Interior sostiene que Sortu se ha creado "bajo control directo de ETA"

"El partido político Sortu es una iniciativa que tiene vinculación con lo planteado por ETA y su posterior desarrollo por la estructura dirigente de Batasuna y que ha sido ejecutada bajo su control directo". Así de contundente se pronuncia la Policía Nacional en el informe remitido por el Ministerio del Interior a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, los encargados ahora de pedir al Tribunal Supremo que declare la ilegalización del nuevo partido de la izquierda abertzale. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil -que habla de que el partido está "al servicio" de la banda- sostienen, en casi 80 folios de informes, que ETA concertó con Batasuna la vuelta a la política para la consecución de sus objetivos a través de las instituciones y para lograr una futura alianza de partidos.

No hay pruebas directas que muestren a miembros de ETA o de la izquierda abertzale hablando sobre un futuro partido que va a rechazar la violencia terrorista y declarar su independencia de la banda únicamente como estrategia. Tampoco hay documentos o declaraciones específicas sobre Sortu. Lo que han elaborado la Policía y la Guardia Civil es un análisis basado fundamentalmente en el pasado y la trayectoria de la banda terrorista y las distintas formaciones políticas ilegalizadas, realizado a través de documentos incautados durante los últimos años, sobre todo en 2008 y 2009, en los que la banda declara su intención de "crear un referente político como instrumento de sucesión de Batasuna", según indica el informe de la Guardia Civil, para llevar a cabo su proyecto.

Sortu incluye en sus estatutos una referencia al "proceso democrático", términos usados por ETA desde hace más de 15 años para referirse a la consecución de sus objetivos políticos, como recuerda la Policía en su informe. El texto insiste en que los objetivos de la izquierda abertzale son, al igual que los de la banda, abrir un proceso de negociación sobre la autodeterminación y la territorialidad -incluyendo la corporación de Navarra al País Vasco-, y que ETA va a usar a Sortu para conseguirlos.

Se han estudiado también el historial y los pronunciamientos públicos tanto de los promotores oficiales de Sortu -cinco de los cuales tienen vínculos, según el texto, con Herri Batasuna (es el caso del portavoz, Iñaki Zabaleta, candidato en 1979) y con la agrupación de electores Aukera Guztiak- como de aquellos que han presentado o apoyado el partido. La conclusión, según los informes, es que se trata de personas vinculadas con Batasuna y otros proyectos ilegalizados, que persiguen, además, los mismos objetivos que ETA. No se contempla la posibilidad de que el rechazo de la violencia y su apartamiento de la banda sean reales. La policía sostiene que la izquierda abertzale ya ha planteado en el pasado la apuesta por las vías exclusivamente pacíficas, y que siempre se ha tratado de una estratagema; de una declaración instrumental.

Los informes inciden en algunos datos notorios: que detrás de la formación no están solo, ni sobre todo, los promotores desconocidos que aparecen en los estatutos, sino militantes y dirigentes de partidos ilegalizados como Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna o ANV. Sortu fue presentado en Bilbao el lunes 7 de febrero por Iñigo Iruin y Rufi Etxeberria, exdirigente de Batasuna que se enfrenta a 12 años de cárcel. Arropándolos estaban, entre otros, Rafael Díez Usabiaga, incurso en dos sumarios en la Audiencia Nacional; Pernando Barrena, sustituto de Otegi como portavoz de la izquierda abertzale tras el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi; o Juan José Petrikorena, responsable de comunicación de Batasuna. Una treintena de asistentes estaban relacionados con distintas marcas electorales de la izquierda abertzale, según el informe de la Guardia Civil.

Pero esto no es nuevo. Los herederos de Batasuna no se han escondido, ni tampoco su voluntad de crear un nuevo partido político. Los lazos con la ilegalizada Batasuna están claros. La cuestión a dilucidar es si se han apartado de ETA y de la violencia o todo constituye una trampa. La Policía y la Guardia Civil creen que se trata solo de esto último. El Tribunal Supremo tendrá que determinar ahora si los indicios presentados son suficientes para acreditarlo.

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