Los activistas que alzaron la pancarta de la vivienda

Los viernes por la tarde, en esta librería del centro de Madrid, se oyen relatos sobre los peores atropellos de los caseros. Aquí, en Ateneo La Maliciosa, los activistas del Sindicato de inquilinas e inquilinos reciben a personas que describen situaciones a menudo dramáticas relacionadas con la crisis del alquiler. El micro pasa de mano en mano. Hablan Cristina, una mujer con discapacidad que vive en un trastero con las paredes cubiertas de hongos y que se enfrenta a un desahucio; Olalla, a la que le han notificado una subida repentina de 300 euros, con una antelación menor a la exigida por ley; o Lili, denunciada por su casero por haberlo llamado especulador en una protesta recogida por los medios de comunicación.

Los activistas conocen sus casos de anteriores reuniones, y en esta asamblea, hace dos viernes, los afectados les ponen al día. El micro llega a Juan Carlos Cruz, que se pasó de enero a junio recibiendo la visita de una empresa de “desokupación”, D.I.O. Exprés, a la que él ha denunciado por coacciones. Hoy tiene un anuncio relevante: “Por sorpresa, la semana pasada nos enteramos de que el juicio se llevó a cabo sin habernos notificado. Por tanto, estos señores han sido absueltos”. La noticia apenas causa asombro. A ojos de estos activistas, las polémicas empresas de mediación inmobiliaria gozan de la complicidad de parte de la prensa, la policía y los jueces.

Cruz, de 50 años, buscó la ayuda del sindicato en abril, cuando él y su hermana vivían “aterrorizados”. Tres tipos corpulentos, encapuchados y vestidos de negro se presentaban en su puerta para aporrearla y gritarles que eran okupas. Una amiga le recomendó que expusiera su caso en una asamblea. En su primera reunión, contó que en 22 años como inquilino en ese piso nunca había dejado de pagar la mensualidad. Según relató, la propietaria, que recibió el piso tras una herencia, quería deshacerse de ellos por las malas. Como primera medida los activistas enviaron una carta a la propietaria, pidiéndole que dejara de enviar a los individuos de D.I.O. y que buscara una solución negociada. Al ver que las visitas intimidantes no cesaban, organizaron una protesta en la sede de la empresa, en la calle Hermosilla del distrito de Salamanca. Según Cruz, tras esta acción, que apareció en prensa, se acabó el “acoso”.

La propietaria no ha contestado a EL PAÍS y el dueño de la empresa D.I.O., Francisco Fernández, asegura que sus empleados actuaron “educadamente” y que el 31 de enero rompieron su contrato con la casera porque les había dado información no veraz. Cruz ha enviado a este periódico fotografías de hombres encapuchados vistos desde una mirilla y denuncias a la Policía posteriores a enero. Según se lee, les gritaron amenazas como: “¡Os vais a enterar de quiénes somos!”.

Cruz, que acude al psicólogo desde que comenzó este episodio, aún pasa miedo al salir de casa. Al terminar la asamblea, mientras los activistas charlan distendidamente en la librería, cuenta que el sindicato se ha convertido en un sostén vital. “Sin el sindicato a lo mejor no estaba ni en el planeta, porque esto es para quitarle las ganas de vivir a cualquiera”.

Los sindicatos de inquilinas nacieron en Barcelona y Madrid en 2017 como organizaciones con carácter local e independientes de los partidos políticos, para defender a los afectados por los abusos en el mercado del alquiler. Eligieron el nombre de sindicato inspirados en las Tenant Unions o Housing Asociations que existen en países europeos. El protagonismo que han ganado desde entonces es un reflejo del cambio en el ciclo inmobiliario. El alquiler, que antaño era relativamente residual, se ha convertido en la única opción para grandes capas de la sociedad.

Las asociaciones cuentan con 4.000 afiliados en Barcelona y 1.300 en Madrid, según sus cifras. Se financian con cuotas de los afiliados, según las posibilidades de cada uno. Algunos, agradecidos, donan toda una mensualidad de su sueldo o la fianza que han recuperado. Gracias a estos fondos, cuentan con una pequeña plantilla y se protegen de la inestabilidad que aqueja a otras asociaciones. Sus asambleas son termómetros de los problemas de acceso a la vivienda y sus campañas han conseguido introducirlos en la agenda pública.

