Trabajo anuncia un pacto “inminente” con los sindicatos para reducir la jornada e inicia un difícil trámite parlamentario

El Ministerio de Trabajo acaricia un acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada laboral ordinaria de 40 a 37 horas y media en 2025. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este jueves un pacto “inminente” con UGT y CC OO tras la última reunión en el ministerio, en la que CEOE ha certificado su rechazo a la norma. El número dos de Trabajo ha confirmado que este viernes se pone en marcha el trámite parlamentario de la norma con el inicio de la consulta pública. Además, ha dicho que el Ejecutivo renuncia al escalón intermedio, a las 38 horas y media en 2024, por el poco plazo restante.

“Los textos encima de la mesa forman parte de lo que ya podríamos catalogar como un acuerdo inminente. Estamos bastante cerca, más allá de ajustes técnicos”, ha dicho tras la reunión dicho Pérez Rey, que espera alcanzar un consenso con CC OO y UGT “en los próximos días”. Los negociadores de los sindicatos también han transmitido optimismo. “Faltan flecos. Retomamos el texto del mes de julio, con el que ya dijimos que estábamos cómodos. Falta pulir”, ha indicado el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical de CC OO, ha dicho que el secretario de Estado es “un poco optimista”, pero ha reconocido que hay “una visión compartida”. “Queda margen, hay que dejar trabajar, pero tenemos que alcanzar el acuerdo de forma rápida”, ha añadido Gutiérrez. La reunión, la última en que participen los tres actores del diálogo social (empresarios, trabajadores y Gobierno), ha durado poco más de una hora, mucho menos que de costumbre.

El rechazo patronal, conocido desde el Comité Ejecutivo de CEOE de hace dos semanas, complica muchísimo el trámite parlamentario de la ley, ya que, descontando el apoyo de la izquierda, aún sería necesario el respaldo de Junts y PNV. Los vascos están más cerca del apoyo (aunque transmiten más dudas que hace meses), pero los catalanes, según fuentes empresariales, están en contra del recorte de la jornada máxima ordinaria. Con todo, el partido de Carles Puigdemont no ha definido públicamente su posición.

La propuesta del Gobierno, que transmitió a los agentes sociales en junio y matizó en julio, mantiene las horas extra en las 80 que actualmente recoge como máximo la legislación, da flexibilidad para que la reducción se aplique en cómputo anual y refuerza el registro horario, de manera que las sanciones se den por empleado y no por empresa (lo que aumentaría mucho el coste en castigos). Además, quiere que el sistema de registro de horarios sea digital y que Inspección pueda acceder a él directamente para monitorizar incumplimientos.

No formarán parte del acuerdo las ayudas directas a pymes y las bonificaciones en la cotización de nuevas contrataciones, que Trabajo puso en la mesa para seducir a CEOE. Fuentes de la negociación creen que estas ayudas pueden resucitar durante el trámite parlamentario, en un intento de atraer a los partidos nacionalistas de derechas, aunque no se incluyan en el pacto con los sindicatos.

Críticas a CEOE

Pérez Rey ha criticado a las patronales por su rechazo al recorte de jornada. “Cuándo pase el tiempo a la patronal le va a costar explicar por qué no ha participado es una medida que es consecuencia lógica del paso del tiempo”, ha opinado Pérez Rey, que ha abundado en la misma idea: “Tendrán que explicar a 12 millones de personas trabajadoras [las que se beneficiarían del recorte, según el cálculo del ministerio] por qué no es posible reducir la jornada 40 años después, en la era de la automatización y de la inteligencia artificial, de tantos avances tecnológicos que multiplican la productividad”.

Desde Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, indican que estas compañías “serán las más afectadas por la reducción de la jornada por ley; la negociación colectiva es la única vía para garantizar que las pymes puedan adaptarse”.

El negociador del ministerio ha expresado “perplejidad” porque “11 meses después de empezar a negociar CEOE y Cepyme se sienten en la mesa a decir que la reducción de jornada solo se puede hacer mediante negociación colectiva, cuando la jornada máxima está regulada en Estatuto de los Trabajadores”. Ha catalogado la posición de las patronales como “una tomadura de pelo”.

Los pactos laborales sin la patronal son la norma desde el ecuador de la pasada legislatura: así ha pasado con las subidas del salario mínimo o con el estatuto del becario (que aún no está vigor por el rechazo del PSOE). El último acuerdo que el departamento de Díaz consiguió cerrar con los empresarios fue el desarrollo reglamentario para impedir la discriminación del colectivo LGTBI+ en las empresas. Patronales y sindicatos también pactaron con el Gobierno (con la Seguridad Social, en este caso) la última parte de la reforma de pensiones.

Ahora llega el trámite parlamentario, por vía de urgencia según confirmó Yolanda Díaz, para intentar cumplir los plazos establecidos en el pacto de Gobierno de PSOE y Sumar. Fuentes empresariales ven “clarísimo” que la norma no prosperará en el Congreso, y menos sin el apoyo patronal. Una pista al respecto es una de las frases más repetidas por Garamendi en estos meses: “Vete al Parlamento y que te lo aprueben”. En repetidas ocasiones ha animado al ministerio a llevar un acuerdo con los sindicatos al Congreso.

Camino de la negociación

Las negociaciones arrancaron el 25 de enero. De entonces a junio, sindicatos y patronales negociaron por su cuenta, en busca de un acuerdo conjunto que plantear al ministerio, pero no hubo pacto. El empeño empresarial en que la reducción de jornada se compensara con un destope del máximo de horas extra anuales y el rechazo sindical a ese planteamiento, entre otros desacuerdos, encallaron ese diálogo a dos bandas. Con ese punto de partida ya costaba imaginar que el ministerio lograría un pacto, dado que su posición es parecida a la de los sindicatos. Antes del verano parecía que el ministerio alcanzaría un acuerdo solo con las centrales, ya que pretendía llevar la norma lo antes posible al Congreso para cumplir los plazos que marcaba el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar.

Sin embargo, el ministerio alargó la negociación (después de que el PSOE pidiera paciencia para atraer a los empresarios), con nuevos encuentros tras las vacaciones veraniegas. Ya entonces los sindicatos acusaban a los empresarios de una estrategia dilatoria, que no merecía la pena seguir negociando, y de ahí que protestasen a finales de septiembre frente a sedes de la CEOE en toda España. Pese a lo alejadas que estaban las posiciones, Trabajo transmitió optimismo respecto a la participación de la patronal. “Estoy absolutamente convencida de que hay posibilidad de acuerdo en esta materia en nuestro país. Ojalá avancemos, no me voy a levantar de esta mesa. Tengo una paciencia infinita”, dijo Díaz a principios de octubre.

La patronal sigue defendiendo que los cambios en la jornada laboral son patrimonio de la negociación colectiva y que se debe emplazar en ese marco, sin bajadas unilaterales. Argumentan que en los sectores más productivos, los que consiguen hacer más en menos tiempo, la jornada pactada ya se ha reducido sin necesidad de cambios legales. Sindicatos y ministerio contraponen que justo ello refuerza la necesidad de la modificación normativa, ya que la negociación colectiva nunca conseguirá reducir la jornada en los sectores más precarios.