La partida de la porra

La publicación de informes anónimos por parte de algunos policías respecto a delitos y prácticas de corrupción llevadas a cabo supuestamente por políticos nacionalistas enlodó la campaña electoral de los recientes comicios en Cataluña. El hecho de que los informes no estuvieran firmados por nadie, aunque lucieran un sello oficial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF); la aclaración de los jueces encargados de instruir las causas de referencia (casos Palau e ITV), en el sentido de que ellos no habían encargado dichas investigaciones y de que no se incorporarán a la instrucción; la agitación orquestada por parte de la prensa de la caverna (véanse las ediciones de La Gaceta y El Mundo de ayer), y la irrupción extemporánea del Sindicato Unificado de Policía (SUP) pronunciándose al respecto, permiten suponer, entre otras cosas, que el control de los cuerpos de seguridad por parte de los responsables políticos es en gran medida inexistente. O lo que sería peor: que es absoluto y se emplea con fines partidistas, sin respeto al ordenamiento legal y con desprecio al amparo judicial efectivo que la Constitución garantiza a todo ciudadano.

Este periódico ha publicado en días pasados un resumen de cinco documentos policiales anónimos que denuncian presuntas corrupciones de la familia Pujol y del actual presidente de la Generalitat. Ni uno solo de esos documentos, que constituyen una amalgama curiosa entre datos ciertos y conocidos, pertenecientes a antiguos sumarios, otros relativos a los dos casos ya citados, y numerosas especulaciones sin prueba documental, ha sido avalado por autoridad judicial o política alguna. Pero el Sindicato Unificado de Policía, en una nota respuesta a las informaciones publicadas por EL PAÍS, ha salido en defensa de la necesidad de llevar a cabo investigaciones policiales sin tutela judicial, so peligro, según los sindicalistas, de que aumente considerablemente el número de delitos.

Sin legitimidad

Sorprende la asiduidad con que portavoces del SUP aparecen en los medios de comunicación informando sobre el desarrollo de operaciones e investigaciones de sus miembros. Los dirigentes del sindicato no tienen legitimación para convertirse en portavoces policiales, ni mucho menos para polemizar con la opinión pública sobre cuestiones sometidas a la instrucción judicial. Ante el silencio ominoso del director general del cuerpo, el protagonismo de quienes defienden solo intereses gremiales a la hora de pronunciarse sobre cuestiones que afectan a los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos resultaría chusco si no generara una considerable alarma social. La que corresponde al hecho palpable de que existen fuerzas policiales que operan en la sombra ajenas a todo control y de las que ninguna autoridad sale fiadora.

La hilarante información que la misma prensa cavernícola, con sospechosa coincidencia en sus datos, publicaba ayer en el sentido de que lo difundido por EL PAÍS estaba inspirado por la relación comercial de su editora con una empresa presidida por Oleguer Pujol, hijo del expresidente Jordi Pujol, ilustra bien a las claras sobre las calidades profesionales y el alineamiento con la extrema derecha del periódico propiedad de la editorial italiana Rizzoli.

La información respecto a la venta de inmuebles de PRISA a la empresa Longshore fue comunicada en su día a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y no se necesita que Mortadelo y Filemón investiguen nada al respecto. El grupo PRISA publicó además una nota de prensa hace más de cuatro años (julio de 2008) en la que informaba de las transacciones y señalaba que habían supuesto unas plusvalías de 227 millones, que iban a ser destinadas a la amortización de la deuda. Los intentos de relacionar la línea editorial de un diario con la militancia política de su casero quedarán, por lo demás, inscritos con todos los honores en la antología de las filtraciones chapuceras.

Corrupción

La corrupción política es un hecho que ha adquirido una gravedad inusitada en los últimos años y es de reconocer la brillante actividad de jueces y fiscales a la hora de perseguir a estos delincuentes de cuello blanco que se pretendían impunes por ejercer el poder. Desde el antiguo presidente de Baleares y exministro del Gobierno de Aznar, Jaume Matas, al yerno del jefe del Estado, una variedad de personajes de todos los colores y militancias políticas viene calentando el banquillo de los acusados, imputados como están de graves delitos económicos.

No es el partido del Gobierno el más capacitado moralmente para impartir lecciones al respecto, y en cualquier caso debe dejarse a los tribunales esta tarea, en la que la acción policial es clave si se lleva a cabo con profesionalidad, respeto a la ley y toda clase de garantías procesales al respecto. Si las autoridades consideran que el presidente de la Generalitat o cualquier otro político nacionalista son sospechosos de delitos, su obligación es comunicarlo a la fiscalía. Por lo demás deben poner orden en el Ministerio del Interior, impidiendo la difusión de informes fabulados de los que nadie se siente responsable, pero que difaman gravemente a las personas y agitan las pasiones políticas en tema tan delicado y trascendente como el proceso secesionista que se está viviendo en una comunidad de la relevancia de Cataluña.

Para quienes defendemos la unidad de España desde un convencimiento racional y moderno, frente a intentos independentistas que fragmentan la solidaridad entre los ciudadanos, es desesperante contemplar la resurrección del patrioterismo cavernícola. Este no solo amenaza con agravar las disensiones y debilitar aún más la cohesión territorial. Constituye en sí un enemigo de la democracia al utilizar, como todo argumento ante los nacionalistas, el recurso a la partida de la porra. Pues en eso acaba convirtiéndose cualquier policía del mundo si no se somete a la ley.