Vivir de alquiler es una relación desigual que supone un conflicto latente, según la visión del sindicato. Ese conflicto puede activarse en cualquier momento, convirtiéndote en afectado. Ocurre el día en que un casero manda un whatsapp anunciando una subida excesiva o reclamando falsamente el piso para uno de sus hijos. En las asambleas, los militantes veteranos asesoran a los recién llegados sobre cómo resolver sus problemas, pero todos son conscientes de que cualquier día, el rol se puede intercambiar.

“Aunque veas diferencias de clase o niveles de estudios, todas somos inquilinas”, dice Pablo Pérez, politólogo de 29 años que trabaja en un instituto de investigación sobre vivienda. “Todas somos susceptibles de sufrir las consecuencias de este sistema”.

El sindicato madrileño espera una movilización multitudinaria este domingo. Sin embargo, tienen poca fe en que la marcha sirva para espolear a los políticos y conseguir reformas de calado. Sí esperan que impulse una forma masiva y coordinada de desobediencia civil, la “huelga de alquileres”, una idea que han promovido desde su origen, inspirados por la que hubo en Barcelona en 1931. Se intentó sin éxito durante la pandemia y en las semanas previas a esta marcha, varios miembros la han alentado en artículos de prensa. Según lo ha explicado un antiguo representante, ahora académico en la UNED, Javier Gil, se trata de dejar de pagar a los caseros lo que exigen y en su lugar pagar un “precio aceptable”. Gil se preguntaba en El Salto: “¿Será la movilización en Madrid el punto de inflexión?”.

El camino del movimiento

El movimiento por la vivienda ha tenido distintas fases desde los sesenta, haciéndose fuerte cada vez que estallaba una crisis habitacional. Durante el tardofranquismo, cuando el chabolismo era un grave problema en las grandes ciudades, este activismo estuvo muy vinculado a las asociaciones de vecinos. Antes de la crisis de 2008, surgió en Barcelona V de Vivienda, cuando comprar un piso era inalcanzable por los precios de locura y de la capital catalana salió el lema “No vas a tener casa en la puta vida”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau en el núcleo de fundadores, celebra su primer encuentro en 2009, con la burbuja ya pinchada y un nuevo drama: el de las familias que no pueden pagar la hipoteca. La PAH descubrió que, según la ley, el impago de cuotas condenaba a las familias a la calle y a cargar con la deuda. Diseñaron la fórmula del asesoramiento comunitario: asambleas en los que los afectados exponen sus casos, aprenden conjuntamente, paran desahucios con su cuerpo (defendían que si no era ilegal, era ilegítimo) y adoptan el doble rol de afectado y activista.

Entre esos fundadores estaba Lucía Delgado, portavoz hasta hace pocos meses y hoy técnica del área de vivienda del Observatorio DESCA, que aporta materia gris tanto a la PAH como al Sindicato de inquilinas. “La primera victoria de la PAH fue conseguir un cambio de imaginario: que las familias dejaran de sentirse culpables por no poder pagar y se dieran cuenta que eran víctimas de un sistema financiero y político, y de una ley injusta”, reivindica Delgado.

Sin dejar de frenar desahucios, la PAH consiguió un millón y medio de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hipotecaria que pedía una moratoria de lanzamientos, trato diferenciado para las familias vulnerables y regular la dación en pago. “Son cuestiones súper vigentes”, destaca. Solo se ha conseguido que algunos bancos acepten la dación en pago (la familia se libra de la deuda entregando la vivienda), pero esta opción no es obligatoria para las entidades de crédito.

Solo en Cataluña, la PAH llegó a tener 70 asambleas municipales activas. Y lanzó campañas como la Obra social de la PAH, que promovía que los desahuciados ocuparan las viviendas de las que habían sido expulsados y permanecían vacías. “Esas ocupaciones que tuvieron un gran consenso social, ya no lo tienen y se ha impuesto el imaginario criminalizador de que la gente ocupa porque quiere y no porque no tiene otro remedio”, apunta Delgado. Recuerda que en Cataluña “la mayoría de personas que ocupan lo hacen en pisos de bancos o fondos y son madres solas con menores que trabajan y están en la lista de espera de pisos de emergencia”. De hecho, un informe reciente señalaba que el origen del chabolismo y las ocupaciones es el mismo.

El otro gran logro de la PAH y otras entidades, “que se estudia en todo el mundo”, fue la ley 24/2015, todavía vigente, que obliga a la banca a permitir que las familias vulnerables se queden en los pisos por la cantidad que puedan pagar y les impide cortar los suministros.

