Fedea propone dar más autonomía fiscal a las comunidades para hacer “más visible” su responsabilidad tributaria

A la espera de que vaya avanzando y se concreten los detalles técnicos y posibles efectos, el acuerdo para un nuevo modelo de financiación singular de Cataluña podría abrir la puerta a una reforma total del sistema de financiación autonómica que opera en España desde 2009 y que, según denuncia el mundo académico, ha quedado ya totalmente desfasado. En este contexto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha puesto sobre la mesa una propuesta para aprovechar la ola y ampliar la autonomía fiscal de las comunidades sin incrementar la carga administrativa.

En un análisis elaborado por el economista José María Durán Cabré, publicado este lunes por Fedea, se apuesta por reformar el sistema de financiación con el objetivo de hacer “más visible” la responsabilidad fiscal de las comunidades. El informe plantea, entre otros aspectos, una reforma centrada en el IRPF como eje vertebrador del modelo, permitiendo a las autonomías gestionar con mayor libertad sus ingresos sin generar un laberinto normativo para ciudadanos y empresas. La clave, según el estudio, está en equilibrar la capacidad recaudatoria de los gobiernos regionales con un sistema que garantice transparencia y eficiencia sin sobrecargar al contribuyente. También sugiere que se exploren fórmulas alternativas para aplicar en el IVA, en sociedades y en los impuestos especiales.

El actual modelo de financiación autonómica concede a las comunidades una capacidad notable para modular el impuesto sobre la renta. Desde la última reforma, hace ya 15 años, las regiones gestionan el 50% de este impuesto, con margen para modificar los tramos y tipos impositivos en la parte autonómica. Sin embargo, el informe de Fedea señala que este margen no ha sido aprovechado de manera homogénea y que, en muchos casos, la autonomía fiscal se ha visto limitada por la complejidad del sistema y la falta de incentivos. En lugar de un modelo donde las comunidades ajusten sus ingresos en función de sus necesidades y prioridades, la realidad ha sido una dependencia crónica de los fondos de nivelación con los que cuenta el sistema, lo que ha generado tensiones y desigualdades entre territorios.

El informe destaca el gran peso recaudatorio del IRPF, la principal figura impositiva de España, por lo que Durán Cabré aboga por convertirlo en “la figura clave en autonomía tributaria y responsabilidad fiscal de las comunidades” dado su funcionamiento como impuesto periódico directo y el elevado número de contribuyentes. Una de las vías más efectivas para ello sería permitir un mayor grado de modulación en los tramos del impuesto, manteniendo una estructura clara y comprensible para los contribuyentes. En la actualidad, aunque las comunidades pueden modificar la carga de los tramos autonómicos, el resultado ha sido una proliferación de normativas distintas que a menudo generan confusión y desigualdades poco justificadas. Fedea plantea que una mayor estandarización de los criterios podría mejorar la eficiencia del sistema sin limitar la capacidad de cada región para adaptar su fiscalidad a sus necesidades específicas.

Otro cambio a introducir sería que “la cesión del impuesto se visualice también en las retenciones y pagos a cuenta. La única diferencia respecto a la situación actual supondría desdoblar el porcentaje único de retención en dos, el estatal y el autonómico”, explica el informe. Además, cree que deben aprovecharse los avances tecnológicos para que los ciudadanos sepan cuánto abonan por el impuesto y a qué niveles de gobierno pagan. La reforma, según el estudio, no puede suponer que el cumplimiento de los impuestos sea más costoso para los contribuyentes ni para la Administración.

El estudio también aborda el impacto de la reforma en la recaudación estatal. Aunque la descentralización del IRPF podría suponer un mayor control autonómico sobre los ingresos, Fedea advierte que es fundamental mantener un equilibrio que no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto del sistema. En este sentido, se plantean mecanismos de ajuste que permitan corregir posibles desequilibrios sin restar incentivos a las comunidades para gestionar sus recursos de manera responsable.

Además del IRPF, Fedea también menciona otros impuestos que podrían jugar su papel en la descentralización fiscal. El IVA, por su elevada capacidad recaudatoria, es un tributo clave en la financiación del Estado, pero su cesión a las comunidades presenta dificultades debido a la normativa de armonización de la Unión Europea. Según el autor, modificar el sistema de reparto de este impuesto requeriría cambios normativos que podrían resultar complejos, aunque anima a explorar fórmulas porque una mayor transparencia en su asignación mejoraría la percepción de los ciudadanos sobre el destino de sus impuestos.

Con respecto al impuesto sobre sociedades, si bien es un tributo estatal por su vinculación con la actividad empresarial, Fedea sugiere explorar alternativas que permitan a las comunidades participar en su recaudación sin generar distorsiones en la economía. Algo similar ocurre con los impuestos especiales, como los que gravan el tabaco o los hidrocarburos, que podrían ser utilizados con mayor flexibilidad por las autonomías dentro de ciertos límites establecidos para evitar desigualdades excesivas entre territorios.