Escrivá: “Con Telefónica vamos en línea con Alemania, Francia o Italia para preservar nuestros intereses nacionales”

José Luis Escrivá (Albacete, 1960) estrenó el membrete del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a finales del año pasado, y las nuevas instalaciones físicas de su departamento, asomado al río Manzanares de Madrid, a principios de 2024. Todo se le presenta nuevo a este economista que pasó de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF) al Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2020 para hacerse cargo de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a pocas semanas del confinamiento obligado por la covid. Ya entonces, con los problemas del trabajo en remoto y la imposibilidad de la atención física, tuvo que asumir que la Administración está muy lejos de los nuevos tiempos que corren. Consolidar ese paso adelante digital será su gran empeño de legislatura junto a la idea de situar a España al frente de los avances tecnológicos, tanto en su desarrollo y fomento como en su gobernanza. De momento, cuenta con una nueva sociedad pública que en menos de tres años gestionará en torno a 20.000 millones de euros en inversiones procedentes de fondos europeos.

Pregunta. El Gobierno ha puesto en marcha la nueva Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la SEPI digital. En su acuerdo del Consejo de Ministros quedaba claro que se trata de un vehículo para gestionar los fondos europeos del PERTE Chip, el NextTech o el Hub Audivisual. ¿Se prevé que sea algo más?

Respuesta. Lo iremos viendo con el tiempo. En el mundo actual, donde las grandes transformaciones tienen una naturaleza digital y de tecnologías avanzadas muy importantes, la Administración General del Estado tiene que dotarse de una sociedad pública empresarial muy especializada en este ámbito. Iremos viendo cuáles son las acciones concretas que tiene que desarrollar el Estado a través de una entidad de estas características para reforzar su papel en el ámbito de la transformación digital.

P. Usted dijo que tendría sentido que la participación en Telefónica a través de la SEPI se acogiera al paraguas de esta sociedad. Al final no parece que sea así. ¿Qué sucede en el caso de otras participaciones públicas tecnológicas, como la de Indra, o, incluso a medio plazo, también la de Telefónica?

R. La SETT no se creó para la entrada del Estado en Telefónica. Ya hay un acuerdo del Consejo de Ministros que mandata a la SEPI para adquirir esta participación. La SETT es un instrumento que tendrá el Estado a su disposición y habrá que ver caso por caso.

P. En la negociación en Bruselas para la fusión entre Orange y MásMóvil, recién aprobada también por el Consejo de Ministros, ¿qué planteamiento defendió España y cuánto de lo que defendía se ha mantenido?

R. Nuestro planteamiento partía de que creemos que la competencia en nuestro mercado es suficiente y que los remedies [compensaciones para respetar la competencia] debían ser mínimos. A partir de ahí, nuestra posición se centró en defender dos argumentos. En primer lugar, nos parecía que no había que pasar de 60 gigahercios de transferencia de espectro de la sociedad conjunta. Y segundo, que la resolución de la Comisión estableciera explícitamente que las decisiones sobre el espectro son soberanía nacional. Ambas se han recogido en la resolución de la autoridad de competencia europea y, por tanto, se alinea con lo que nosotros planteamos.

P. Uno de los grandes beneficiados de esta fusión es Digi, la empresa de origen rumano que está creciendo muy rápido en España y que levanta algunas suspicacias en el sector. ¿Están vigilando esta evolución?

R. Lo que estamos exigiendo cuando tenemos que intervenir en determinados ámbitos regulatorios es que las empresas inviertan en las nuevas tecnologías de conectividad fija. España ha logrado un 100% de conectividad en todo el territorio y vamos muy por delante de otros países europeos. Por ello, la obligación del Gobierno es asegurar que las empresas tengan músculo y capacidad para sostener la inversión y que exista un nivel de competencia aceptable y elevado. Esos son los dos elementos sobre los que conjugamos nuestra acción y los aplicamos sistemáticamente sobre todas las empresas. Además, en este caso concreto, Digi está demostrando compromiso, y dinamismo en el mercado nacional, y de ahí su éxito, sobre el que el Gobierno no tiene nada que decir.

