La Autoridad Fiscal cifra en 1.000 millones anuales el coste de las sentencias judiciales contrarias al Estado

La economía española está expuesta permanentemente a una serie de riesgos fiscales que pueden desviar con creces los objetivos previstos inicialmente. En su mayor parte, son amenazas de índole macroeconómica, ambiental y legal que pueden afectar con fuerza a las finanzas públicas en un contexto en el que la sostenibilidad fiscal se mira con lupa. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha analizado y cuantificado por primera vez el impacto de algunos de estos riesgos, con el objetivo de mejorar a futuro la planificación de estas perturbaciones. Los de carácter legal, por ejemplo, cuestan unos 1.000 millones al año si se mira la serie histórica, mientras que los naturales ascienden a 2.600 millones por ejercicio.

La Airef, al efectuar este ejercicio, se ha encontrado además con que el Fondo de Contingencia, que debería ser el principal instrumento para mitigar estos golpes, está en cierta manera atado de pies y manos, pues más del 40% del gasto financiado a su cargo se destina a partidas recurrentes y no sirve para costear esos riesgos imprevistos.

Los riesgos fiscales son factores que pueden provocar que los resultados macroeconómicos se desvíen de los previstos inicialmente. Pueden ser una crisis sanitaria y económica como la de la covid-19, un desastre natural como el de la dana, o una sentencia desfavorable contra el Estado. Por eso, en un contexto en el que la frecuencia e intensidad de estos peligros tiende a incrementarse, la Autoridad Fiscal considera que su correcta gestión “contribuye a mejorar la planificación a medio plazo” y a “garantizar unas finanzas públicas más sólidas y estables”, según han explicado fuentes del organismo este jueves, en un encuentro técnico en el que han presentado su primera Opinión sobre riesgos fiscales.

Entre las amenazas más importantes están las legales, que vienen principalmente en forma de demandas judiciales contra los intereses del Estado. Entre 2014 y 2023, según cálculos de la Airef, el coste para las arcas públicas de las que ya están confirmadas asciende a 1.000 millones de media al año. Y aún quedan muchas cuyo impacto es todavía impredecible. Muchas tienen que ver con sentencias que afectan a impuestos como el de sociedades, la plusvalía municipal o el impuesto especial sobre los hidrocarburos. Otras, con los cánones.

La Airef, por ejemplo, recuerda el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo que, en 2023, estableció que determinados contribuyentes que cotizaban a las antiguas mutualidades habían pagado de más a la Administración y tenían que ser compensados por esas cuotas. El impacto será por ahora de 1.700 millones de euros, aunque apunta a que irá subiendo. Asimismo, recalca el golpe de la justicia europea sobre el tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, que estuvo vigente entre 2013 y 2018 y tendrá un coste fiscal potencial de 6.500 millones de euros para la actual Hacienda pública.

“Hay una serie de errores de carácter recurrente que son responsables de esas sentencias, como el uso inadecuado del real decreto ley o la extralimitación normativa respecto a lo regulado en la ley”, detalla la Autoridad Fiscal, puesto que algunos de los fallos más reseñables de los últimos años están provocados por haber usado instrumentos legislativos inadecuados. Los expertos también ponen el foco en los fallos que vienen por el incumplimiento de la normativa comunitaria, como sucedió recientemente con el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos. Por ello, la Autoridad Fiscal pide al Gobierno implementar políticas fiscales prudentes y adoptar estrategias que minimicen la exposición a estos litigios. Para reducir la probabilidad de sentencias contrarias a los intereses del Estado, propone al Ministerio de Hacienda reforzar la evaluación del posible impacto financiero y legal antes de implementar cambios significativos y consultar con organismos europeos e internacionales para evitar litigios. Además, pone sobre la mesa la necesidad de adoptar “una estrategia judicial proactiva” para evitar la prolongación de los litigios y el incremento de los gastos.

Riesgos naturales

También tienen especial impacto las cuestiones ambientales, que provocan costes fiscales por dos vías: la reparación de los daños y las medidas de apoyo a los damnificados. En España, los mayores riesgos son climatológicos (incendios y sequías), hidrológicos (inundaciones) y meteorológicos (lluvias y temperaturas extremas). Entre 2005 y 2023, todos ellos tuvieron un coste de más de 47.000 millones de euros, a los que habrá que sumar los que ocasionó la dana a finales de 2024 (que la propia Airef cifró en unos 9.500 millones). Por eso, dada la importancia en las cuentas públicas, el organismo que preside Cristina Herrero considera que se debería mejorar la información disponible sobre estos desastres y la explicitación de los costes en el presupuesto. La Airef sugiere, por ejemplo, crear una base de datos que detalle este coste fiscal para que la Administración central y las comunidades autónomas elaboren estrategias de gestión que puedan tener impacto presupuestario.

El resto de riesgos macroeconómicos se materializan cuando se producen conmociones imprevistas que desvían el PIB nominal. “Se relacionan con las condiciones financieras, las perturbaciones de costes y de precios de las materias primas, los shocks de inmigración o la crisis asociada a la pandemia”, detallan los expertos. Por eso, la Autoridad Fiscal propone mejorar el análisis de los errores de previsión e incluir en los informes de planificación fiscal —como el Plan Fiscal Estructural o el Plan Presupuestario— un análisis “de los errores de previsión de las proyecciones macroeconómicas y fiscales y de la correlación entre ambos”.

Pese al impacto fiscal de todas estas conmociones, la Airef pone de relieve que el Fondo de Contingencia no está utilizándose con todo su potencial para mitigar estos golpes, ya que el 43% de su presupuesto está comprometido tradicionalmente con desembolsos recurrentes en defensa o en servicios sociales, lo que limita en esa proporción “su capacidad para atender gastos verdaderamente imprevistos”. Por eso, plantea que esos gastos cotidianos estén restringidos.