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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Si quieren, pueden

Si Mas y Rajoy ignoran dónde están los huecos de legalidad en sus organizaciones, es que son cómplices de la basura

Jorge M. Reverte

El presidente de la Generalitat catalana lo ha expresado mejor que nadie: si se demuestra que ha habido irregularidades en el llamado caso Palauque impliquen a Convergencia Democrática de Cataluña, él será el primero en actuar.

¿Actuar en qué sentido? —cabría preguntarse—. Porque si en los tribunales se demuestra que el saqueo de fondos públicos que se hizo a través del Palau benefició a su partido, Artur Mas ya no tendrá nada más que decir. Tendrá que quedarse en el burladero para contemplar el desfile de ladrones y saqueadores camino de la cárcel. Es decir, habrá actuado la justicia y no el partido. La justicia sin la colaboración activa de la organización política que preside el hombre de la frase de apariencia tan contundente.

Se puede leer de forma correcta la frase y entender, por el contrario, que Mas no está dispuesto a actuar, sino a acatar una sentencia. ¡Faltaría más!

Tiene mérito la frase porque resume el modus operandi de casi todos los partidos políticos y sindicatos de nuestro país. ¿Qué otra cosa es lo que está haciendo el Partido Popular en el caso Bárcenas sino establecer una defensa de trinchera a cada embestida de la realidad documentada que aparece publicada en la prensa desde hace ya muchos meses? O el Partido Socialista de Andalucía con el asunto de los ERE. Es el caso de algún sindicato y de Izquierda Unida en torno a la actuación de algunos de sus representantes en los consejos de administración de las cajas de ahorros.

Los casos de corrupción política levantados por las propias organizaciones donde militan los ladrones de fondos públicos se pueden contar con los dedos de la mano de un mutilado de guerra. ¿Ha caído algún corrupto por iniciativa interna de CDC, del PP, del PSOE, de IU o de CC OO? Si uno entra en las hemerotecas a buscar las excepciones, dan ganas de contratar a un becario de esos que pagan por trabajar para que se deje las pestañas en el asunto.

La generalización de esos comportamientos de cómplice silencio patriótico remite a las leyes de la mafia: la omertá, que no significa otra cosa que la hombría, los valores de la camaradería resumidos en mantener la boca cerrada para no traicionar al compañero. El problema es sistemático, o sea, sistémico. Pero no es inabordable como parece que nos quieren hacer creer los honrados militantes que no comparten el robo, pero sí el patriotismo interno.

Hace unos días, en un restaurante de Madrid, un abogado, viejo militante del PSOE y la UGT, Agapito Ramos, clamaba contra dos amigos suyos que siguen en la política. Les gritaba, desesperado porque parecían no escucharle: “¡Claro que podéis. Si queréis, la corrupción se acaba en diez minutos!”. No hace falta disolver las organizaciones que sustentan nuestro sistema democrático. Lo que hace falta es que los militantes de esas organizaciones metan en su complejo sistema de cromosomas uno alterado en el laboratorio que les convierta en ciudadanos por encima de su militancia. ¿Cabría mejor actuación que hacer llegar a las empresas dispuestas a corromper a políticos que esa acción sería inútil y contraproducente? ¿Eso es difícil de hacer? Pues no. Es tan sencillo como que desde los partidos y otras instituciones se actúe antes de que lo haga la justicia. Los casos de mangancia suelen ser secretos a voces. Y quien tiene la contabilidad de cada partido es su dirección.

Si Mas y Rajoy ignoran dónde están los huecos de legalidad en sus organizaciones, es que son cómplices de la basura, compañeros de viaje de los apandadores, consentidores del abuso y el latrocinio. A María Dolores de Cospedal ha sido la prensa la que le ha revelado que Bárcenas tenía un contrato laboral en el PP. ¿No lo sabía? Es un caso práctico de esos que le ponían a uno en el colegio para ejemplificar el dilema: o es usted una inútil, o es usted una golfa. En ambos casos, merece un cese fulminante, no en diferido.

¿Es cierto que en el PP nadie sabía que Federico Trillo, el autor de la mayor vergüenza, del mayor insulto contra las Fuerzas Armas, el caso Yak-42, pagó la defensa de los luego indultados responsables con fondos del partido?

Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó que el PSOE había aprendido del pasado. Yo estoy dispuesto a creerle. Pero ¿tiene la fuerza para imponer esa actitud en todas las organizaciones de su partido?

Artur Mas debería rectificar su contundente frase. Debería actuar antes de que lo haga el juez. Antes.

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