La exclusión social en España afecta a 9,4 millones de personas, un 16% más que antes de la crisis de 2008

La crisis financiera de 2008 y el cóvid-19 golpearon tan fuerte a una parte de la sociedad española que muchas familias aún no se han recuperado. De hecho, actualmente en España hay alrededor de 9,4 millones de personas (el 19,3% de la población) en situación de exclusión social. Este dato supone que este colectivo se ha incrementado en dos millones respecto a 2007, un 16,4% más. Así lo pone de manifiesto la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, realizada entre 12.500 hogares el semestre pasado y cuyos resultados se han presentado este martes en la sede de Cáritas en Madrid.

La forma más común de medir las situaciones de riesgo de exclusión social es el uso del indicador AROPE cuyos componentes están calculados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Dicho indicador define a la población en riesgo de pobreza o exclusión social como aquella que se encuentra en alguno de estos tres casos: personas que viven con ingresos bajos (inferiores al 60% de la renta mediana disponible equivalente, después de transferencias sociales en cada unidad de consumo); personas con privación material severa (con carencias significativas personales o para el hogar); y hogares con una intensidad de empleo muy baja (si entre todos los componentes de la unidad familiar en edad de trabajar han trabajado menos de un 20% de las horas posibles).

Según esta encuesta, aún más que el grupo en riesgo de exclusión, ha crecido el colectivo afectado por la pobreza severa. En concreto, hay 4,3 millones de personas en esta circunstancia, un colectivo que ha aumentado un 28% desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera de 2008.

Tras darse a conocer los datos, la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiró, ha asegurado que “se hace necesario volver la vista a la situación anterior a la Gran Recesión de 2007″. “Los efectos de las crisis de la covid y su recuperación no deben enmascarar que, como sociedad, hemos sido incapaces de superar las consecuencias que originó la crisis financiera que tuvo lugar hace más de una década”, ha añadido.

Además, el estudio refleja que en estos últimos años, no todos los aspectos de la exclusión social han seguido la misma tendencia. Por ejemplo, la exclusión residencial, relacionada con el acceso a la vivienda, está entre los problemas que más han empeorado: afecta de una u otra forma a uno de cada cuatro hogares en España. En concreto, 4,6 millones de hogares han sufrido en 2024 dificultades relacionadas con el acceso y mantenimiento de la vivienda. Y esa proporción se dispara al 90% si se analizan solo los casos de hogares en situación de exclusión social severa.

El empeoramiento de estas dificultades residenciales se pone de relieve al constatar, según la encuesta, que actualmente el 20% de los hogares con menor renta dedican actualmente más del 70% de sus ingresos al pago del alquiler de su vivienda. En 2007, ese desembolso pesaba un 48% con respecto a sus retribuciones.

Ante esta situación, los encuestados afectados han mostrado las estrategias que siguen para adaptarse a las dificultades residenciales. Entre ellas, aproximadamente tres millones de personas (un 6,3% de la población) utilizan ya formas precarias de tenencia de la vivienda (facilitada gratuitamente por particulares o instituciones; realquilada; ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio). Otros 3,4 millones (7%) sufren condiciones de hacinamientos, al verse obligados a compartir la vivienda con más personas o tener que regresar al hogar de los padres u otros familiares.

“A diferencia de otras formas de exclusión residencial extrema, como el chabolismo o el sinhogarismo, que son mucho más visibles para la sociedad, los problemas que hemos señalado son en general muy poco visibles. Quizás por ello la sociedad española ha tardado tanto en reaccionar a la actual crisis de vivienda que, en realidad, se viene labrando desde hace ya tiempo”, ha explicado Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española.

Los autores del informe aseguran también que tener un empleo ha dejado de ser un antídoto infalible frente a la exclusión social. Una de cada diez personas ocupadas está en situación de exclusión social, según sus datos. De hecho, el porcentaje de hogares donde la persona principal sustentadora de la unidad familiar tiene un empleo que no le permite salir de la exclusión ha pasado del 1,1% en 2018 al 2,7% en 2024. E igualmente, las familias sustentadas por un empleo irregular —sin contrato ni alta en la Seguridad Social— han duplicado su peso al pasar de ser el 1,3% en 2018 al 2,2% actualmente. Finalmente, aquellos hogares donde la persona de referencia está afectada por inestabilidad laboral grave (tres o más contratos; en tres o más empresas o tres o más meses en paro en un año) han pasado en los últimos ocho años de ser el 4,8% de los hogares al 5,9%.