El Gobierno asume que no podrá aprobar el impuesto a las energéticas y ultima la subida fiscal al diésel

La posibilidad de prorrogar el impuesto que afecta a las grandes energéticas se diluye como un azucarillo en un café y en el Ejecutivo ya asumen que será prácticamente imposible aprobar la medida. El gran problema está en el difícil juego de equilibrios con el que lidia casi a diario el Gobierno, un panorama que cobra especial relevancia en materia tributaria por las posiciones antagónicas de sus socios habituales, cuyos votos, sin excepción, son imprescindibles para cualquier movimiento. En el Ministerio de Hacienda reconocen que sacar adelante el impuesto es “un objetivo complejo porque la realidad es que actualmente las posiciones están muy alejadas”, aunque animan a “dar una oportunidad al diálogo y evitar generar mayor crispación”. Otras fuentes gubernamentales, sin embargo, ya avanzan que en estos momentos las opciones de que la iniciativa vea luz verde son prácticamente nulas. Ante este panorama, el Ejecutivo está centrando sus esfuerzos en buscar la fórmula idónea para poder aprobar antes de que termine el año otra medida trascendental para las cuentas y que todavía queda pendiente: la equiparación fiscal del diésel a la gasolina.

Esta medida, que reportaría unos 1.500 millones adicionales a la recaudación y que decayó en el Congreso hace tres semanas, es vital para cuadrar los números del Gobierno. Por eso, para asegurar su aprobación, Hacienda valora aprobarla en los próximos días mediante un real decreto ley que asegure su luz verde. El apoyo de todos sus socios, previsiblemente, está garantizado.

El culebrón que rodea al impuesto a las energéticas y a la subida del diésel cogió ritmo a finales del mes pasado, cuando el Congreso votó la reforma fiscal que los grupos parlamentarios habían ido introduciendo a base de enmiendas en la trasposición de la directiva europea que fijaba una tributación mínima a las multinacionales. Tras negociaciones agónicas que se produjeron a varias bandas entre el PSOE y los diferentes socios, la propuesta que aparentemente iba a ser definitiva sacrificaba el gravamen energético a cambio de blindar el bancario y la subida fiscal al gasóleo. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, Podemos amenazó con echar por tierra todo el paquete si caía el tributo a las grandes eléctricas, gasistas y petroleras y consiguió arrancar al PSOE el compromiso de extenderlo antes de que terminara el año. La formación que lidera Ione Belarra también rechazó la subida fiscal al diésel por votarse en una enmienda que incluía otros cambios menores, a su juicio, negativos. Así las cosas, la votación terminó con algunas de las propuestas salvadas, pero con el impuesto energético y el alza al diésel en un limbo.

Este miércoles, el Gobierno pisó el acelerador para dar ritmo a las conversaciones que decidirán el futuro del gravamen que afecta a las empresas energéticas y convocó a los socios, tal y como fijaba el pacto alcanzado con Podemos sobre la bocina. Sin embargo, la reunión descarriló antes de empezar porque Junts y el PNV se negaron a asistir, evidenciando su rechazo frontal a la medida y dejando en clara minoría al Ejecutivo y a sus socios de la izquierda. Los catalanes cargan contra este gravamen pese a que Hacienda se abre a que haya deducciones de hasta el 90% para la inversión verde. Los vascos, por su parte, proponen una modificación integral del impuesto sobre sociedades para “dejar de hacer parches”. “No vamos a participar en un paripé que necesita Podemos”, añaden.

En caso de no lograr el apoyo necesario en los próximos días, que se antoja ahora como el escenario más probable, el Ejecutivo deberá llevar al Congreso un real decreto ley con la prórroga del gravamen energético para 2025, según el pacto firmado con Podemos. El problema para Hacienda, asumen las fuentes gubernamentales consultadas, es que el escenario será el mismo, por lo que la votación previsiblemente caerá tras el rechazo casi asegurado de Junts y el PNV, además de otras fuerzas de la oposición. Es la crónica de una muerte anunciada, aunque desde algunos de los socios de izquierda creen que estas dos formaciones estarían “sobreactuando” y ven posible alcanzar “un pacto intermedio” que contente a todas las partes.

En este contexto de incertidumbre, los esfuerzos del Gobierno se están centrando en asegurar la subida fiscal al diésel (que no afectaría al gasóleo profesional), comprometida además con Bruselas en su plan de ajuste fiscal. En un principio, Hacienda estudiaba la posibilidad de recuperarla de manera conjunta con el impuesto sobre las empresas, pero, ante el miedo de que este no vea la luz, lo más probable es que las dos medidas vayan por caminos separados. Las fuentes gubernamentales consultadas avanzan que lo más seguro es que se presente un real decreto ley para la equiparación en los próximos días, antes de que termine el año. Los socios, por lo general, avanzan que apoyarían la medida, aunque algunos, a modo de aviso a navegantes, advierten de que votarían en contra si se tramita con otros cambios no consensuados previamente.

La equiparación fiscal del diésel a la gasolina es un acuerdo adquirido entre España y Bruselas para acelerar la transición verde y culminar la reforma fiscal aprobada parcialmente hace tres semanas en el Congreso. El Gobierno necesita que la Comisión valide los cambios para poder recibir el quinto pago de los fondos europeos —que asciende a los 7.200 millones de euros— y los que recibieron luz verde en la Cámara baja son insuficientes. Los grupos solo dieron su apoyo al tipo mínimo para las multinacionales, a una corrección técnica en el impuesto sobre sociedades, a la permanencia del impuesto a la banca, a un ajuste para combatir el fraude en el IVA de los hidrocarburos y a una subida fiscal a las grandes inversiones en el IRPF y a los vapeadores.