Treinta años después

Hace unos días se han cumplido 30 años de la victoria del Partido Socialista en las elecciones generales que abrió las puertas al primer gobierno de Felipe González. Desde entonces hasta hoy, 21 de estos años, fueron de Gobiernos socialistas, 13 presididos por Felipe González y ocho por José Luis Rodríguez Zapatero.

El PSOE, en aquel momento histórico, supo dar cumplida respuesta a la gran aspiración de cambio que recorría a la sociedad española. Con el respaldo de ese gran apoyo popular e institucional, se dieron pasos muy importantes en los cuatro grandes desafíos de aquella España de los ochenta: la modernización económica, social y cultural; un nuevo modelo territorial descentralizado con el desarrollo del Estado autónomo; el fortalecimiento y consolidación de la democracia; la integración en Europa y la apertura al mundo.

Es cierto, para ser justos, que no todo empezó aquel 28 de octubre de 1982. En los años anteriores, con Gobiernos de la UCD, tuvieron lugar hitos importantes: la Constitución española de 1978 —la más duradera de nuestra historia— y los Pactos de la Moncloa, frutos ambos de un consenso político que hoy echamos de menos.

Pero no es menos cierto que fueron los Gobiernos de Felipe González los que llevaron adelante esa tarea de modernización en un sentido amplio. Es decir, se hizo, nada más y nada menos, algo que buena parte de los países de la actual Unión Europea habían realizado 30 o 40 años antes, si no más.

De entonces acá, con el esfuerzo compartido del conjunto de la sociedad española, se ha acumulado un enorme patrimonio político, económico y social que se ha conformado como una seña de identidad de nuestro país. La crisis económica, con sus efectos devastadores sobre los ciudadanos, parece haber actuado como una cortina de humo sobre este patrimonio, sobre todo, porque está siendo utilizada como coartada para poner en cuestión las bases de nuestra economía, las políticas sociales que configuran el Estado de bienestar, los avances en derechos civiles, el Estado autónomo y hasta las propias instituciones representativas de la democracia.

Hace 30 años, los socialistas españoles supimos ofrecer un proyecto capaz de dar respuesta a los grandes problemas de este país. Hoy, a pesar de los problemas de confianza y credibilidad que sin duda tenemos, el socialismo español tiene el reto de defender este patrimonio que nos pertenece a todos.

Es necesario avanzar hacia la federalización del Estado autonómico

Pero no solo defenderlo porque esa sería, al fin y al cabo, una actitud anclada en la nostalgia. Por eso, no es el momento del enroque sino de la reforma y, si se quiere, desde la audacia. Hay que dar pasos adelante, asumir riesgos. Porque tenemos que ser consecuentes con esa idea que debiéramos tener bastante asumida de que nada será como antes. Por ello, el futuro del socialismo español tiene mucho que ver, a corto y medio plazo, con el modelo de salida de la crisis y cómo y en qué dirección van a evolucionar en el futuro los componentes de ese patrimonio al que me he referido. Para la derecha española y europea, para algunos organismos internacionales, la crisis económica ha sido la gran excusa para hacer ideología, para orientar la sociedad sobre componentes ideológicos conservadores. En España lo estamos viendo día a día.

Lo vemos en el debilitamiento de lo público para facilitar los intentos de privatización de la sanidad, la educación y los servicios sociales, en un claro intento de romper el Estado de bienestar

Orientación conservadora que se observa en la marcha atrás en los derechos civiles y sociales, que afecta a la igualdad de género, a los derechos de las mujeres a decidir libremente sobre la interrupción de su embarazo; al matrimonio homosexual; a los derechos de los inmigrantes; a los derechos de los trabajadores y a los sindicatos en su capacidad negociadora. A la propia democracia, con una reforma “autoritaria” y más represiva del Código Penal y con los avisos sobre la “modulación” de algunos derechos fundamentales.

