El Gobierno de Aragón estudia multar con hasta 300.000 euros la apertura de una fosa

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se enfrenta a una posible multa de entre 60.101 y 300.506 euros por la apertura de una fosa común en Valderarnero (Calatayud) el pasado 17 de julio. El Gobierno de Aragón ha remitido una carta al colectivo informándole de que considera que ha incumplido la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés al exhumar los restos de dos fusilados de la Guerra Civil sin la autorización del Director General responsable del Patrimonio Cultural, lo que, según su régimen sancionador, supondría una "infracción grave" castigada con multas de hasta 300.506 euros. En la carta, el Gobierno de Aragón le pide a la ARMH que le envíe un informe detallado de las actuaciones realizadas con el fin de valorar el expediente sancionador. El director general de patrimonio daba un plazo de 20 días para el envío de este informe. Ese plazo expiró el pasado viernes.

El vicepresidente de la ARMH, Santiago Macías, confía en que el Gobierno de Aragón no cumpla su amenaza. "Si lo hace, estará castigando a los familiares de las víctimas, que son los que promueven la apertura de esta y de todas las fosas. Nosotros no vamos abriendo fosas por España; a nosotros nos llaman los familiares para pedirnos ayuda y cuando se puede, exhumamos los restos. En este caso, pedimos permiso al ayuntamiento de Calatayud, que además, era propietario del terreno donde se encontraba el enterramiento clandestino y nos lo dio. En un principio íbamos a hacer sólo una prospección, pero los restos aparecieron porque estaban a apenas 20 centímetros del suelo y no podíamos dejarlos allí", explica.

La ARMH recuperó en esta fosa los restos de dos republicanos fusilados en 1936. Para el Gobierno de Aragón se trata de un yacimiento arqueológico que como tal está protegido por la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés. En la carta remitida a la asociación, explican que al ser advertidos de la exhumación de Calatayud, enviaron a tres técnicos acompañados por el Consejero de Obras del Ayuntamiento de Calatayud, Miguel Lavilla, y constataron la intervención arqueológica y la posterior retirada de los restos óseos localizados.