Trabajo da un ultimátum a la patronal: exige que mande ya su propuesta si quiere una reducción de jornada pactada

El Ministerio de Trabajo tomó el mando de las negociaciones para recortar la jornada laboral —dejándola en 38,5 horas semanales este año y en 37,5 en 2025— la semana pasada ante el escaso avance de las conversaciones que venían manteniendo organizaciones sindicales y patronales. El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este lunes, tras la última reunión a tres bandas, que espera movimientos por parte de los empresarios en los próximos siete días en respuesta al borrador que el Ministerio trasladó a los agentes sociales el pasado viernes, ya que no está dispuesto a que corra el tiempo sin que se apruebe una reducción que su Gobierno anunció que estaría en marcha ya en este año. Los responsables de CEOE y Cepyme en las negociaciones no han presentado ninguna propuesta alternativa al texto, según han informado tanto Pérez Rey como los interlocutores sindicales. Una parálisis que ha molestado a las otras dos partes y que compromete, más si cabe, las posibilidades de que se dé un acuerdo tripartito en una materia central para Trabajo en esta legislatura.

“El Gobierno tiene un compromiso con el diálogo social, con dejarse la piel para alcanzar un acuerdo, pero el Gobierno, y el Ministerio de Trabajo, tiene un compromiso con los ciudadanos, les ha dicho que la reducción de la jornada se iniciará en 2024 y se culminará en 2025. Lo único que el Gobierno no puede tolerar ni propiciar en la mesa es una estrategia dilatoria. Si hay voluntad de llegar a un acuerdo que se nos diga por dónde pasan esos acuerdos”, ha declarado Pérez Rey a la salida del encuentro. El secretario de Estado ha asegurado que las conversaciones a tres se seguirán manteniendo —los agentes sociales han sido nuevamente convocados para el próximo lunes—, pero ha reclamado a las patronales que “antes de los próximos siete días” les faciliten sus criterios para tratar de alcanzar un acuerdo.

“Esta mesa comenzó el 25 de enero de este año, llevamos ya cinco meses largos, se nos pidió abrir una negociación bilateral para que pudieran acercar posturas o alcanzar un acuerdo. La semana pasada se nos dijo que no cabía esperar más recorrido de esa negociación, y se nos dijo que el Gobierno la retomara en su versión original. Lo hicimos enviando un texto a todas las organizaciones presentes en la mesa, y hoy nos encontramos con una patronal que no ha hecho ninguna propuesta alternativa. Nosotros estamos dispuestos a valorar esas propuestas, pero necesitamos conocerlas”, ha añadido el secretario de Estado.

La lectura de los sindicatos, que han valorado positivamente la propuesta del Ministerio, sobre el comportamiento de los empresarios ha sido similar a la de Trabajo. Incluso con argumentos, si cabe, algo más beligerantes. “Para llegar al objetivo de reducir la jornada es necesario modificar el Estatuto de los Trabajadores. Y los interlocutores sociales tienen que fijar claramente cuáles son sus posturas y sus objetivos. Llevamos diciéndole a la patronal que se pronuncie, si está dispuesta a negociar este cambio y cuáles son los requisitos que necesitan para que formen parte del acuerdo. Se nos ha agotado el tiempo, necesitamos que se pronuncien”, ha indicado Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.

“Nuestro objetivo siguen siendo las 35 horas semanales, pero conseguir las 37,5 horas es un avance importante. Reducir la jornada laboral supone una cuestión de justicia social. Son temas sensibles y es muy difícil entrar en un proceso de negociación si no sabemos qué se pide por parte de las organizaciones empresariales”, se ha sumando Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción sindical y Empleo de CC OO.

Más horas extra

Hasta el momento, uno de los escasos movimientos por parte de las patronales que se han producido en la negociación es la puesta sobre la mesa de la ampliación del total de horas extraordinarias —actualmente fijadas en un máximo de 80 en cómputo anual—, como contrapartida a la reducción del tiempo de trabajo. Una premisa que el texto redactado por Trabajo no contempla, y que CC OO rechaza de plano, mientras que UGT se abre a un leve incremento con un control mucho más exhaustivo y una mejora de la retribución por esas horas extra.

La tensión se ha elevado entre los agentes sociales, singularmente entre dos de las principales figuras, como son la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de la principal patronal española, Antonio Garamendi. Este último negó recientemente que se estuviera llevando a cabo una negociación entre las partes, puesto que la voluntad del Gobierno es sacar adelante esta reducción, independientemente de los apoyos que reúna.

El líder patronal llegó a retar a la también vicepresidenta a que llevase a cabo esta modificación, dejando de lado a los empresarios, advirtiéndole de que este podría revertirse con un hipotético Gobierno futuro distinto al actual. “El problema es el fondo. Llamar negociación a una cosa que no lo es, es sorprendente. Nuestras líneas rojas es que el Gobierno no me diga cuál es el final. En algún momento habrá un cambio de Gobierno y entonces lo veremos”, dijo Garamendi la semana pasada, en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander.

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