El Gobierno impulsa el relevo universitario: por cada 10 profesores jubilados se podrán convocar 12 plazas

Los Presupuestos Generales del Estado 2022 incluyen como sector prioritario a las universidades públicas (50), de tal manera que por cada 10 profesores que se jubilen el próximo año van a poder convocarse 12 plazas. Los campus ―especialmente los fundados antes de la democracia y en sus primeros años― viven un alarmante envejecimiento de sus plantillas mientras su relevo joven, que ha acumulado muchos méritos mientras espera su turno, vive en condiciones muy precarias. El Ministerio de Universidades calcula que el 53,5% del profesorado permanente podrá jubilarse en los próximos 10 años.

Esta tasa de reposición (que el Gobierno fija cada año para cada cuerpo de los empleados públicos) se aplicará también al PAS (Personal de Administración y Servicios), que ha sufrido una merma aún mayor en los últimos años, pese a que en España el índice de técnicos de laboratorio o administrativos está a años luz de Europa. Para este proceso de relevo, el Ejecutivo necesita la complicidad de los gobiernos autonómicos, encargados de convocar las plazas y pagar los salarios.

Una tasa de reposición del 120% como esta es algo excepcional, al menos en el ministerio no tienen noticia de que haya ocurrido antes. Tradicionalmente se reemplazaba al 100% de la plantilla, pero el porcentaje se redujo en plena crisis económica al 30% (tres de cada 10 jubilados) en 2011, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Ahí empezó la debacle: el ministro Cristóbal Montoro (PP) fijó un 10% de 2012 a 2014 y lo elevó al 50% en 2015 y 2016.

El relevo total se recuperó en 2017 y en 2021 se han convocado 11 plazas por cada 10 jubilaciones. Pero esa recuperación se queda todavía muy corta para dar la vuelta a la situación de precarización de las plantillas creada durante los años de penuria. De 2012 a 2018, los funcionarios y los interinos docentes disminuyeron un 13,7% (6.731) y aumentaron un 11,3% los laborales (5.664). “No es cuestión solo de reponer al que se va, sino de recuperar todas las plazas que se han perdido en los últimos años, en especial entre el PAS”, opina Encina González, responsable de Universidades de Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario.

La hemorragia es un hecho. Las estadísticas muestran que desde 2016 a 2023 se van a perder 16.200 docentes fijos (el 16,76% de su plantilla). Entre ellos, la mitad de los catedráticos (unos 5.400) y 6.300 de los profesores titulares (casi el 20%). Y, a medio plazo, la situación empeora. El 90% de los catedráticos se habrá jubilado en 10 años. Mucho talento español salió con la anterior crisis y resultará muy complicado que vuelva con los sueldos nacionales muy por debajo de los del entorno europeo.

“Se reserva el 15% de las plazas de profesor permanente a doctores que provengan de programas de excelencia internacionales para nutrir a las universidades de una cantera de talento que mantenga las sinergias entre el mundo de la ciencia y el académico”, explicó el lunes José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades, durante la presentación en el Congreso de los presupuestos de su ministerio.

Los rectores, contentos con un relevo del 120%, ponen un gran pero: la autonomía. Preferirían que no hubiese tasa de reposición y ser ellos mismos los que tracen su propio plan según sus presupuestos (ahora muy bajos) rindiendo cuentas del gasto.

La sindicalista de CC OO también cree que no debería existir la tasa de reposición, de modo “que las autonomías y las universidades establezcan sus planes”. Y le preocupa que los gobiernos autonómicos no tengan suficiente financiación: “En la última reunión sectorial, varios dijeron que estaban al límite”. Ahora apenas hay 44 profesores titulares entre los 30 y 34 años en una plantilla total de 100.000 profesores universitarios, lo que da idea del envejecimiento de los campus públicos.

Pingarrón reconoció que el gasto público en educación superior fue de 10.500 millones en 2009 y de 9.800 millones una década después, y confía en un pacto entre las comunidades y el Ejecutivo que ponga a España en la senda del gasto del resto de la Unión Europea. La inversión total en educación en España es del 4,2% del PIB, frente al 5% de media de la UE.

Grandes diferencias entre campus

La falta de autonomía lleva a situaciones extremas, como la de la Universidad Rey Juan Carlos, que pese a tener un remanente de 48 millones de euros en sus arcas no puede invertirlos en su plantilla pese a estar en una situación muy precaria: hay 395 profesores visitantes con contrato laboral, cuando la mayoría no pasan una estancia en el campus, sino que trabajan allí desde hace años. La edad media de los profesores funcionarios en España es de 55 años, 46 en el caso de los contratados doctor.

Las diferencias entre los campus públicos son enormes y van paralelas a la antigüedad de cada institución. De forma que la Pablo de Olavide de Sevilla ―la penúltima pública, creada en 1997― cuenta con un 5,88% del profesorado en edad próxima de jubilación (de 60 a 68 años) frente al 21% de La Laguna, creada en 1913. Todos los campus veteranos sufren grandes problemas de jubilaciones ―Politécnica de Madrid, Granada, Córdoba o Valladolid―, que dejan departamentos despoblados de plantilla fija. Pero la tasa es también un quebradero para las nuevas instituciones (Girona, Burgos o Jaén) que al no contar con relevos no tienen opción para estabilizar a los jóvenes con puestos fijos.

Javier Montero es vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, que tiene en proceso de jubilarse al 18% de la plantilla. Su máxima preocupación no es tanto que “de forma abrupta se jubile tanta gente”, sino la compensación: “Hay departamentos en los que se van tres catedráticos a la vez y no ha podido haber una estrategia para el relevo. La tasa de reposición ha hecho mucho daño”. Porque, insiste, no es solo la persona que se va, también lo que se lleva con él: su experiencia y red de contactos. “Cuando un departamento participa conjuntamente en un proyecto internacional, mucho depende de la confianza del que está en cabeza y hay gente joven muy prometedora, pero tardará unos años en tener esa red”.

Montero explica que en determinadas áreas, como la suya, Estadística, o Matemáticas no hay relevo porque los nuevos graduados no están interesados en la carrera académica: “Tienen buenas perspectivas profesionales a corto plazo y no quieren estar ganando 1.000 euros cuatro años, con una carrera incierta”.

Al canario David Quinto, presidente de la federación FJI-Precarios ―que representa a los jóvenes investigadores―, le preocupa que el esfuerzo no se mantenga en el tiempo, pues la tasa de reposición se tiene que fijar cada año en los presupuestos. “Si sigue, estupendo, pero nos tememos que vuelva a crearse un nuevo tapón en el futuro. En los años ochenta se crearon muchas facultades y plazas de forma generalizada ―los que ahora se están jubilando― sin los requerimientos que hay ahora [no había que pasar la acreditación de la ANECA] y eso taponó a los siguientes”. A finales de año se le termina su contrato postdoctoral y “después el abismo”, augura.

Si la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) es aprobada, el 15% de las plazas tendrán en los próximos años que reservarse para los profesores que ya están trabajando en la universidad como asociados doctores, que han pasado a ser uno de cada tres docentes. Los rectores están en contra de este cupo, pues consideran que deben de competir en igualdad de condiciones. Los asociados deberían tener un trabajo principal y las clases ser un complemento, pero de facto hay muchos de estos docentes que pasan todo su tiempo en la universidad “con un salario frecuentemente por debajo del salario mínimo”, según reconocen documentos con los que el ministerio ha negociado el Estatuto del PDI (Personal Docente Investigador).

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