P. Una de las consecuencias tanto de la fusión de Orange y MásMóvil como de la compra por Zegona de Vodafone España es la venta de redes (la de fibra de Digi y la fija de la segunda) a un fondo de inversión australiano, Macquarie. ¿No le preocupa al Gobierno?

R. El Gobierno está monitorizando todos estos procesos porque las redes son muy importantes y deben tener un nivel adecuado de mantenimiento y de actualización. Hay distintas razones por las que es algo que tenemos que vigilar muy estrechamente.

P. Ahora que se usa tanto la palabra estratégica...

R. Sí, pueden calificarse de activos claramente estratégicos para un país.

P. ¿Ese razonamiento explica el regreso del Estado a Telefónica 26 años después?

R. También aquí hay elementos de seguridad nacional muy singulares y adicionales que justifican esta operación. Además, esto es una tendencia internacional. La seguridad estratégica, pero también la seguridad económica, son algo a lo que cada vez se da más valor.

P. ¿Cuáles son los límites entre la vigilancia y control del Estado y la libertad de las empresas?

R. Los que establece nuestro marco jurídico y normativo. Las telecomunicaciones, como muchos otros sectores, son un sector regulado y sujeto a armonización comunitaria, y esto no entra en ningún caso en conflicto o contradicción con la libertad de empresa, que debe ejercerse dentro de los límites y condiciones que esas regulaciones establecen. En el caso de la entrada en Telefónica, vamos en la línea de otros países europeos como Alemania, Francia o Italia para preservar las capacidades estratégicas de nuestros intereses nacionales.

P. ¿En qué punto está el modelo fundacional de lenguaje en español anunciado por el presidente del Gobierno en el Mobile World Congress de Barcelona? ¿Qué papel desempeñan en él Microsoft e IBM?

R. El modelo ya tiene nombre: AlIA. Lo está desarrollando el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona con el apoyo de la red Ilenia [que integra cuatro grandes centros de investigación en el campo de la inteligencia artificial (IA)], a la que se unen otros laboratorios para complementar con corpus documentales lingüísticos en catalán, valenciano, gallego y euskera. Suscribimos un memorando de participación con Microsoft para, entre otras cosas, impulsar la IA de forma responsable en España, pero sin efectos específicos en este modelo. El pasado viernes anunciamos un acuerdo con IBM, que nos ayudará en la arquitectura de sistemas.

P. ¿Qué busca el Gobierno con el desarrollo de un modelo de lenguaje propio? ¿Para qué servirá?

R. La mayoría de las aplicaciones de IA se están diseñando en inglés. AlIA abrirá las puertas a una nueva generación de productos tecnológicos enriquecidos con el vasto patrimonio lingüístico del castellano y las lenguas cooficiales de España. Facilitará servicios avanzados en tecnologías del lenguaje, como asistentes inteligentes y sistemas de diálogo, que operen con nuestras lenguas.

P. Estaba previsto que la Agencia Española de Supervisión de la IA (Aesia) estuviera operativa a finales del año pasado, pero eso no ha sucedido. ¿Cuándo echará a andar?

R. Lo primero es nombrar un director general de la agencia. Esta semana se publicará una expresión de interés para recibir candidaturas. Invito a aquellas personas que se sientan cualificadas para ello a participar en el proceso. El siguiente paso será trabajar en la estructura y en el equipo. Aparte de los perfiles más especializados, nos gustaría que, dado el carácter tan dinámico de la IA, pudieran acceder a la agencia recién licenciados en distintas disciplinas en un proceso competitivo como personal laboral durante un periodo limitado de tiempo. Queremos que esté en marcha para verano, cuando se publique el Reglamento Europeo de IA. Creemos también que la Agencia debe llevar a cabo una labor de pedagogía y concienciación, que sea el punto de arranque de un gran debate nacional sobre IA que involucre a toda la sociedad. Esta tarea de dinamización es crucial para que, entre todos, dilucidemos y fijemos los límites que ha de ponerse a la IA y los espacios que tienen que quedar reservados a la inteligencia humana.

P. ¿Han hecho algún avance en la herramienta para verificar la edad de los consumidores de contenidos pornográficos que se anunció en enero?

