El abogado de la Gürtel que quería el puesto de Garzón

Al abogado Ignacio Peláez, el autor de la querella contra el juez Baltasar Garzón por las escuchas a los imputados del caso Gürtel en prisión, no le parece bien que el Consejo General del Poder Judicial haya autorizado al magistrado de la Audiencia Nacional su traslado al Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya (Países Bajos). Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri -imputado por Garzón por sus tratos con la trama corrupta que afecta al PP-, ha recurrido esa decisión del Consejo al considerarse perjudicado por ella. Dice que ese acuerdo afecta a su carrera porque le impide optar a la plaza del juez.

En su escrito, Peláez, juez en excedencia desde 1986 y ex fiscal de la Audiencia, afirma que está afectado por esa decisión porque "podría llegar a concursar por la plaza ocupada por el magistrado afectado por el acuerdo", es decir, el juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, el de Garzón. En opinión de Peláez, lo que Garzón tenía que haber hecho era solicitar una excedencia voluntaria para que su puesto hubiera salido a concurso y, eventualmente, haberse presentado a él.

El argumento, según los jueces consultados es "falaz" e incluso "fraudulento". La razón es que, aunque quisiera, Peláez nunca habría tenido la menor posibilidad de hacerse con el juzgado de Garzón. En primer lugar porque no tiene la categoría de magistrado, a la que están reservadas las plazas de los jueces centrales de instrucción. Peláez solicitó su excedencia como juez nada más aprobar su oposición para dedicarse a su trabajo como fiscal, lo que ha impedido su ascenso. Así lo recoge también Garzón en sus alegaciones contra el recurso que ya ha presentado en el Consejo, en las que recuerda que el abogado ni siquiera ha solicitado su reingreso en la judicatura.

Lo que en realidad está detrás del recurso de Peláez es el caso Gürtel y la querella que posteriormente el abogado presentó contra Garzón por las escuchas en prisión. Al abogado de José Luis Ulibarri le preocupa que el traslado del juez a La Haya "pudiera afectar al proceso penal" iniciado por él mismo contra Garzón al poder, en teoría este último "acogerse a la inmunidad jurisdiccional".

Sin embargo, el Consejo solo permitió el traslado de Garzón el pasado 18 de mayo una vez que los vocales ya habían suspendido al juez y tras pedir cinco informes, entre ellos a la Sala de lo Penal del Supremo y a la fiscalía. El informe de esta última explicaba que el traslado no afectaba a sus causas en el Supremo y que la Ley Orgánica del Poder Judicial no impide que un juez "provisionalmente" suspendido pueda acceder a esa situación.