Sostener las pensiones públicas

El papel equilibrador de los sistemas de protección social ha constituido una de las señas de identidad de la Europa democrática a lo largo de su historia reciente. Tras la II Guerra Mundial, nuestro continente ha consolidado el crecimiento del gasto social, la protección de los derechos y libertades de sus ciudadanos y el acceso a bienes públicos fundamentales como la educación, la sanidad, el apoyo a la vivienda, la protección por desempleo o la regulación de derechos en el trabajo, hasta límites que casi nadie creía posibles cuando en 1889 se aprobó en el Parlamento alemán el primer sistema público de pensiones contributivas.

España, que se incorporó más tarde al proceso histórico de desarrollo de la sociedad del bienestar, ha realizado un esfuerzo trascendental durante las tres últimas décadas. La etapa democrática, sin duda la más fructífera de nuestra historia, permitió recuperar buena parte del terreno perdido en el ámbito de la política social. Pero no ha ocurrido lo mismo con Gobiernos socialistas y con Gobiernos del Partido Popular. La brecha social que nos separaba de los países europeos más desarrollados se redujo durante el periodo de 1982-1996, volvió a abrirse entre 1996 y 2004, para disminuir aceleradamente durante los años siguientes. Por desgracia, no es una afirmación partidista decir que desde diciembre de 2011, España vuelve a desandar un importante trecho de la senda recorrida.

El sistema español de pensiones vive hoy una encrucijada histórica. Podría estar en vísperas de sufrir un cambio que solo responde a los planteamientos ideológicos del PP: debilitar el carácter público del sistema y reducir la cuantía de las pensiones contributivas, para ampliar el campo de acción de los fondos privados de pensiones.

Hoy, el Gobierno del PP ha pulverizado el diálogo social. Unilateralmente recortó los instrumentos para adaptar la jubilación anticipada y se negó a actualizar las pensiones cuando el IPC se desvió casi dos puntos respecto a lo que subieron a principio de año. Y a la vuelta de vacaciones nos encontramos con una propuesta del Gobierno, inspirada en las recomendaciones de la Comisión de Expertos, en la que, en primer lugar, se elimina por ley la garantía legal del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, expropiando silenciosamente la capacidad de compra de los pensionistas; y, en segundo lugar, se reduce el importe real de la pensión como respuesta a las dificultades del sistema. Da igual que los problemas sean coyunturales o de medio y largo plazo, la solución siempre es la misma: bajar la cuantía de las pensiones o no actualizarlas de acuerdo con la evolución del coste de vida.

La brecha social que nos separa de los países europeos más desarrollados se amplía cuando gobierna el PP

Aunque una de las principales condiciones que deben reunir las propuestas de reforma del sistema es separar claramente los efectos cíclicos o coyunturales de los originados por tendencias económicas o demográficas de largo plazo, en realidad, la propuesta que se presenta es bastante obvia: si las cosas van bien, cabe revalorizar las pensiones —incluso por encima del IPC— y si van mal, hay que congelarlas (el mínimo del 0,25% es una congelación en toda regla). En nuestra opinión, las pensiones, una vez originadas, deben mantener su poder adquisitivo definido legalmente.

La Ley 27/2011 representó una gran reforma del sistema, que aseguraba su carácter público, garantizaba su sostenibilidad en el futuro y alcanzaba, además, el acuerdo de los interlocutores sociales. Reforma que rechazó el PP con la excusa de que supondría un recorte en las pensiones.

La reforma contemplada en aquella ley plantea la introducción en el sistema del factor de sostenibilidad en el año 2027 para dar respuesta al sobrecoste que representa el aumento progresivo de la esperanza de vida. Pero el ajuste que representa dicho factor no recaía solamente, como pretende hoy el Gobierno, en la reducción de la cuantía de la pensión. La pregunta es: ¿por qué no tener en cuenta otros parámetros importantes, como la edad de jubilación, el periodo de cómputo o el propio tipo de cotización en la medida necesaria para la absorción del sobrecoste? No hay respuesta del Gobierno a estas elementales cuestiones.

Para nosotros, no resulta necesario en absoluto implantar esa peculiar forma de congelación reduciendo el poder adquisitivo real de las pensiones. Con ello, el modelo que propone el Gobierno termina resultando contradictorio con el actual sistema de reparto y, desde luego, con el mandato constitucional de mantener unas pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente.

Las causas del intenso deterioro del equilibrio financiero a corto plazo del sistema de pensiones deben situarse en el diseño de la política fiscal europea y española, basadas en la aplicación de la austeridad como único objetivo; en las insuficiencias de la política de financiación de la deuda pública; y, por encima de todo, en el bloqueo efectivo del crédito al sector privado. Pero no hay que olvidar la influencia de la intensa devaluación salarial y el tremendo impacto de una reforma laboral, cuya derogación deberá ser la primera obligación del futuro Gobierno.

Hay que usar el Fondo de Reserva acumulado por la sociedad española durante el periodo de auge

Nosotros creemos que si la sociedad española ha sido capaz de acumular durante el periodo de auge un gran Fondo de Reserva, para asegurar su andadura en los malos momentos, carecería de sentido —y supondría un enorme fraude a la complicidad ciudadana con su sistema público de pensiones— que durante la crisis, en lugar de utilizarlo, se plantee una reducción en la cuantía de las pensiones mediante la pérdida de su poder de compra.

Mientras tanto, si la situación del empleo no mejora —y no es fácil que lo haga en el marco de las políticas aplicadas en España y en Europa— hay que diseñar nuevas reformas de la estructura de ingresos del sistema de pensiones. Con los efectos de la Ley 27/2011, en unos 30 años, España gastará en pensiones prácticamente lo mismo que ya gastan hoy países como Alemania, Francia o Italia, en torno al 13% del PIB. Nuestro sistema recauda una media de 10 puntos de PIB procedentes de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores. Habrá, pues, que diseñar, como se hizo con la sanidad o con los complementos para las pensiones mínimas, una mayor aportación del Estado para la financiación de un bien público que, como las pensiones, será a mucha distancia el más importante entre los que proporcionará nuestro sistema de bienestar social a lo largo de las próximas décadas.

Valeriano Gómez, economista, es portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Economía del Congreso. Manuel Chaves González fue presidente de la Junta de Andalucía y es diputado del Congreso por Cádiz.