Qué ayuda conviene más a cada empresa afectada por la dana

Ya han pasado tres semanas desde que la dana azotó con fuerza el mediterráneo. Desde entonces, el tejido empresarial de los municipios afectados por las riadas se encuentra en una situación delicada. Casi 50.000 empresas han visto cómo su negocio quedaba destruido, según los últimos datos de la Cámara de Comercio de Valencia. Para reducir el impacto de la catástrofe, el Gobierno puso en marcha dos paquetes de medidas con más de un centenar de propuestas para reparar las pérdidas y la actividad laboral lo antes posible. Aunque, por el momento, las infraestructuras de las calles siguen dañadas y tras el paso de otra dana, las empresas se recuperan lentamente.

El asunto no es baladí. Las ayudas del Gobierno ya están en marcha, pero ahora son las empresas las que tienen que decidir cuáles son las medidas más viables que tienen encima de la mesa para salir adelante. La recomendación de los expertos consultados es que los negocios soliciten el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). “Es una medida primordial que puede salvar la economía de muchísimos trabajadores y empresas”, expone Luis Gallego, socio de laboral en Auren. Para el letrado, esta herramienta permite ayudar a las empresas, por un lado, porque pueden dejar de pagar el salario de su plantilla y a los empleados, por otro, ya que durante el tiempo que dure el expediente, podrán solicitar la prestación por desempleo. Por ahora, de acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Trabajo, las empresas ya han tramitado más de 1.000 expedientes de ERTE que afectan a más de 15.000 trabajadores, aunque se espera que esta medida afecte a 400.000 empleados y pueda rescatar a unas 30.000 empresas, las más dañadas por el desastre.

Otra posibilidad para auxiliar a las compañías sería utilizar los créditos ICO, como ya se hizo en la pandemia. Estos avales permiten financiar a los empresarios para poder reconstruir sus infraestructuras, recuperar sus equipos y volver a ofrecer servicios de cara al público. No obstante, advierte Gallego, los negocios deben mirar con lupa estos préstamos porque pueden ser un arma de doble filo. “Los créditos son necesarios y puede dar pie a una buena gestión empresarial, pero una mala gestión puede provocar un exceso de endeudamiento y el cierre de la empresa, con los consiguientes perjuicios de aumento del desempleo y otros efectos en proveedores o clientes”.

Los expertos advierten que, pese a que estas medidas están pensadas para rescatar a las empresas afectadas, llevadas al límite podrían llegar a suponer un obstáculo en el día a día de las organizaciones ahora que tienen que levantarse y superar la catástrofe.

Un punto que puede entorpecer el restablecimiento es la obligación de mantener el empleo. Las empresas que se han acogido a las ayudas, como el ERTE por fuerza mayor, no pueden despedir a sus trabajadores durante los seis meses siguientes de finalizar el periodo del expediente. En caso contrario, los empresarios tendrán que devolver todas las subvenciones que les ha proporcionado el Gobierno. Esta cuestión, como comenta Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de los Graduados Sociales de España, es una espada de Damocles para los negocios que, a diferencia de en la pandemia, no solo deben hacerse cargo de la nómina de sus trabajadores, sino que también tienen que hacer frente a una ola de gastos para recuperar sus estructuras. “Hay que velar por mantener el empleo de los trabajadores, pero cuando la empresa esté viva y no derruida, no podemos seguir cargando a las empresas con costes porque en estos momentos su viabilidad se resiente por sueldos y salarios que igual no pueden pagar”, dice Merchán.

Permisos retribuidos

Otro frente abierto son los permisos retribuidos. Con el paquete de medidas los trabajadores podrán faltar al trabajo por causas excepcionales ocasionadas por la dana, como la imposibilidad de llegar al lugar de trabajo o de teletrabajar, ausentarse por labores de búsqueda, o por fallecimiento o cuidado de un familiar, entre otras. Esta medida, según Estela Martín, abogada laboralista, es un golpe para los pequeños negocios: “Una peluquería o un taller con dos o tres empleados que se encuentran en una zona afectada por la dana va a estar semanas sin poder trabajar, y el impacto es enorme porque muchas no se pueden permitir pagar esos permisos como lo podría hacer una mediana o gran empresa”.

Además, Jorge Sarazá, socio laboral en Ceca Magán, encuentra una falla en la redacción del texto sobre la concesión de estos permisos. “Es necesario que se concedan estos permisos a los trabajadores, pero el texto no deja claro lo que se entiende por imposibilidad para llegar al trabajo ni cómo se tiene que acreditar y tampoco se ha limitado el número de días”. El letrado cree que hay que acotar los casos en los que se puede utilizar estos permisos porque “pueden dar lugar a situaciones de picaresca, de abuso o de indefinición jurídica para las empresas”.

España es un país de pymes. El 99,8% del tejido empresarial está compuesto por este nicho. Por esa razón, opinan los laboralistas consultados, el Gobierno tiene que reconsiderar sus propuestas para dar un respiro a los negocios afectados por la catástrofe. Para salvar a las empresas de la dana, defiende Joaquín Merchán, es necesario que “el Estado se haga cargo de los costes de los permisos retribuidos, que se incluyan en los presupuestos generales. Hay que liberar más a las empresas porque en caso contrario se van a ver aún más afectadas”.