Manuel Castells: “Podríamos aprobar la ley del Sistema Universitario mañana, pero quiero que sea consensuada”

El ministro Manuel Castells (Hellín, Albacete, 79 años) se ha comprometido con Bruselas a sacar adelante la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), llamada a modernizar unos campus regidos aún por una norma de 2001 (LOU) reformada en 2007. El insigne profesor de sociolo...

El ministro Manuel Castells (Hellín, Albacete, 79 años) se ha comprometido con Bruselas a sacar adelante la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), llamada a modernizar unos campus regidos aún por una norma de 2001 (LOU) reformada en 2007. El insigne profesor de sociología de Berkeley y la Universitat Oberta de Catalunya asegura tener, con algún ajuste, el apoyo suficiente en el Congreso, pero ahora trata de ganarse a la comunidad universitaria, de la que anda distanciado tras una legislatura de muy buena relación. Los rectores se negaron en noviembre a emitir un informe preceptivo de la LOSU ―con el argumento de que no era el proyecto definitivo― y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado convocó un paro académico que no tuvo seguimiento. Con ánimo de consensuar, pero con el convencimiento de que habrá ley sí o sí ―“un Gobierno no puede ser tampoco simplemente un convenio colectivo”―, Castells recibió el pasado jueves a este diario en su ministerio.

Pregunta. Los exministros socialistas José María Maravall y Mercedes Cabrera y el popular José Ignacio Wert han coincidido en el diagnóstico del sistema universitario. ¿Por qué luego no sale adelante una ley de todos?

Respuesta. En la comunidad universitaria hay distintas posturas ideológicas y políticas que se transportan al modelo universitario. ¿Eso hace imposible una ley? No, significa que lleva trabajo y esfuerzo. Llevamos más de un año reuniéndonos y vamos a seguir. No quiero llevar al Congreso una ley que no esté lo más consensuada posible con los diversos sectores. Si se revela que hay vetos cruzados que lo hacen imposible, pues habrá que rendirse a la evidencia, porque una ley tiene que salir y va a salir. Habrá una ley en el próximo semestre, seguro, seguro, pero tiene que ser lo más consensuada posible. Me hubiese gustado hacer la ley más rápido, porque tiene ligados una promesa de financiación y un estatuto del profesor docente e investigador. Esta ley —y todavía se va a cambiar— está hecha para durar. No nos precipitemos. Sin prisa, pero sin pausa.

P. ¿Se contempla la posibilidad de que rectores y estudiantes no cedan?

R. La ley la podíamos aprobar mañana. Tenemos básicamente los votos con algunos ajustes, pero quiero una ley consensuada. Si se constataran, algo que no creo, oposiciones irreductibles y contradictorias habrá que gobernar. Un Gobierno no puede ser tampoco simplemente un convenio colectivo. Pero en lo que llevamos de mes, se han hecho cambios y el ambiente no está ya enrarecido.

Será posible el 3+2 cuando los másteres estén al precio del grado”

P. ¿Qué se ha desbloqueado en los últimos días?

R. Fundamentalmente, los temas de PDI [Personal Docente Investigador]: cómo acabar con la temporalidad de forma gradual; se ha explicado realmente quién [de los asociados] puede ser integrado en plantilla, o que los rectores podrán elegir a un tercio de los miembros del consejo de gobierno. Lo que les he pedido con insistencia es que, por favor, sean específicos. Hay opiniones que están ideologizadas y son genéricas y, cuando entras en los puntos concretos, no hay tales disensos. En el caso de los rectores catalanes, el 90% de lo que piden está en la ley. Luego hablan de legislar cosas desde Cataluña, que no se puede.

P. Los rectores catalanes negociarán con Esquerra, vital en la votación, para tratar de que la ley se apruebe como quieren. ¿Qué piden?

R. Un tema que no está en la LOSU: el famoso 3+2 [tres años de grado y dos de posgrado]. Es algo que puede reformarse y para eso lo pusimos en el decreto de Ordenación de Enseñanzas.

P. O sea, ¿que puede que siga habiendo carreras de tres años?

R. Será posible el día que los másteres oficiales estén al mismo precio que los grados. De los 24 grados de tres años, 17 se ofertan en Cataluña. Pero no es una crisis para poner patas arriba el sistema universitario.

