La Fiscalía de la Audiencia Nacional se persona a favor de Consumo en la batalla de las maletas contra las aerolíneas

Nuevo actor de peso en la batalla que mantienen el Gobierno, a través de su departamento de Consumo, y cinco de las mayores aerolíneas de bajo coste a cuenta de las condiciones comerciales de vuelo y lo que se critica como opacidad tarifaria. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado esta martes que se persona “en defensa de los consumidores y usuarios, en los procedimientos judiciales contencioso administrativos seguidos con motivo de las sanciones impuestas a cinco compañías aéreas [Ryanair, Vueling, Easyjet, Norgewian y Volotea] por prácticas abusivas”. Al Ministerio de Consumo que lidera Pablo Bustinduy le ha salido un potente aliado a la vista de los argumentos que esgrime la Fiscalía para tomar una posición contra las compañías aéreas.

Entre las prácticas comerciales sancionadas por Consumo con un total de 179 millones de euros figuran exigir el pago de un suplemento por subir el equipaje de mano a la cabina de viajeros; un sobrecoste sobre el precio del billete cuando se reservan asientos contiguos para menores y personas dependientes, o no permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles. La Fiscalía también se refiere a la imposición de una tasa “desproporcionada y abusiva” a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque en la terminal, y aprecia “omisiones engañosas de información y falta de claridad” en los precios publicados tanto en las páginas web propias como de terceros. Esta última acción complica la comparación de ofertas entre distintas aerolíneas, tras llamar la atención del consumidor con ofertas, y la toma de decisiones de compra.

Cada una de las cinco sanciones impuestas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 han sido impugnadas por las compañías aéreas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 8. La semana pasada Consumo se cubrió con el apoyo de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), en la que se agrupan asociaciones de 31 países. “En España estamos trabajando para que las instituciones dejen de proteger más a las empresas que a los consumidores”, declaró el ministro, quien trabaja para que su acción se convierta en cruzada contra las políticas comerciales de las low cost en toda Europa.

La asociación española de consumidores OCU ha anunciado acciones para que las compañías indemnicen a los pasajeros que han sido víctimas de lo que aprecian como claros abusos. El colectivo ha activado un “pleito testigo” para reclamar la devolución del pago por equipaje de cabina en los casos que afectan a Ryanair.

Conocida la posición de la Fiscalía, fuentes de Consumo valoran positivamente el paso anunciado esta mañana y lo consideran “en la línea que marca su Circular 2/2018, de 1 de junio, sobre nuevas directrices en materia de protección jurídica de los derechos de los consumidores y usuarios”. Desde el Ministerio se reitera la determinación de defender los derechos de las personas consumidoras hasta el final, ante cualquier institución e instancia. “Nuestro objetivo es que ningún ciudadano en España ni en Europa tenga que volver a pagar por lo que la ley dice que es un derecho. Nuestra actuación también es en defensa de las empresas que cumplen la legislación”, se explica en el entorno de Bustinduy.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) también ha reaccionado y se reafirma en que la política de cobro de equipaje en cabina es totalmente legal. “El Reglamento 1008/2008 reconoce la libertad de las aerolíneas para fijar sus tarifas aéreas. Además, la posición del Gobierno dejaría a España como el único país de la UE donde se quieren prohibir las prácticas de cobro por equipaje en cabina, lo que genera distorsión competitiva entre operadores y entre mercados”. El colectivo empresarial que preside Javier Gándara reclama “unas normas comunes para toda Europa para no provocar distorsión en el mercado único europeo”.

Ryanair, la más castigada

La resolución de Consumo contra las cinco aerolíneas, del pasado mes de noviembre, cerró el expediente sancionador iniciado en junio de 2023 por la Secretaría General de Consumo y que amenazaba a algunas de las mayores referencias del bajo coste con fuertes multas. A finales de mayo de 2024, el ministerio advirtió que la suma de las sanciones se iría por encima de los 150 millones y comenzó a rechazar los recursos de casación por parte de las empresas, a las que solo les quedaba esperar y defenderse en la justicia ordinaria.

La pena económica más elevada es para Ryanair con 107,7 millones, seguida de Vueling, con 39,2 millones; a Easyjet se la penalizó con 29,1 millones; Norwegian fue multada con 1,6 millones de euros, y Volotea, con 1,2 millones. Los recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional buscan hacer valer el citado Reglamento UE1008/2008, por el que se permite la libertad tarifaria en el transporte aéreo. También se apoyan en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), de 2014, en la que se abrió la mano a la tarificación de la maleta en cabina cuando excede “las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones”, sin entrar a fijar cuáles son esas medidas.

Consumo, por su parte, defiende que su sanción está basada en la misma resolución del TJUE del año 2014 y respeta la legislación comunitaria. En otro departamento del Ejecutivo, como es Transportes, la resolución motivó desasosiego por cuanto las cinco empresas multadas están entre los mayores alimentadores de turismo y garantes de la conectividad para el país. Si Consumo, representado por uno de los miembros de Sumar en el Consejo de Ministros, contaba con un informe jurídico de sus abogados, el departamento de Óscar Puente pidió el suyo propio para analizar una acción histórica contra parte del sector aéreo. Fuentes al tanto de la polémica argumentan que varios ministerios, en este caso del PSOE, han defendido de puertas adentro que es la Comisión Europea quien debe dirimir este asunto entre aerolíneas y consumidores, y no un Gobierno en concreto.

De hecho la CE debate con las compañías la fijación de unas medidas estándar del equipaje de mano que pueda subir a la cabina de viajeros sin ser tarificado. A falta de esta solución, las cinco sancionadas en España se sienten fuertemente agraviadas frente al resto del sector y decidieron mantener sus políticas comerciales mientras el caso se mantenga abierto ante la justicia.