Parado el golpe de las hipotecas, los sindicatos de inquilinas surgieron el 12 de mayo de 2017 en Madrid y Barcelona gracias al impulso en la capital catalana de media docena de entidades y centros de estudio, cuando subió el listón para comprar y el alza de precios se trasladó a los alquileres. Uno de los fundadores, Jaime Palomera, enumera una serie de normas favorables a los caseros que precedieron al origen de esta organización: “Veníamos de 2013, con el PP en el Gobierno que había aprobado la golden visa, cambios legislativos para atraer capital internacional al negocio del alquiler (con bonificaciones fiscales a las sociedades de alquiler o fondos internacionales) y con la reducción de la duración de los contratos de alquiler LAU de cinco a tres años”.

Los sindicatos impulsaron que en 2019 los contratos se volvieran a alargar a cinco años a nivel estatal y tuvieron un enorme protagonismo en la primera limitación del precio del alquiler, en Cataluña en 2020, y luego en la Ley estatal de Vivienda de 2023, que extiende ese tope a todo el país (aunque solo Cataluña ha adoptado por ahora ese límite). Tras centrar parte de su estrategia en cohesionar a los inquilinos amenazados de edificios enteros para que los caseros negocien con todos a la vez y no uno a uno, ahora su guerra es la regulación del alquiler de temporada, la fórmula a la que recurren los propietarios para esquivar el tope de precio.

“Pagas muy poco”

En Madrid, el sindicato se unió a los planes de la manifestación de este domingo después de que la idea surgiera en julio, durante una reunión online de la Plataforma por el derecho a la vivienda de Madrid, que había nacido en octubre de 2023, y donde sí está la PAH, además de otras organizaciones como CC OO, UGT, la federación de asociaciones de vecinos o Amnistía Internacional.

Los activistas llevan años esperando una movilización masiva, pero paradójicamente, Barcelona no saldrá a la calle. Pese a la fortaleza del movimiento por el derecho a la vivienda en Cataluña, las manifestaciones por esta cuestión no han sido nunca masivas, con un techo alrededor de 15.000 personas. Las decenas de entidades convocantes de Madrid anunciaron fecha cuando las de la capital catalana ya tenían prevista otra protesta, contra la Copa del América de Vela, a la que el Sindicat está llamando a acudir. La decisión unilateral causó cierto malestar.

Con todo, una movilización multitudinaria podría suponer un punto de inflexión para todo el país. Esa sensación de oportunidad se palpaba esta semana en las reuniones en Madrid. Han organizado paellas, mesas informativas y pegadas de sus propios carteles de convocatoria: “¡Se acabó! ¡Bajemos los alquileres!”, se lee junto a una torre de viviendas que se derrumba. “Hemos crecido muchísimo”, dice el politólogo Pablo Pérez, “eso es una pena porque es un reflejo de que la situación es cada vez peor”.

El sindicato tiene filiales o “nodos” en zonas especialmente conflictivas: Puerta del Ángel, Usera, Ciudad Lineal y municipios del sur. En la asamblea celebrada el lunes en el nodo de Ciudad Lineal, habla una recién llegada, Sara Milena García, que vive con su marido, una bebé de 14 meses y otra hija de ocho años. Se enfrentan a un juicio de desahucio por un retraso en los pagos de su mensualidad de 650 euros en la calle Alcalá. Su casera, tras diez años, lleva tiempo avisándole de que tiene demasiada suerte: “Es que pagas muy poco, Sara”.

“Yo he sido una buena inquilina”, cuenta en la reunión. Y al decirlo rompe a llorar. Tras recuperar el aliento, explica que lleva años ocupándose de las reparaciones y que la casera no se quiere hacer cargo de fumigar las cucarachas del piso. Los activistas le encargan tareas. Le piden que investigue a su casera. La web del sindicato tiene un apartado donde da instrucciones sobre cómo hacerlo. Recuerdan que el 41,4% de los alquileres de vivienda en España no se declaran al fisco, según datos del colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Descubrir irregularidades de los dueños de la propiedad es un arma que los debilita en una negociación.

―El impago mío fue porque no puede ser que cada vez que se daña algo importante tenga que pagarlo yo.

―Me gusta tu actitud. Aquí nos gusta esa actitud de pelear porque no puede ser que los caseros siempre quieran ganarse la plata sin trabajar.