Raro fin de legislatura

El Partido Popular está aprovechando al máximo los últimos meses de la legislatura para sacar adelante leyes empantanadas, dejar listo el Presupuesto del Estado y asegurar que no va a pasar nada en Cataluña. En ese contexto tan agitado, riza el rizo de la ingeniería política el intento de reformar la ley electoral en las semanas previas a la disolución del Congreso. Para ello quiere constituir, en septiembre, una subcomisión encargada de abordar tal reforma. No parece perseguir con ello un cambio de la norma a la carrera, sino medir el pulso a las demás fuerzas, sobre todo al PSOE.

La reforma electoral, tema escasamente atendido hasta tiempos recientes, ha irrumpido en el debate público como un elemento útil para regenerar la democracia. Pero el propósito regeneracionista se aprecia poco en la propuesta del PP, consistente en atribuir la mayoría absoluta al partido que logre el 30% o el 35% de los votos en las municipales, según los casos. Mucha prima parece para un sistema de representación proporcional. Con resultados más apretados, se prevé una segunda vuelta. El fondo de la idea sí es claro: acentuar la posibilidad de gobernar en solitario y atribuir un carácter presidencialista a la elección de la máxima figura, que en los municipios es el alcalde.

El recorte de poder autonómico y local, a causa de coaliciones y pactos de otros partidos, incrementó la sensación de derrota del PP. Pero eso no debe ser razón suficiente para trasladar a los ciudadanos la idea de que pactar es el caos. Es una estrategia que refuerza la impresión de que el PP actúa por interés partidista, lo cual es lo último que debe hacerse cuando se trata de tocar las reglas con las que se juegan los partidos electorales.

El contexto europeo ofrece todos los ejemplos. En la mayoría de los países con representación proporcional, las coaliciones y los pactos están a la orden del día. Grecia e Italia, por su parte, han adoptado las primas de escaños para corregir fuertemente la proporcionalidad de sus comicios. Por supuesto que no existen elecciones presidenciales en España, ni los escrutinios se hacen por sistema mayoritario (excepto los del Senado); los ciudadanos no votan al presidente del Gobierno (lo hacen los diputados electos), ni al de la autonomía (lo hacen los representantes elegidos para los Parlamentos autónomos), ni al alcalde (lo hacen los concejales). El sistema está organizado para que el máximo ejecutivo salga de una selección de segundo grado.

Si esto es lo que se pretende cambiar, requiere un debate en condiciones de menos presión que las inherentes a la extinción de la legislatura. Lo mismo que las ideas del PSOE, que, además de tratar de aplazar el debate, adelanta su opción a favor de desbloquear las listas, pero también de obligar a que sean cremallera (candidatos de cada sexo, alternándose en la lista), objetivos un tanto contradictorios entre sí.

Alterar las reglas del juego es una decisión que debe estudiarse con calma y a la búsqueda de consenso. Es impensable que eso vaya a ocurrir en las vísperas de un enfrentamiento electoral. La tarea debe corresponder a la nueva mayoría que surja de las próximas elecciones.