P. ¿Son mayores los obstáculos entre facciones ideológicas o entre sectores corporativos?

R. Diría que los dos. Antes de conocer el clima político, declaré que aspiraba a hacer un pacto de Estado de universidades. Ojalá, pero he ido perdiendo esperanza. Una vez aprobada la ley en el Consejo de Ministros, traté de ver los vetos cruzados. Hice una reunión conjunta con los grandes actores ―rectores, estudiantes, sindicatos, consejos sociales y las comunidades― y, o no hablaban, o se repetían. Todo el mundo estuvo muy amable, pero las posiciones no se movieron mucho y tuvimos que volver a las negociaciones con los sectores.

Los estudiantes se sienten maltratados y reaccionan pidiendo más poder”

P. ¿Cuándo se ha roto su idilio con los estudiantes? Si hasta llevaba sus camisetas...

R. Y las seguiré llevando, sigo siendo muy reivindicativo. Algunos líderes estudiantiles me dijeron: “Ministro, sabe que lo que tenemos que hacer es protestar, porque si no, perdemos la razón de ser”. Y estoy bastante de acuerdo, es lo que yo hacía a su edad, pero esperaba que no dijesen cosas que saben que no son verdad. Por ejemplo, que habíamos limitado su participación, cuando la hemos aumentado [25% en todos los órganos de dirección salvo el consejo de gobierno, donde serían un 10%], pese a que muchos rectores no quieren. Los estudiantes se sienten muy maltratados y reaccionan pidiendo más poder, cuando hay poco en la Universidad.

P. ¿Y tienen razón?

R. En las condiciones económicas sí. Todo el mundo pensó que con mi trayectoria internacional iba a hacer grandes proyectos, pero empecé por las becas y las tasas. Materialismo vulgar. Se rompió la confianza por un malentendido en la Ley de Convivencia Universitaria. La habíamos consensuado bien durante meses con la CRUE [conferencia de rectores] y los estudiantes, pero las leyes pasan por el Congreso y Esquerra puso una enmienda a la totalidad y hubo que negociar ―yo no―, pero ahora la mediación sigue siendo el corazón de la ley de convivencia. Luego se cambió esa ley [con una enmienda del PNV], pero ya habían convocado una movilización y, por el mismo precio, añadieron la LOSU argumentando que bajábamos su representación. Falso. No sé por qué lo dijeron, me imagino que para movilizar más.

P. ¿Se ha sentido traicionado por los estudiantes?

R. No, pero sí soy más consciente de los límites del sistema universitario. En varias de las reuniones les dije a todos: “Si queréis que os haga un modelo rompedor a nivel internacional, me dejáis dos tardes con mi equipo y lo hacemos. Eso es fácil”. El problema es que hay que hacerlo con los actores y las condiciones de este país. Si se intenta otra cosa, es despotismo ilustrado. Aparte, la llamada oposición sistemáticamente se opone a cualquier ley. Hace poco presenté el presupuesto de universidades en el Congreso, que era muy técnico, y la diputada del PP sacó una lista de whatsapps que, según ella, reflejaban la opinión de los estudiantes y la colgó de la tribuna.

Algunas comunidades tienen una política de intentar desplazar el peso del sistema hacia la universidad privada”

P. Si la ley Celaá se compromete a destinar al menos un 5% del PIB a educación (incluida la universitaria), ¿por qué la LOSU remite a esa norma y no suscribe el compromiso para las universidades?

R. Mientras no se aclare el panorama económico, el Gobierno no quiere poner otro numerito más. Pero al menos el 5% del PIB es un número potente. Ahora estamos más o menos en el 4%.

P. Tres comunidades amagaron con destinar los fondos extra covid de las universidades a otros menesteres. ¿Realmente cree que van a invertir más?

R. Hubo lío y luego devolvieron los fondos. Entre las comunidades hay grandes diferencias en su compromiso. ¿Que no tienen fondos? Sí y no. En 2021 las transferencias netas del Estado han sido de 146.500 millones. Y las comunidades dicen: “Sí ya, pero de ahí tengo que pagar todo: sanidad, educación obligatoria, policías autonómicas, carreteras…”. Ha habido un incremento de un 11% sobre los presupuestos anteriores, y a lo mejor pueden darle una parte a Universidades. El rector de Santiago me dijo el otro día que la Xunta les había subido un 6% [la financiación]. Hay comunidades que lo están haciendo bien y otras que tienen una política de intentar desplazar el peso del sistema hacia la universidad privada. Como constitucionalmente no hay posibilidad de dar transferencias finalistas del Gobierno a las comunidades, en el ministerio buscamos ―si disponemos de presupuesto― las vías legales para hacer subvenciones directas, como 530 millones de fondos europeos [para recualificación de la plantilla y digitalización]. Vamos a buscar formas de responder a la petición de la CRUE de un programa de fortalecimiento del sistema universitario mediante subvención directa y financiación por objetivos.

