El Gobierno investiga si los supermercados están cargando la rebaja del IVA sobre los consumidores

El Gobierno ha iniciado una investigación para averiguar si los supermercados españoles están aplicando correctamente la rebaja del IVA de la que disfrutan desde hace más de un año los alimentos básicos, las pastas y los aceites. Por eso, la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, perteneciente a la Dirección General de Consumo e integrada dentro del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha pedido formalmente este jueves información a los principales operadores de distribución minorista del país. En el fondo de estas pesquisas está el alza de los precios de los alimentos, con especial foco en las frutas y verduras y en el aceite de oliva. Este último, según los últimos datos del IPC, anotó en enero alzas anuales superiores al 60%.

Según explica en una nota el departamento que dirige Pablo Bustinduy, el inicio de esta investigación tiene su origen en la recepción, por parte de la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, de “diversas denuncias de asociaciones de consumidores y usuarios en las que se trasladaba información sobre posibles incrementos en los márgenes de beneficios dentro de la distribución minorista en el último año”.

Dentro de una primera fase de investigación, el ministerio ha solicitado a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados que aporten información sobre los precios a los que han vendido en los últimos meses los productos objeto de la rebaja fiscal y sobre la evolución del margen comercial o estructura de costes en relación con dichos alimentos. El Ejecutivo quiere confirmar con estas maniobras que la distribución no está cargando la rebaja sobre los consumidores finales. En caso de haber incumplido la ley, recuerda, las sanciones pueden llegar a los 100.000 euros.

El anterior Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos aprobó en el último Consejo de Ministros del año 2022 la rebaja en el IVA de una serie de alimentos. En un principio, la medida se diseñó para estar en vigor durante la primera mitad de 2023, pero ante la resistencia de los precios fue prorrogándose. Por el momento, seguirá funcionando al menos hasta el próximo mes de junio. Los productos beneficiados fueron los que conforman el grupo de los alimentos básicos, entre los que se encuentran el pan y las harinas panificables, la leche, queso y huevos o las frutas, verduras, hortalizas y legumbres. El tipo impositivo de todos ellos pasó del 4% al 0%. En paralelo, la medida también llegó a las pastas y los aceites, que bajaron el IVA al 5% desde el 10% inicial.

El Ministerio de Consumo recuerda que la aplicación temporal del tipo impositivo reducido del IVA sobre determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de alimentos “prohíbe expresamente que esta reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial, pues su finalidad es, precisamente, conseguir reducir el precio de los alimentos adquiridos por los consumidores finales”. Por eso, concluye, si se hubiesen producido estas prácticas, “podrían considerarse como incumplimientos de las normas reguladoras de precios y márgenes”. El departamento de Bustinduy recuerda que, en tal caso, las sanciones más graves podrían ascender hasta los 100.000 euros, o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

No es la primera vez que se suscitan dudas sobre si los supermercados están trasladando la rebaja del IVA al precio final de los alimentos. De hecho, al poner en marcha la medida, el Gobierno también dijo que analizaría su correcta aplicación y delegaría esta vigilancia en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En sus primeras conclusiones, tras analizar más de 60.000 precios minoristas y un catálogo de casi 24.000 establecimientos situados en más de 3.500 municipios, la CNMC confirmó el pasado verano que la distribución había aplicado correctamente la rebaja.

En el último mes, sin embargo, la incertidumbre ha vuelto a la palestra debido a los márgenes que registra el sector. De hecho, Sumar ha planteado al PSOE la puesta en marcha de lo que han bautizado como “impuesto inteligente” con el objetivo de que las grandes productoras y distribuidoras de alimentos reduzcan su nivel de márgenes. La propuesta del socio minoritario del Gobierno busca incidir sobre los “comportamientos abusivos y anticompetitivos” de las compañías del sector que hayan facturado más de 100 millones de euros en 2023 en España.

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