Aprobado el 'blindaje' tributario vasco con la ausencia de los senadores vascos del PP

El Senado ha aprobado definitivamente la modificación de las leyes necesaria para que las normas fiscales emanadas de las Juntas Generales del País Vasco adquieran rango de ley y sólo puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional, como el de sus equivalentes de otras comunidades autónomas; una reforma denominada blindaje del concierto económico. El blindaje de las normas tributarias vascas les dará una mayor seguridad jurídica porque ya no podrán ser impugnadas ante las instancias ordinarias como ocurría hasta ahora. La votación ha cosechado 132 síes, 114 noes y una abstención. El único grupo que se ha opuesto ha sido el PP y sus dos senadores vascos se han ausentado del hemiciclo para evitar votar en contra de la iniciativa.

La proposición de ley ratificada por el resto de la Cámara es una propuesta del Parlamento vasco que pedía tramitar la modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial para que esas normas sólo puedan ser recurridas ante el alto tribunal y por los mismos agentes que pueden recurrir la normativa de las comunidades autónomas. El primero en intervenir en el debate, en tanto que proponente de la iniciativa, fue el senador del PNV Joseba Zubia, quien ha calificado el día de "histórico", por significar la aprobación definitiva de "algo largo tiempo, demasiado tiempo demorado, casi siempre por razones de oportunismo político".

"La derecha siempre ha sido foralista"

Zubia ha asegurado que la única intención del blindaje es que las normas aprobadas por las Juntas Generales reciban el "mismo tratamiento" y la "misma protección jurídica" que las normas aprobadas por los parlamentos autonómicos, porque "hasta ahora cualquier persona podía presentar un recurso contencioso-administrativo contra ellas". "No se trata de impedir que las normas forales sean recurridas, no se trata de elevar el techo competencial ni de trato diferenciado alguno", ha insistido. "No se trata de abrir un debate, sino de cerrarlo". Todos estos argumentos han estado también presentes en el discurso de Roberto Lertxundi en representación del PSOE, quien además se ha referido a la supresión de los fueros en Vizcaya y Guipúzcoa por Franco y ha afirmado que "la derecha vasca españolista siempre ha sido foralista", ejemplificando en el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, que apoyó el blindaje en el Parlamento vasco.

Por parte de CiU, Jordi Casas ha afirmado que la foralidad vasca "es patrimonio de todos y que "la diversidad jurídica y cultural es el gran activo de la democracia". "Si se convierte en un pasivo, nos estamos equivocando", ha subrayado. "Estaremos discriminando a una parte de la población del pacto constitucional", que "debería ser un acervo común". En su opinión, el "blindaje trata de dar protección jurídica a una realidad sancionada por la Constitución" y por ello justificó su voto a favor. precisamente, en que se cree "de verdad" la Constitución.

La única voz discordante ha sido la del senador del PP Juan Huguet, quien, recalcando su acuerdo con el Estatuto de Guernica y la ley de territorios históricos vascos, se ha preguntado por qué el blindaje no se ha realizado por medio de la modificación de ésta. Además, ha criticado la "velocidad meteórica" con que se ha tramitado. El PP ha defendido cinco enmiendas, que el resto de los grupos han entendido que eran a la totalidad de la iniciativa, así como un intento de reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad, por lo que han votado en contra.

Los senadores del PP Ramón Rabanera, electo por Alava, y Juana Iturmendi, designada por el Parlamento vasco, han optado por salir del hemiciclo de la Cámara Alta en el momento de la votación, igual que ya hicieran sus compañeros del Congreso cuando allí votaron la toma en consideración de la proposición de ley. Esta señal de protesta es un acto de solidaridad con los diputados del PP en la Cámara vasca que sí apoyaron el texto. La proposición de ley ha llegado al Senado después de haber sido aprobada en el Congreso el pasado mes de diciembre por el procedimiento de urgencia, puesto que socialistas y nacionalistas vascos habían acordado su tramitación durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de este año.