Mensajes blindados a prueba de jueces

La batalla entre los gigantes tecnológicos y las autoridades judiciales no da tregua. Tras el enfrentamiento entre Apple y el FBI a cuenta de los datos contenidos en el teléfono móvil del tirador de San Bernardino —que acabó con la vida de 14 personas— se une ahora la detención en Brasil del representante de Facebook en Latinoamérica por negarse a liberar los datos de un usuario. En ambos casos no solo se debaten los límites entre la seguridad y la privacidad. Lo que está en juego es si la policía puede tener carta blanca para indagar sin controles ni restricciones en las conversaciones de los clientes. Que esto suceda en la era de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), en la que los datos fluyen a velocidad vertiginosa, es aún más inquietante.

Compañías como Google, Twitter o Microsoft obtienen la confianza de los usuarios porque les garantizan (teóricamente al menos) el secreto de sus mensajes. Estas empresas invierten ingentes cantidades económicas en blindar las comunicaciones con sistemas (también teóricamente) invencibles. Siguiendo esta práctica, WhatsApp ha incorporado el cifrado end-to-end (de extremo a extremo), que impide al propio grupo leer los textos que intercambian los usuarios.

Pero, ¿qué ocurre cuando un juez solicita esas conversaciones? Si el magistrado es brasileño y WhatsApp (propiedad de Facebook) se niega a facilitarlas, la compañía pagará una cuantiosa multa y su responsable acabará detenido. Es lo que le ha pasado a Diego Dzodan, representante de Facebook en Latinoamérica, que no ha accedido al requerimiento en el que se le solicitaba los wasap cruzados de dos presuntos narcotraficantes. Como no podría ser menos, la red social se escuda en el secreto de los datos para negar a la policía el contenido del teléfono móvil de uno de los sospechosos. Tal justificación no ha librado a la marca que pilota Zuckerberg de pagar una multa de más de 200.000 euros y a Dzodan del mal trago de un arresto policial.

Este episodio ha tensado aún más las relaciones entre Facebook y la justicia, que vivieron su máxima hostilidad a mediados de diciembre, cuando una juez ordenó a los operadores telefónicos bloquear WhatsApp como represalia por no facilitar las conversaciones de un supuesto narcotraficante. Los brasileños sufrieron 13 horas de apagón.

Una y otra vez, las tecnológicas manifiestan su disposición a colaborar con las autoridades, pero sin que eso suponga que la policía pueda husmear en los correos de millones de clientes. Han de ser los jueces quienes valoren caso por caso. Puede incluso que se pongan de su lado, como ha hecho un magistrado de Nueva York, que acaba de dar la razón a Apple al eximirla de desbloquear el iPhone de un hombre acusado de narcotráfico. La explicación es sencilla —“Apple no es responsable de que sus teléfonos se usen para vender drogas”—, aunque quizá no muy convincente.