La descarbonización y sus dilemas

La lucha contra el cambio climático es sin duda uno de los objetivos más importantes que se ha marcado la Unión Europea, siendo éste un combate que según los científicos pasa por la descarbonización de la economía. En la práctica, la neutralidad de carbono solo es posible acelerando los planes de inversión: la Agencia Internacional de la Energía estima que el gasto necesario para realizar esta transición en Europa se eleva a 500.000 millones de euros cada año de aquí a 2030, o el 2,9% del PIB.

Si bien el informe no detalla la estimación, sí se deduce que la necesidad de inversión sería algo menor en España, por su avance en energías renovables y en electrificación. En todo caso se trata de un esfuerzo ambicioso, habida cuenta de la debilidad de la inversión. En España esta variable no ha recuperado todavía los niveles prepandemia. Y en el conjunto de la UE la trayectoria es algo menos desfavorable, pero tampoco apunta a un avance suficiente para cumplir los objetivos.

No se trata necesariamente de invertir más, ya que la transición podría realizarse en parte con un desvío de recursos destinados a la digitalización o a la vivienda, entre otros (la producción de energías fósiles es insignificante en Europa). Pero el coste de oportunidad debe ser incorporado. Por ejemplo, durante la crisis energética los países más dependientes del gas ruso invirtieron masivamente en soluciones alternativas para evitar el corte del suministro, de modo que ese esfuerzo apenas añadió nueva capacidad productiva. Por tanto, a medio plazo, no es realista descarbonizar sin elevar el volumen total de recursos destinados a la inversión, so pena de penalizar la competitividad.

La paradoja es que Europa dispone de un abultado excedente de ahorro que podría movilizarse para fortalecer el tejido productivo e intentar descarbonizarlo. El volumen de ahorro supera la inversión en una cuantía cercana al 2% del PIB, y en el caso de España el superávit es todavía mayor. En la actualidad el remanente se exporta, sirviendo en parte para fortalecer el capital productivo fuera de Europa. En 2023 la exportación neta de capital se elevó a 119.000 millones de euros (con datos de diferencia neta de activos y de pasivos de IDE hasta el tercer trimestre), siendo las empresas establecidas en EE UU unas de las principales receptoras.

Para que despegue la inversión privada, algo imprescindible para la transición, sería importante reducir los obstáculos al movimiento transfronterizo del ahorro, actualmente lastrado por diferencias de fiscalidad y del marco regulatorio. A este respecto, existe un proyecto de unión financiera, pero lleva mucho tiempo estancado. Otra posible palanca es la inversión pública, y su impacto multiplicador en la privada. Sin embargo, la reactivación de las reglas europeas en materia de déficit y deuda limitan el margen de maniobra en la mayoría de Estados miembro.

España dispone de los fondos europeos, pero de momento los recursos no han ejercido el impulso esperado a nivel agregado. Otra fórmula consistiría en la creación de un instrumento de inversión gestionado por Bruselas para financiar la descarbonización y otras inversiones de interés general. Esta vía se tendría que financiar con nuevas emisiones de nueva deuda mancomunada, algo inaceptable para los países “frugales”, o con recortes en los fondos de cohesión y en la política agrícola común, inaceptables para otros.

El statu quo entraña un riesgo de infrainversión verde y de desgarro del mercado único europeo, socavado por la inflación de subvenciones destinadas a mantener (espuriamente) la competitividad de los países con más capacidad fiscal. Frente a este escenario, en unas declaraciones recientes en contexto de su informe sobre la economía europea, Mario Draghi propone una mayor integración para hacer frente a los desafíos globales. Una vía que supone un esfuerzo de realismo para reconocer los dilemas que se plantean entre objetivos económicos y medioambientales.

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