Fedea señala que una Agencia Tributaria catalana perjudicaría la lucha contra el fraude y a la recaudación

El acuerdo de financiación singular para Cataluña, suscrito entre el PSC y ERC, para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalidad, suponía la creación de una Agencia Tributaria propia de Cataluña que recaudaría la totalidad de los impuestos para entregar después los que correspondan al Estado central. El acuerdo supondría un paso atrás respecto a la dirección que marca la Unión Europea y no encaja con lo que establece la Constitución, según un informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y elaborado por el fiscalista Alberto García Valera, socio responsable de política tributaria de la firma Ernst & Young —que firma este documento—. Este experto, que fue director general de Tributos del Ministerio de Hacienda, considera que la cesión “no solo no encuentra acomodo en el propio artículo 149″ de la Constitución “sino que, además, objetivamente, solo resta eficiencia” a la labor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Esto debido a que de consolidarse el acuerdo implicaría, a su juicio, un incremento de los costes de gestión, un impacto en la recaudación y “graves perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal, quebrando principios básicos en la gestión de impuestos”. “Deberíamos tener altura de miras y preguntarnos qué ganarían ciudadanos o empresas con esta fragmentación. Y la respuesta es que nada”, asegura el experto.

El autor, que fue durante unas semanas consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía con el PP, pone en relieve que el impacto de la financiación singular para Cataluña se vincula principalmente a que esta comunidad supone casi un 20% del Producto Interior Bruto español y más del 16% del total de contribuyentes que se relacionan con la Administración Tributaria. Asegura que lo anunciado hasta la fecha “podría suponer un cambio de modelo de Estado”. “Nos llevaría hacia un sistema federal, que podría tener serios riesgos en términos de equidad y cohesión territorial y desde luego elevados costes de eficiencia”, añade. Además de comprometer la labor de asistencia a los contribuyentes, “que se verán perjudicados por el incremento de la carga fiscal indirecta y les supondrá tener que relacionarse con una administración tributaria más” con, presumiblemente, “sus propios requerimientos normativos”.

Para García Valera, esta senda es contraria no solo al camino que señala Bruselas, sino también al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que sostienen que “para conseguir una mayor eficacia en la gestión del sistema tributario, se debería lograr una mayor integración y coordinación de todas las Administraciones Tributarias”. “Perderíamos en la aplicación de las mejores prácticas que permiten las economías de escala”, afirma en este sentido.

Información y asistencia tributaria

En concreto, el documento del think tank analiza las posibles repercusiones de lo pactado en dos de las funciones esenciales de la AEAT: la labor preventiva de asistencia al contribuyente y la del control tributario como tal. Respecto a la primera tarea, García Valera señala que cortar el flujo de información a falta “de unas bases de datos completas e integradas”, compromete labores como la de ofrecer borradores de declaración a los ciudadanos, la gestión programas de ayuda, las depuraciones censales, el seguimiento de la adecuada presentación de las declaraciones, o el correcto tratamiento de retenciones y pagos fraccionados, tanto de empresas como particulares.

Pese a reconocer que la AEAT ha avanzado mucho en el intercambio de información, el experto afirma que aún “existe un importante desfase temporal que impide dotar al sistema de la eficiencia que tiene cuando sólo están implicada la Agencia Estatal”. Cita el ejemplo del Convenio con el Organismo Autónomo de Hacienda Foral de Navarra y concluye que “nada tienen que ver las posibilidades de gestión del conocimiento que te da poder trabajar partiendo de una única base de datos, que hacerlo sobre la base de una simple cesión, con una demora generalmente anual”.

Control tributario y seguridad jurídica

El deterioro del flujo de información también entorpecería, según el documento, “un adecuado control integral de las actividades económicas y con ello del Impuesto de Sociedades, IVA, Retenciones y demás tributos que giran alrededor de dicha actividad, debería gestionarse de forma integral por la AEAT”. Además “dificultaría enormemente la eficacia en la lucha contra el fraude”.

También prevé que una cesión de impuestos a Cataluña perjudicaría al control que efectúa la AEAT respecto de la relación socio-sociedad. “Con una AEAT fraccionada, las operaciones coordinadas a nivel central de la AEAT por el Departamento de Inspección, y que suelen ser habituales en los planes de inspección, no se podrían efectuar con empresas con domicilio en Cataluña”, afirma. También pone sobre la mesa el impacto en el caso de las grandes multinacionales, coordinado normalmente desde la Oficina de Fiscalidad Internacional y ejecutado en gran medida desde la Delegación Central de Grandes contribuyentes.

A juicio del autor, estos aspectos también amenazan la seguridad jurídica que “se podría ver seriamente afectada por la aparición en escena de un nuevo actor con sus propios criterios interpretativos, y que puede ahuyentar el establecimiento de empresas que pretenden establecerse en España con un modelo de negocio único, y que sea fiscalmente tratado como tal”.

Motivación política

García Valera sostiene que las razones para exigir estas competencias de gestión tributarias “tienen poco que ver con la eficiencia o incluso con la defensa de la autonomía”. “Parece haber, desde luego motivos exclusivamente políticos que tratan de justificar esta medida”, afirma, como procurar obtener una mayor financiación por residente en Cataluña.

El autor basa estos argumentos en una de las máximas del independentismo catalán, la noción de que esta comunidad “aporta al Estado más de lo que recibe”. “Dicha actitud pone en manifiesto que no aceptarían, entre otros, los principios constitucionales de solidaridad entre regiones y de garantía de los servicios públicos esenciales”, concluye.