El Gobierno vuelve a la carga con una nueva normativa para combatir las estafas telefónicas y por SMS

El Gobierno prepara un nuevo paquete normativo para atajar el creciente fenómeno de las estafas mediante la suplantación de identidad —fingiendo llamar desde una compañía o un organismo público— que se cometen mediante llamadas telefónicas o envíos de SMS. El lanzamiento de este plan antispam, que se ha elaborado tras lanzar a principios de este año una consulta pública como adelantó EL PAÍS, arranca con el inicio del trámite de audiencia de una orden ministerial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Entre las medidas que se pondrán en marcha figura el bloqueo por parte de los operadores de las llamadas que utilizan números que no hayan sido atribuidos a ningún servicio, asignados a ningún operador o adjudicados a ningún cliente. Los operadores también vetarán llamadas y SMS de numeración nacional pero que tienen origen internacional, uno de los focos de fraude más habitual.

Base de datos

El plan contempla además la creación de una base de datos que gestionará la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, con los usuarios que utilizan alfanuméricos en sus mensajes (por ejemplo, el nombre de la compañía). Aquellos mensajes procedentes de entidades no incluidas en esta base de datos quedarán bloqueados. Asimismo, se prohibirá la numeración móvil para llamadas comerciales, de forma que la ciudadanía pueda detectar que es un fraude si reciben una llamada desde una numeración de este tipo.

Además, se permitirá con carácter general la utilización de números 800 y 900 por parte de las entidades que tengan asignados estos números para la realización de llamadas comerciales, de forma que, si un usuario tiene un número 800 o 900 guardado en su agenda como el servicio de atención de una empresa de la que es cliente, le aparezca como tal cuando esta le llame para realizar una oferta comercial.

Las estafas de suplantación de identidad suelen comenzar con una llamada (CLI spoofing, en el argot) o un mensaje de texto (SMS o smishing) en los que el emisor suplanta la identidad de una organización de confianza con la intención de defraudar, engañando al consumidor para que proporcione información personal o financiera, facilite sus claves personales o realice alguna acción fraudulenta.

Este tipo de fraudes se han incrementado en los últimos años, según los informes del Banco de España, el Ministerio del Interior o el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). El Gobierno considera que estas estafas son relevantes porque hacen disminuir la confianza de la ciudadanía en la fiabilidad y seguridad del contenido transmitido a través de las comunicaciones electrónicas, perjudicando a aquellas empresas y organismos que hacen uso de llamadas y mensajes de texto legítimamente y, además, causan importantes daños financieros y económicos a todos los sectores de la sociedad, incluidos los consumidores, las empresas y los organismos públicos.

Algunos países europeos, como Finlandia, han puesto en marcha medidas similares a las incluidas en este plan, con una gran efectividad, ya que se han reducido las estafas por suplantación de identidad en casi un 90%, según los datos que maneja el Ejecutivo.

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