Y, también, cómo no, en el intento de cuestionar el Estado autónomo. Nunca, en estos 30 años, habíamos asistido a una campaña de desprestigio contra las autonomías tan intensa y tan falaz como la realizada por el PP y los medios de comunicación de la derecha, campaña que ha actuado como pantalla para una política desleal de recentralización de competencias de las autonomías y de ventajismo en lo financiero, llevada a cabo, además, sin el menor diálogo con esas comunidades que, no lo olvidemos, también son Estado.

Ante esta situación, los socialistas tenemos una gran responsabilidad: tenemos que articular una propuesta política que dé una respuesta eficaz, solvente, y creíble

Una propuesta que, por un lado, proponga una salida justa a la crisis, que es la principal preocupación de la ciudadanía. Hay que articular políticas de crecimiento económico y, junto a ellas, políticas de redistribución de los ingresos, principalmente los que provienen de los excedentes de riqueza. Es necesario combatir tanto la pobreza como la desigualdad y ello exige una reforma fiscal más redistributiva que también nos permita los recursos para fomentar la creación de empleo.

Hay que asumir riesgos, hay que ser audaces, porque la situación lo requiere

En segundo lugar, es imprescindible la defensa del Estado de bienestar y de la naturaleza pública de servicios que lo integran. Porque constituyen la garantía del progreso en la igualdad de oportunidades. Recuerdo las palabras del presidente Lula cuando dijo que los europeos no teníamos derecho a cargarnos el Estado de bienestar que habíamos construido porque ahora era patrimonio de todos. Los socialistas siempre se han sentido identificados con esta defensa y ahora no vamos a arriar esa bandera.

Pero, junto a los problemas económicos y sociales, que son lo primero, hay que dar respuesta a la cuestión del modelo de Estado. Es necesaria una reforma de la Constitución, para modernizar el Estado de las autonomías, buscando el consenso político necesario. España es un país democráticamente maduro para hacerlo. Frente a los separatistas y los separadores, es necesario avanzar hacia la federalización del Estado autónomo que es la mejor manera, y probablemente la única, de garantizar la unidad de España y la mejor integración de sus territorios.

Por último, aunque no menos importante, es imprescindible desarrollar con los socialistas europeos una posición común ante y para Europa. La ciudadanía percibe, con bastante razón, que, frente al pensamiento que se pretende “único” de la austeridad a ultranza y el desmantelamiento de las conquistas sociales, la izquierda europea no tiene, en estos momentos, una respuesta global ante la crisis y de salida de ella, y muchos tienen la sensación de que va detrás de los acontecimientos y arrastrada por los mismos.

No se trata solo de establecer una hoja de ruta compartida que nos lleve a la Europa que queremos. Se trata también de articular una respuesta global que impida que crisis como esta se repitan y nos afecten de esta manera tan atroz. Esto no ayudará a recuperar la confianza de los ciudadanos en Europa y su papel en la globalización.

Treinta años después de aquel otoño del 82, España vive un momento difícil. El PSOE también, quién puede negarlo. El PSOE tiene la imperiosa necesidad de, a través de sus políticas, también de sus gestos y sus comportamientos, generar confianza y recuperar credibilidad ante la ciudadanía. Será también un modo de afrontar la crisis de la política, la desafección de una buena parte de los ciudadanos con respecto a las instituciones representativas y a los partidos políticos.

Hay que asumir riesgos, hay que ser audaces, porque la situación lo requiere. Y hay que hacerlo, al mismo tiempo, desde la serenidad, para salir de la crisis, para resolver los problemas de los ciudadanos, para asegurarles que están gobernados por los Gobiernos legítimos que responden a su voluntad mayoritaria y no por unos mercados que no atienden a más intereses que los suyos particulares. Para ofrecer a los españoles, en definitiva, un horizonte de esperanza y de expectativas ciertas.

Manuel Chaves González fue presidente de la Junta de Andalucía y es diputado del Congreso por Cádiz