Democracia defectiva y fatiga constitucional

Uno. El déficit democrático es, con seguridad, el tema de más larga data en la construcción europea. Hablar de él cansa incluso a quienes lo denuncian y alertan de su empeoramiento. Pero conviene descomponer factorialmente la ecuación antes de evaluar su impacto en la fatiga constitucional desencadenada en España a resultas de la crisis. En el despliegue de ese déficit computan diversos sumandos:

a) La CEE arrancó en la historia como un mercado común con objetivos económicos. Solo posteriormente perfiló, a base de “pequeños pasos”, su dimensión política y constitucional, abriéndose a la discusión sobre su legitimación en la voluntad popular.

b) La arquitectura de la UE es hoy única en su género. No reproduce el esquema de “separación de poderes” atribuido a Montesquieu, pero tampoco replica ninguna de las estructuras de los Estados miembros (EE MM). Aunque es obvio que todos son países democráticos, la idea de democracia en la UE no es réplica ni imitación de la de ninguna de sus partes, sino el resultado imperfecto de influencias heteróclitas y de la integración de su complejidad. Ello acentúa el carácter “defectivo” de la democracia en la UE: se ejerce más por “transferencia” —o acaso por “inferencia”— que de manera directa.

c) Esta originalidad explica la resistencia a las urdimbres de la representación en Europa respecto de las practicadas por los ciudadanos europeos en sus países de origen. Sea por la influencia de nuestros prejuicios nacionales, sea por comparación con lo que presumimos que es nuestro respectivo “ideal de democracia”, la UE no ha sabido evitar parecer un adefesio o un monstruo de Frankenstein cosido a retales, y superviviente de sucesivas intervenciones quirúrgicas y electrochoques, cuando no partos de los montes que acaban alumbrando un ratón.

Los ciudadanos reaccionan contra el despotismo tecnócrata europeo

d) Los llamados criterios de Copenhague (respeto al Estado de derecho, democracia representativa y derechos fundamentales) se exigen a todo candidato a la adhesión a la UE. Pero, una vez dentro, no existe control de calidad: en los EEMM se producen deterioros y olas de populismo crecientemente agresivas, autoritarias y eurófobas.

Pero veamos por qué ese déficit incide ahora como nunca antes en la actual fatiga constitucional española.

Dos. El Tratado de Lisboa (TL) entró en vigor en diciembre de 2009 después de un interminable debate constituyente. Su resultado cristaliza un compromiso intenso con los derechos de la Carta, el Bill of Rights europeo. Y hace, por fin, del Parlamento Europeo (PE) un órgano legislativo, única institución directamente elegida por el sufragio de 500 millones de europeos. El PE pasa así a ser el más poderoso en su historia y el más poderoso de Europa. Sucede que, sarcásticamente, su entrada en vigor coincide con la peor de sus crisis. Su impacto se sintetiza en un imparable ascenso del intergubernamentalismo, impuesto desde un Consejo en el que —como en la granja de Orwell— algunos Gobiernos se creen “más iguales que otros”: arrolla a la Comisión Europea (que no ha mostrado liderazgo), y desoye a un PE que lleva años reclamando un cambio de orientación ante el palmario desastre de la “austeridad recesiva”.

Tres. Este empecinamiento en la política de ajustes, impuesta sin miramientos respecto a sus consecuencias, se sitúa en el origen de una nueva embestida del debate sobre el déficit. Bajo la determinación de una abrumadora mayoría conservadora, y contra toda evidencia de su fracaso al timón, los Gobiernos europeos han venido divorciándose de su ciudadanía (que tradicionalmente pagaba sus servicios vía impuestos) para subordinar sus decisiones a los mercados financieros, a los que ahora se deben so pena de cerrar la tienda. Desde entonces, burócratas bien retribuidos —los llamados men in black— dan palmadas en la espalda a muchos millones que sufren la angustia de la negación de toda esperanza de futuro: “¡Empobrecidos y cabreados, vais por el buen camino!”.

Restituir dignidad a nuestra democracia herida pasa por la política en las instituciones

Cuatro. Por todos los rincones de Europa los ciudadanos reaccionan con creciente virulencia contra tan inaudito ejercicio de despotismo tecnócrata. Se hace pasar por dicterios de formulación apodíctica (“no hay ninguna alternativa”, “estamos preparando al país para el empleo del mañana”) lo que no son sino recetas sesgadas por un fundamentalismo ideológico carente de sustento empírico ¡La realidad sugiere exactamente lo contrario: no nos sacan de la crisis; no generan empleo; los recortes incrementan la carga presupuestaria de intereses de la deuda; no hay luz al final del túnel; cada vez es más difícil cumplir con los objetivos proclamados ciegamente y en condiciones imposibles; tan disparatada terapia deteriora cada día la mala salud del paciente; crecen las desigualdades; costes y sacrificios se han repartido de forma insoportablemente injusta! De ahí que, desde el exterior, la situación española haya podido calificarse de preinsurreccional. La rabia de los ciudadanos adquiere tintes inéditos y registra decibelios audibles desde las portadas de los diarios de medio mundo.

Cinco. Es imperioso acometer el déficit democrático, con aliento reformista, en la UE y en los EEMM. El escalón de respuestas en el TL exige reformar el papel del BCE y prolongar los plazos de la consolidación fiscal. ¡Pero hay que hacer mucho más! Es hora de sincronizar el Marco Financiero (2014-2020) con las elecciones europeas. Para que los ciudadanos puedan decidir con el voto su política fiscal, presupuestaria, inversora y redistributiva. Y de construir un espacio público europeo apostando por genuinos partidos europeos con unidad estratégica en los asuntos que deslindan la respuesta progresista de la conservadora y la respuesta europeísta frente a la nacionalista. Y de que los ciudadanos puedan preferir con su voto a un candidato/a identificado en toda Europa como su opción a presidir la Comisión para el próximo mandato (2014-2019) desde una visión distintiva y una lista de alcance paneuropeo.

Seis. Sé bien que, en España, todo esto debe debatirse en un contexto de tremenda fatiga de Constitución ¡Por ello mismo es urgente acometer con coraje un debate dirigido a reformar a fondo esta Constitución que nos dimos hace 35 años! Antes de que envejezca sin que le hayamos permitido disfrutar su madurez. Antes de que se contraponga la “indignación en la calle” con una cacofonía de zafarranchos populistas. Antes de que la estampida confunda la “marea de los cambios” con un vendaval destructivo de demagogia antipolítica. Y esa reforma a fondo no puede tener como objetivo, sin más, que se “vayan todos”: como si esos “todos” fuesen “lo mismo” o, peor, “nuestro único problema”, o “acabar con la política” fuera una solución.

Frente a este insoportable déficit de empatía, no cabe, como alega el PP, atarse al manido alegato de que “nunca es el momento” de alterar las escrituras del pacto constituyente logrado cuando millones de españoles ni siquiera habían nacido. Pero tampoco cabe gritar “sálvese quien pueda” ante el enésimo naufragio de la autoestima de España, ni bastan el ruido y la furia de la difamación o del insulto sin freno en el anonimato de Internet. Restituir dignidad a nuestra democracia herida, en España y en Europa, pasa por la política en las instituciones. Y por mejores políticos, enamorados de nuevo de un entusiasmo que derrote a las fatigas de la democracia y sus déficits.

Juan F. López Aguilar es catedrático de Derecho Constitucional y presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo.