Telefónica se convierte en la primera gran empresa en aplicar la jornada semanal de 36 horas

El expediente de regulación de empleo (ERE) de Telefónica en España afectará finalmente a a 3.421 personas, el 21% de la plantilla sujeta al convenio colectivo, según el preacuerdo anunciado este jueves entre la dirección y los sindicatos. Tal y como adelantó EL PAÍS, el anuncio del Gobierno el pasado martes de que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adquirirá hasta un 10% del capital de la operadora ha resultado un catalizador decisivo en las negociaciones, que el pasado lunes se encontraban atascadas por diferencias “insalvables”, según la expresión de los sindicatos.

El clima por alcanzar un acuerdo era tan propicio que los sindicatos han arrancado una cláusula en la negociación paralela del convenio colectivo que va a tener importantes repercusiones en el mundo laboral: la reducción de la jornada laboral semanal de 37,5 a 36 horas. La reducción se acerca mucho a la propuesta de 35 horas que se ha convertido últimamente en la bandera de las reivindicaciones sindicales, y que ha hecho suya dentro del Gobierno la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Una vez roto el fuego, las grandes empresas se verán presionadas a adoptar una medida similar a medida que venzan sus convenios.

De hecho, la principal demanda para el sector público, que emplea a tres millones de trabajadores, es reducir de 37,5 a 35 horas la jornada. Y las grandes corporaciones del Ibex están aún lejos de la medida pionera adoptada en Telefónica. En el Banco Santander, el convenio especifica 38,5 horas, excepto en los meses de verano (35,5 horas). En CaixaBank, está en 37,5 horas; en Iberdrola, en 38 horas semanales; y en Indra, en 39 horas en invierno y 36 en verano. El mayor empleador español privado, Mercadona —con casi 100.000 trabajadores en todo el país—, establece la jornada laboral en 40 horas, informa Emilio Sánchez Hidalgo.

A las 36 horas se llegará durante la vigencia del convenio, que es de tres años (del 1 de enero de 2024 hasta el 31 diciembre de 2026), con posibilidad de una prórroga para un cuarto: 37 horas en 2024, 36,5 horas en 2025 y 36 horas en 2026. Telefónica había ya ensayado en el último convenio un proyecto piloto de reducción de jornada pero que iba acompañado de un recorte del salario, por lo que apenas se apuntaron una decena de trabajadores. Se trataba de la denominada jornada semanal flexible bonificada, por la que los empleados trabajaban 32 horas a la semana (ocho horas diarias de lunes a jueves), y de las 5,5 horas reducidas la empresa solo pagaba una hora (en torno al 20%), y el resto se le descontaba de la nómina al trabajador. Ahora, además de la reducción de jornada se recupera la jornada flexible pero se aumenta la bonificación de la empresa al 30% del salario perdido. El nuevo convenio recoge también el mantenimiento la actual cláusula de revisión salarial vinculada a IPC, que se concreta en una propuesta de subida salarial del 1,5% al año y revisión con relación al índice de precios a la finalización del periodo de vigencia.

Propuesta final del ERE

El aldabonazo de la jornada de 36 horas es solo la guinda de una negociación en tiempo récord que ha acabado de un plumazo con cuaquier atisbo de disputa laboral en la compañía. Tanto las fuerzas sindicales como la cúpula directiva de la compañía han entendido que había que sellar cuanto antes la paz social en Telefónica para no añadir más incertidumbre a los movimientos sísmicos que se están produciendo por el control de su capital, con el pulso entre el Gobierno junto al núcleo español de accionistas (BBVA y La Caixa) y el grupo saudí STC. Los sindicatos porque apoyan la operación diseñada por el Gobierno, y estiman que se verá reforzado su papel cuando el Estado se convierta en el primer accionista; y los gestores, con el presidente, José María Álvarez-Pallete, a la cabeza, porque no desean dar la bienvenida al nuevo accionista público con un conflicto laboral de por medio. Bajo estas premisas, han bastado dos reuniones —la del miércoles y la de este jueves— para convertir un desencuentro irreconciliable en un acuerdo cordial entre ambas partes.

El preacuerdo se produce tras la última propuesta presentada por la compañía en la reunión de este jueves, en la que incluye una nueva reducción en 138 de las personas afectadas por el ERE, hasta las 3.421 bajas, además de una mejora de la propuesta económica, tanto de las rentas como de los complementos. Se trata de la cuarta reducción que propone la empresa desde que comenzaran las negociaciones el pasado día 4 de diciembre, cuando se plantearon 5.124 despidos. Por filiales, el ERE afectará a 2.958 trabajadores de Telefónica de España, 397 de Telefónica Móviles y 66 de Telefónica Soluciones.

Según el calendario que manejan empresa y sindicatos, el periodo de adscripción a este ERE estará abierto entre el 9 de enero y 8 de febrero de 2024, mientras que la empresa contestará el 14 de febrero. La mayoría de las salidas se producirán el 29 de febrero de 2024, aunque el ERE estará abierto hasta el 31 de marzo de 2025. Si no se llega al número establecido, habrá salidas de carácter forzoso, extremo que los sindicatos habían intentado evitar desde el principio.

La última oferta económica basada, al igual que las anteriores, en tres tramos en función del año de nacimiento, también mejora lo que se había puesto sobre la mesa. Tal como demandaban los sindicatos, replica las condiciones del último plan de bajas voluntarias que se aplicó en 2021. Para los nacidos en 1968, sube la proporción del salario que percibirían los trabajadores hasta los 63 años, desde el 65% al 68%, mientras que hasta los 65 años, lo aumenta en cuatro puntos respecto a la formulada el miércoles hasta el 38%. Para los nacidos entre 1967 y 1964, el porcentaje se rebaja a un 62% del salario regulador hasta los 63 años (dos puntos más) y un 34% hasta los 65 (dos puntos más), además de una prima de voluntariedad de 10.000 euros. Finalmente, los nacidos en 1963 o años anteriores recibirán un 52% del salario regulador hasta los 63 años y un 34 % hasta los 65, lo que supone un aumento de dos puntos en ambos casos. Además, la prima de voluntariedad también aumenta en este caso hasta los 10.000 euros.

Con respecto a las condiciones complementarias, la compañía ofrecerá reversibilidad de las rentas, abonará el descuento de la Seguridad Social del empleado durante el paro, pagará el seguro colectivo hasta los 63 años, el 100% de la póliza de salud básica hasta esa edad y la inclusión de los mayores de 65 años. Asimismo, se compromete a crear empleo igual al 7% de los puestos afectados por el ERE y a pagar el 100% del seguro colectivo si los trabajadores no se pueden jubilar anticipadamente a los 63. La compañía también facilitará la salida de los 100 trabajadores que no pudieron hacerlo en el anterior Plan de Separación Individual (PSI), acordado en 2021.

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