Comienza en Lisboa el juicio por el hundimiento del Banco Espírito Santo: 18 acusados, 2.000 damnificados y 10 años de espera

El gran juicio por el hundimiento del Banco Espírito Santo (BES), ocurrido hace diez años, comienza esta mañana en Lisboa. En el banquillo se sientan 18 acusados, entre ellos Ricardo Salgado, el hombre que lideró durante más de dos décadas el banco y el imperio económico llamado Grupo Espírito Santo (GES), que extendía su actividad por todo el mundo a través de 350 empresas. Solo Salgado está acusado de 62 delitos, incluidos los de pertenencia a organización criminal, corrupción activa, blanqueamiento o falsificación de documentos. Los fiscales consideran que el banquero fue el cerebro de una red creada para desviar fondos para lucros individuales y realizar otras actividades irregulares para ocultar el deterioro de la situación económica del BES, causando unas pérdidas que rondan los 18.000 millones de euros.

La Fiscalía achaca al conjunto de acusados la ejecución de 300 delitos, una cifra reducida respecto a la inicial debido a la prescripción de algunos por la demora en la celebración del juicio. Por la vista oral pasarán los 733 testigos de un proceso que ocupa 4.000 páginas de acusación y cuyos documentos físicos han llenado una antigua sala de vistas de arriba abajo. La caída del BES dejó un copioso legado de perjudicados: hay 2.000 damnificados reconocidos con el estatuto de víctimas en este proceso que exigen ser indemnizados. El Banco de Portugal, que hasta pocos días antes de la intervención defendió la buena salud de la entidad, decidió agrupar el patrimonio y los activos sanos del BES en el Novo Banco, de nueva creación, y mantener los tóxicos en el BES.

El Novo Banco fue privatizado en octubre de 2017 y vendido al fondo de inversión Lone Star, que no pagó un euro por la adquisición del 75% aunque se comprometió a inyectar 1.000 millones de euros. Una operación que está siendo analizada a fondo por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía ya que, tras la privatización, el Estado portugués ha inyectado más de 3.200 millones en Novo Banco, obligados por el acuerdo de venta que nunca ha llegado a hacerse público en su integridad. En cuanto al BES, el Tribunal de Cuentas ha calculado que su colapso ha costado ya 8.300 millones de euros de fondos públicos, en contra de lo que en su día sostuvieron las autoridades al informar del desmoronamiento del BES.

El 3 de agosto de 2014, cuando el gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa, anunció la intervención del Banco Espírito Santo, no solo cayó una pieza del sistema financiero portugués. Su hundimiento significó también el derrumbe del sistema económico y político que había condicionado las principales decisiones sobre el país en las dos décadas anteriores. Ricardo Salgado, el hombre que lideraba el banco y el emporio, había tejido una maraña que le permitió controlar el corazón político de su país desde que reconstruyó el grupo económico de la familia Espírito Santo, que había sido nacionalizado durante unos años tras la Revolución de los Claveles. DDT (Dono Disto Tudo, dueño de todo esto) le bautizaron en Portugal.

La fluidez con la que accedía a las decisiones del Consejo de Ministros le permitió beneficiarse de diferentes formas durante las privatizaciones de las joyas del patrimonio público, como las empresas EDP o Galp. Entre otras anomalías, la entidad bancaria asesoró al Gobierno portugués en el proceso de privatización de EDP y REN, la red de distribución eléctrica pública, y también a los inversores chinos que finalmente las compraron.

En una sentencia dictada el pasado junio, un tribunal acreditó que durante cuatro años Ricardo Salgado sobornó con cinco millones de euros al ministro socialista Manuel Pinho, que había sido empleado suyo en el grupo, a cambio de favorecer sus intereses. Pinho, que fue el titular de Economía e Innovación en el Ejecutivo socialista de José Sócrates entre 2005 y 2009, fue condenado a 10 años de prisión por delitos de corrupción, blanqueamiento de capitales y fraude fiscal, mientras que Salgado fue condenado a seis años de cárcel. Los jueces dieron por probada la existencia de “un pacto corruptivo” entre ambos. Salgado, además, ya tiene otra condena anterior derivada de una de las ramificaciones de la Operación Marqués, el escándalo de corrupción que afectó a los principales centros de poder en Portugal bajo el mandato del primer ministro socialista, José Sócrates. En marzo de 2022 un tribunal central consideró probado que se apropió de 10,6 millones de euros de una de las sociedades del Grupo Espírito Santo (GES) mediante tres transferencias realizadas a sociedades offshore.

El estado de salud de Ricardo Salgado, que tiene 80 años y sufre alzhéimer, no le ha evitado su comparecencia en ninguna de las vistas celebradas hasta ahora. Y el tribunal que juzgará el caso BES también ha rechazado la petición de su defensa para eximirlo del juicio debido a su enfermedad, aunque deja entrever que pudiera tener sentido no aplicarse la condena en caso de que sea encontrado culpable. “Cuando al delincuente imputado le sobreviene una anomalía psíquica se mantiene la necesidad de la pena porque se impone la reafirmación de la validez de la norma violada. Y este efecto se obtiene cuando se dicta una sentencia condenatoria por lo que tiene sentido aplicar una condena a un delincuente aunque no la comprenda, lo que no tiene sentido es que se ejecute”, razonó el tribunal en un auto emitido días antes, divulgado por Público.