España reformará los fondos europeos para incluir la reconstrucción de Valencia por las inundaciones

La reconstrucción de las zonas devastadas por las inundaciones contará con fondos europeos. Esa es la intención del Gobierno español. Va a modificar el Plan de Recuperación, que gestiona los fondos europeos concedidos por la pandemia, para hacer acomodo a las necesidades que han surgido tras la catástrofe causada por la Dana en Valencia. En principio, la idea consiste en redirigir recursos de líneas que no están gastándose como deberían hacia las reparaciones e inversiones que precisen las zonas dañadas. Se trata de una decisión ya tomada, pero sobre la cual no se han hecho todavía números. Es necesario primero hacer una buena estimación de qué se va a necesitar. El Ejecutivo ya ha comunicado sus intenciones a la Comisión Europea, que se ha mostrado receptiva a esta iniciativa, según confirman a EL PAÍS varias fuentes de ambas partes.

El mismo vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, quien además será el responsable político directo del Fondo de Recuperación en el próximo Ejecutivo de la Unión, ya lo dejó claro al acabar la reunión de ministros de Finanzas este martes: “Existe la posibilidad de redistribuir la financiación [prevista] de los fondos de cohesión y de recuperación”, declaró en una intervención emotiva, que comenzó mencionando específicamente el nombre de pueblos afectados por la riada, como “Alfafar, Albal, Aldaia, Algemesí, Benetússer, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta”.

Además, subrayó que las nuevas reglas fiscales recogen la posibilidad de flexibilizarse para responder a catástrofes naturales. Es decir, estos gastos no se tendrían en cuenta a la hora del control disciplinario de las cuentas públicas. Y también recordó que hay otros mecanismos comunitarios de respuesta, como el fondo de solidaridad que, por ejemplo, sirvió para que Italia recibiera cerca de 1.200 millones por el terremoto de L’Aquila en 2016, o que Alemania tuviera otros 612 millones por las inundaciones de 2021.

Según fuentes gubernamentales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado orden de que se miren todas las posibilidades de financiación europea para ayudar a los valencianos cuanto antes. Aun así, esta reestructuración del Plan de Recuperación no podrá ser inmediata. España todavía tiene pendiente recibir más de 115.000 millones entre subvenciones y créditos. Ya ha ingresado algo más de 48.000 millones en subvenciones no reembolsables, de los cuales tiene adjudicados unos 42.000 millones, según cifras del Ejecutivo. Antes de poder solicitar el cambio para Valencia, el Gobierno debe cumplir con varios hitos que reclama Bruselas, según apuntan fuentes comunitarias. El primero es pedir una revisión del quinto pago en el que se reordenen y adapten algunos objetivos comprometidos y, a cambio, se adelanten algunas inversiones ya realizadas y previstas para pagos posteriores.

También será necesario que se complete la negociación de la reforma fiscal comprometida para este quinto desembolso. Estas medidas tributarias se están negociando al mismo tiempo en el Congreso y con las autoridades europeas. Alcanzarían los 4.500 millones e incluyen el impuesto a la banca, alzas en sociedades y una subida del diésel y del tabaco. Pese a que algunos técnicos europeos querían una mayor ambición, el Gobierno ha logrado convencerlos de que esta era la reforma que políticamente se podía aprobar con un Parlamento fragmentado.

Después de eso, y antes de acabar el año, Madrid tiene que presentar la solicitud del siguiente pago del Fondo de Recuperación, el quinto. Este asciende a 7.200 millones, de los que la mayor parte corresponden a subvenciones. Tanto la reordenación de objetivos del quinto pago como su solicitud llevan meses negociándose entre Bruselas y Madrid y, según apuntan diversas fuentes, están bastante avanzadas.

La inclusión de un componente Valencia —los apartados del Plan de Recuperación se conocen con el nombre de componente— ya ha sucedido en otros países en los que han ocurrido catástrofes naturales, recuerdan fuentes de la Comisión Europea, como en Alemania o en Grecia. También ven margen en varias de las líneas de acción que marca el Fondo de Recuperación y Resiliencia, como las inversiones para la mejora de los entornos urbanos, la movilidad sostenible o la vivienda. Ahora mismo el Gobierno ya estaba abordando una evaluación de las distintas líneas de gasto de los fondos europeos, para examinar qué estaba funcionando y qué no. De ese examen se iban a extraer conclusiones sobre dónde había que concentrar los esfuerzos y poner más recursos. En medio de este análisis, la situación de Valencia será uno de los objetivos primordiales.

Además de estas líneas generales, recogidas en el plan español, hay otro elemento del Plan de Recuperación que podría servir para canalizar créditos hacia la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, la otra autonomía muy afectada por la dana: el fondo de resiliencia autonómico (FRA), un vehículo financiero que se irá dotando con 22.000 millones de créditos europeos y que gestionará el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Estos fondos son parte del dinero adjudicado al Plan de Recuperación español y se irán librando conforme se vayan autorizando los desembolsos a cambio de completar los compromisos pendientes de reformas e inversiones.

De momento, el Gobierno ya ha anunciado un paquete de ayudas por valor de 10.600 millones, de los que la mitad son avales del ICO. Y el BEI ha comprometido préstamos por 900 millones. El lunes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, fue quien puso sobre la mesa una cifra enorme: 31.000 millones, una cantidad equivalente al presupuesto de la Comunidad Valenciana y una cuarta parte de su PIB anual. Cuánto será finalmente tiene una difícil respuesta en este momento, y dependerá de las inversiones que se decidan acometer para que no se repitan trombas similares. Pero lo que sí que se puede afirmar es que el Fondo de Recuperación será una de las fuentes de financiación con las que va a contar el Ejecutivo español para estos planes.

Otro elemento que se apunta desde Bruselas es que también podrán financiarse inversiones hechas o ya puestas en marcha, aunque no se haya aprobado todavía la reordenación del Plan de Recuperación para incluir el componente Valencia. Esta retroactividad ya se utilizó al comienzo del Plan de Recuperación, cuando se aceptaron compromisos ya realizados. También cabe la posibilidad de que se puedan incluir a posteriori inversiones que no hayan sido contempladas en el plan acordado para Valencia. Eso sí: siempre que estén vinculadas a las devastaciones de la dana y que se realicen antes de mediados de 2026, fecha límite en la que se tendrán que haber completado las inversiones ligadas a fondos europeos. Si bien el Gobierno podría hacer uso de empresas públicas, como ya está haciendo en algunos casos acordados con la Comisión, para que estas reciban los fondos y puedan gastarlos más allá de ese plazo límite.