha puesto la propuesta a disposición de la ciudadanía, de modo que esta haga sus aportaciones a una futura norma.

Los pisos vacacionales han vuelto a la actualidad en las islas después de que Rodríguez se haya reunido esta semana con los interesados en varias islas para explicar sus planes. Actualmente, existen en la comunidad 47.051 viviendas reguladas, que ofrecen 195.532 camas, números que colocan al archipiélago en segundo lugar en el ranking español. Este tipo de alojamiento representa ya un 33% de las plazas turísticas, según datos oficiales y un 3,6% del total del parque de viviendas —la segunda más alta de España, solo superada por Baleares (5%)—.

El director general ha alertado de que, en apenas nueve meses, el número de viviendas de uso turístico ha aumentado en las islas en 4.504. Esta proliferación ha dado lugar a ejemplos llamativos como el caso de La Oliva (Fuerteventura), donde estos alquileres representan un 30,8% del total de viviendas: también destacan dos municipios netamente turísticos: Adeje (Tenerife), con un 14,8%; o en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), con un 12%.

El resultado, afirma el Gobierno, es que se están “detectando problemas crecientes de gentrificación y de turistificación derivados del incremento exponencial del cambio de uso de viviendas del ámbito residencial al ámbito turístico”, según reza el informe puesto a disposición de los canarios. Este es, precisamente, uno de los “efectos colaterales” de la vivienda vacacional, según Canarias: “La afectación que el fenómeno produce en la efectividad del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada”.

Los datos parecen ir en esa línea. La canaria es la comunidad donde más creció el precio de la vivienda usada en octubre (1,9%), según el portal inmobiliario Idealista. Un informe de esta plataforma apuntó recientemente que la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido un 22% en el archipiélago en los últimos cuatro años.

“El gran problema”, asegura Rodríguez, es que “se planifica para unos usos, se ordena la ciudad de forma equilibrada y después se desequilibra por la fuerza de los hechos”. Por eso, opina, hay que marcar “un límite de cantidad, de calidad y de ubicación”, aseguró este jueves poco antes de encontrarse con vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. “Se trata de ordenar y de planificar, de establecer límites cuantitativos y cualitativos, no de prohibir”, insistió.

El auge de la vivienda vacacional, al abrigo de plataformas como Airbnb, se ha convertido en un motivo de preocupación global y comienza a provocar una cierta turismofobia en no pocos enclaves que dependen casi por completo de esta industria. Baleares ha sido pionera en este sentido, al aprobar una moratoria hasta 2026, si bien el nuevo Ejecutivo, formado por PP y Vox, ha anunciado su intención de derogarla. Cádiz, Toledo, San Sebastián, Girona y Burgos o Santiago de Compostela han aprobado recientemente nuevas restricciones o están en trámite de hacerlo. También Andalucía ha anunciado una modificación normativa, al igual que Aragón.

En Canarias, se da la circunstancia de que esta explosión de la vivienda vacacional se ha producido en un contexto —desde 2001— de “limitación radical” ―según la definición del propio Ejecutivo canario― del crecimiento de la planta destinada al alojamiento turístico. Ese año, el Gobierno del nacionalista Román Rodríguez introdujo la primera versión de la moratoria que limitó hasta finales de la década pasada la construcción de nueva planta hotelera. Esta situación es “incongruente”, según Miguel Ángel Rodríguez.

Los hoteleros aplauden la consulta y la necesidad de una mayor regulación. La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) ha asegurado este viernes que “la vivienda es uno de los grandes problemas del Archipiélago”, y si bien admite que los pisos turísticos no son “en modo alguno los únicos responsables, desde luego también influye en el incremento de precios y en la reducción de la oferta de vivienda para uso residencial”.

Un extremo que rechazan los portavoces de la vivienda vacacional. La presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego, niega la necesidad de más normativa (”es la regulación más filtrada y controlada que existe, incluso por el Tribunal Supremo”, afirma). En su opinión, además, el alza de precios es la consecuencia de que hay “211.000 viviendas vacías”, que se están retirando del mercado “por la inseguridad jurídica, que ha generado la ley de vivienda”. Y sentencia: “Al Gobierno se le ve el plumero: lo que quiere es copiar la moratoria que se implantó en Baleares”.

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