Hay que acabar con la idea de que un estatus determina el siguiente estatus”

P. ¿Están dispuestos a dejar que solo los catedráticos puedan ser rectores?

R. ¡Qué lío con eso! No, algunas cosas son de sentido común. No hemos dicho que tienen que ser rectores los profesores titulares o los catedráticos, hemos cambiado un criterio de rango por uno de méritos: tres sexenios de investigación, tres quinquenios de enseñanza y años de experiencia de gestión. Si hay algún catedrático que no tenga esto, no debería poder ser rector. Hay que acabar con la idea de que un estatus determina el siguiente estatus, y pasar a una idea meritocrática, no burocrática.

P. Los rectores no quieren reservar el 15% de las plazas para profesores asociados. ¿Hay otra fórmula para atajar la precariedad?

R. Ya están menos en contra. Lo de los asociados se entiende cuando se explica bien. Es para gente que sea doctor, esté acreditada y lleve al menos cinco años enseñando en la universidad, e incluye un número más amplio de personal, como los sustitutos. Eso reduce extraordinariamente el problema en términos cuantitativos, aunque algunas universidades tienen tal masa de falsos asociados que sigue siendo un horror. Algunos asociados cobran 400 euros y sin perspectiva de contrato. Las jubilaciones, por un lado, y la financiación, por otro, van a ayudar a resolver el problema. Si la LOSU tuviera que aplicarse de golpe sería imposible, pero habrá disposiciones transitorias y graduales para que el sistema se estabilice poco a poco. No podemos salir en un año y a la fuerza de 20 años caóticos de escasez, desorganización y semilegalidad [en la universidad].

P. El 34% de los catedráticos (3.600) y el 60% de los titulares (16.200) no han demostrado producir ciencia de calidad en su carrera, mientras que los nuevos se dejan la vida. Algo no funciona.

R. No hay suficientes plazas y los mecanismos de selección tienen peligros endogámicos. En los próximos años se jubilan entre el 30% y el 50% de los profesores permanentes y esas plazas, sí o sí, hay que reponerlas. Hemos conseguido una tasa de reposición del 120% [entran 12 profesores por cada 10 jubilados] y la cuestión es que las plazas vayan a los mejores candidatos, estén o no en esa universidad. En lugar de eso de “ya tengo tu plaza”, y que no se presente otro porque no va a aprobar. Hemos introducido una ruptura con la endogamia. En los tribunales la universidad tiene que estar en minoría y la mayoría de los que entren en la comisión serán elegidos a suerte en un registro nacional e internacional.

La Ley de Ciencia y la LOSU son absolutamente compatibles y complementarias”

P. El catedrático Antonio Cabrales cuenta que en el University College de Londres los investigadores eligen a quién se contrata y nadie es tan tonto de seleccionar a alguien que no va a traer luego fondos al departamento. ¿En España es inviable?

R. Yo he enseñado en Cambridge y he visto muchos tontos amigos del departamento. Hay una tendencia de los que hemos estado en el extranjero a decir que en los países civilizados de verdad no pasan estas cosas, y sí que pasan. Los perfiles de los puestos no pueden ser tan personalizados. Hay que buscar la fórmula para abrir las ventanas, es una cultura.

P. ¿Tiene sentido hacer una ley de ciencia y otra de universidades desde dos ministerios distintos, cuando las normas están tan interrelacionadas?

R. Hay una comisión mixta de los ministerios de Universidades, Sanidad y Ciencia que se reúne regularmente; pero, además, de manera informal desde julio, nos reunimos con la ministra de Ciencia [Diana Morant] y su equipo cada semana, entre otras cosas para coordinar la reforma de la Ley de Ciencia y la LOSU. Son dos leyes gemelas.

P. Usted, hasta el día que le hicieron ministro, estaba en contra de la existencia de dos departamentos.

R. Hay acuerdos con los que podemos vivir si hay buena voluntad y no te fijas en quién tiene el poder, sino en cómo se pueden resolver los problemas. La Ley de Ciencia y la LOSU son absolutamente compatibles y complementarias. Se verá antes del verano próximo.

Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.