R. Nos hemos impuesto el objetivo de tenerla lista para finales de verano. La herramienta, que tendrá como punto central los estándares de la cartera digital europea, eIDAS2, cumplirá con esos estándares, especialmente los que tienen que ver con la protección de la identidad, para que la verificación de la edad sea segura y anónima. Con esta iniciativa estaremos adelantándonos a la obligatoriedad de que los estados miembros dispongan de una cartera de identidad digital a finales de 2026.

P. ¿Está participando alguna empresa en su desarrollo?

R. En estos momentos estamos inmersos en la fase de diseño del sistema, un proceso que está llevando a cabo el Ministerio junto con la Fábrica Española de Moneda y Timbre. Una vez se determinen los requisitos técnicos, se ejecutarán los trabajos utilizando los procedimientos habituales para el desarrollo de sistemas informáticos.

P. Una de las principales misiones de su Ministerio es la modernización de la función pública. ¿Cómo lo abordará?

R. La Administración General del Estado puede ser pionera y marcar criterio en distintos ámbitos de nuevas tecnologías y singularmente en inteligencia artificial también, para que sea una herramienta que ayude a los funcionarios a desarrollar mejor sus trabajos.

P. Cada vez que empieza una legislatura se dice que hay que modernizar la Administración. ¿Será esta la definitiva?

R. Para poder ver la ambición reformista que tenemos, invito a examinar el documento Consenso por una Administración abierta y que está en consulta pública hasta el 30 de abril. Contiene un conjunto de proyectos que fijan la hoja de ruta para transformar la Administración de una forma participativa con todos los sectores y con una metodología innovadora.

P. ¿El fin de la cita previa es uno de los pilares de la reforma?

R. La Ley para la transformación de la Administración Pública contempla precisamente una modificación de la Ley 39/2015, de forma que quede garantizada la prohibición de la obligatoriedad de la cita previa. Pero no es el último gran cambio que estamos planteando. Vamos a pasar de un modelo inercial, con una visión centrada en los costes y muy cíclica desde el punto de vista fiscal, a un modelo de planificación a medio plazo.

P. En ese cambio de paradigma también se incluye la evaluación del empleado público. ¿Cómo pretende desarrollarlo?

R. Tenemos que ser capaces de concebir y desarrollar modelos estimulantes de carrera profesional que nos permitan retener el talento y al mismo tiempo diseñar itinerarios de progreso profesional basados en la adquisición de competencias y la evaluación del desempeño. Y, en este contexto, es fundamental el impulso de la dirección pública profesional, con el uso de sistemas de selección de carácter meritocrático y la elaboración de perfiles y competencias directivas.

P. ¿Busca este modelo atraer al sector público ciertos perfiles profesionales? ¿Cuáles?

R. La Administración del Estado tiene que ser competitiva en todos los ámbitos porque necesita atraer profesionales y las necesidades irán en aumento en los próximos años. Es el caso de las personas que trabajan en los temas tecnológicos de referencia (digitalización, IA, especialistas en sistemas, ingeniería de sistemas y telecomunicaciones). Son todos nichos muy importantes y estamos decididos a crear en el ámbito de las TIC, de forma piloto, pero que se podría extender a otros ámbitos, un modelo similar al MIR, de tal forma que el acceso a la Administración se haga a través de un proceso de prácticas continuadas basadas en la excelencia y en un nivel de requerimientos muy elevados.

P. ¿Está el Gobierno con la sentencia del TJUE sobre el personal laboral y la fijeza?

R. Son sentencias sobre casos anteriores a la normativa vigente, cuya interpretación deben aclarar los tribunales. El compromiso de reducir la temporalidad del sector público es firme y se está materializando claramente. Tenemos el compromiso fijado de estabilizar 300.000 plazas para este año, y ya llevamos 225.000. Las medidas para reducir la temporalidad que se han desplegado y se están ejecutando dan resultado. En cualquier caso, creo que lo importante en este ámbito es mirar hacia delante.

P. Con la prórroga de los Presupuestos, ¿se prevé una oferta pública igual que la de 2023?

R. No va a interferir con la oferta pública de empleo, como no lo ha ocurrido en el pasado cuando ha habido prórroga de Presupuestos.

P. ¿Entonces va a ser similar a la de 2023, que ya fue récord?

R. Sí, estamos trabajando en ella y puede ser muy importante.

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