Los perceptores del SMI adelantarán este año el IRPF y se les devolverá en la renta de 2026

El choque político entre los socios del Gobierno sobre la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) ha terminado con un acuerdo en el que todos han ganado a medias. Sumar ha logrado el alivio fiscal que exigía para estas rentas, y el PSOE que el beneficio solo dure un ejercicio y que no sea generalizado: la fórmula pactada es una nueva deducción. A falta de conocer los detalles sobre el funcionamiento de esta rebaja impositiva, fuentes gubernamentales trasladan que los trabajadores afectados, que suponen cerca de un 20% de los perceptores del SMI, soportarán retenciones en el IRPF este año, de unos 30 euros al mes, y deberán presentar la declaración de la renta en 2026 si quieren obtener la devolución, aunque no estén obligados a hacerla. Eso porque ganan menos del límite a partir del cual es perceptivo confeccionarla.

El SMI subió este año 50 euros hasta los 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas —16.576 euros brutos anuales—, pero el incremento no fue acompañado por una adecuación en el IRPF que exonerara de tributar a estas rentas, como había ocurrido con los incrementos anteriores. A raíz del alza salarial, cerca de un 20% de los perceptores de SMI, unos 480.000 trabajadores, básicamente solteros sin hijos, han empezado a soportar retenciones en el impuesto por primera vez. El ministerio de Hacienda, liderado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendió que así fuera, argumentando que el SMI ha subido con fuerza en los últimos años, ha alcanzado el 60% del salario medio —como se pactó con su aliado en el Ejecutivo— y no supone una renta de subsistencia. Una postura diametralmente contraria a la de ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que defendió a capa y espada volver a actualizar el impuesto a la subida salariar.

Tras varios rifirrafes, la amenaza de Sumar de aliarse con la oposición en la Mesa del Congreso para lograr la rebaja fiscal y una tensión que se había disparado en los últimos días, los aliados de la coalición de Gobierno han acordado in extremis aliviar a los afectados por la subida del SMI. Sin embargo, el esquema es distinto al aplicado en anteriores ocasiones: en lugar de ampliar la reducción por rendimientos del trabajo, un beneficio fiscal reconocido a las rentas bajas en general, se ha optado por una solución específica que de la que solo se beneficie ese 20% del colectivo y con una duración limitada a este ejercicio, aunque Sumar no descarta que se extienda en el tiempo, lo que requerirá una nueva negociación. El coste de la medida rondará los 200 millones, frente a entre 1.500 y 2.000 millones de la fórmula aplicada los años anteriores.

El acuerdo se plasmará en una enmienda a la ley del IRPF, según adelantan fuentes gubernamentales. A la espera de conocer los detalles y posibles nuevos giros en la negociación, los trabajadores afectados deberán, en principio, presentar la declaración del IRPF, aunque la ley exime de esta obligación a las rentas inferiores a los 22.000 euros procedentes de un solo pagador. En el caso de confeccionarla, la Administración calcula si han pagado más o menos de lo que les correspondía de acuerdo con los tipos autonómicos —la mitad del IRPF está en manos de las comunidades, que pueden establecer cuotas distintas a la estatal— y las posibles deducciones a las que tienen derecho. En otras palabras, ese 20% de perceptores del SMI afectados por el aumento de tributación pagarán este año el IRPF y los podrán solicitar de vuelta en la próxima campaña de la renta. Previsiblemente, habrá que esperar hasta entonces también para saber si volverá a subir el salario mínimo y cuánto, así como si se abrirán nuevas negociaciones sobre su tributación.