Tibieza ante el dopaje

Tras siete años de instrucción y tres meses de juicio, el primer gran caso de dopaje en el deporte juzgado en España, la Operación Puerto, se ha saldado con una gran decepción. Tres de los cinco acusados han sido absueltos y los otros dos, condenados a penas mínimas que ni siquiera implican el ingreso en prisión. Al principal acusado, el médico Eufemiano Fuentes, le ha sido impuesta una pena de un año de prisión y cuatro de inhabilitación, pero solo para ejercer la medicina deportiva.

Si bien es positivo que por primera vez se haya impuesto una condena por facilitar sustancias dopantes a deportistas, la sentencia se alinea con la tibieza que los observadores internacionales atribuyen a las autoridades españolas en la lucha contra el dopaje y en absoluto es coherente con la gravedad de los hechos. Porque en el juicio ha quedado probado que existió una trama de dopaje y que la actividad ilícita pudo alcanzar, según la propia sentencia, a un centenar de deportistas. Como en 2006 el dopaje no estaba específicamente tipificado como delito, la acusación era por un delito contra la salud pública. La juez ha decidido imponer una pena sensiblemente inferior a la solicitada por las acusaciones y ha ordenado además destruir las 212 bolsas de sangre y plasma incautadas, a través de las cuales se podría identificar a los deportistas implicados.

La sentencia será recurrida, pero, de momento, ya ha causado un nuevo y grave daño a la imagen de España. Al deterioro que el descubrimiento de la trama causó a la fama de los deportistas se suma ahora el deterioro de la imagen de la propia justicia. La instrucción se ha dilatado durante años —y es previsible que dure aún algunos más si llega hasta la última instancia—, ha presentado graves problemas de prueba y la juez se ha decantado por una interpretación muy benigna del Código Penal. No es extraño que la Agencia Mundial Antidopaje califique la sentencia de “decepcionante e insatisfactoria”.