Furtivos a gran escala con sede en paraísos fiscales

La naturaleza siempre ha tenido que soportar la agresión de los furtivos, que eran implacables pero solían actuar a nivel local. Ahora, la actividad furtiva se ha globalizado, está dirigida desde pulcras oficinas y sus finanzas siguen la ruta de los paraísos fiscales. Les mueve el mismo ánimo depredador, pero operan a una escala cada vez mayor, hasta el punto de que el tráfico ilícito de bienes y recursos naturales se ha convertido en el cuarto sector criminal más importante. Un extenso informe hecho conjuntamente por la Agencia de Medio Ambiente de la ONU y la Interpol estima que la criminalidad ambiental mueve hasta 226.000 millones de euros al año por detrás del tráfico de drogas (334.000), las falsificaciones (288.000) y el tráfico de personas (157.000 millones).

Lo primero que nos viene a la cabeza al imaginar este tipo de tráfico es el marfil. Y ciertamente sigue siendo un problema, hasta el punto de que la población de elefantes ha caído en África de 1,3 millones en 1972 a 473.000 en 2013. Se estima que la caza furtiva abate a unos 30.000 cada año y detrás van los rinocerontes blancos, cuyo cuerno es también objeto de deseo. Pero no son las únicas especies amenazadas. El pangolín, un mamífero cubierto de grandes escamas que vive en zonas tropicales y se alimenta de hormigas, es ahora uno de los más perseguidos por una doble mala suerte: su carne es un manjar y en algunos países asiáticos se atribuyen propiedades curativas a sus escamas. Más de un millón de ejemplares han sido capturados para fabricar fármacos ilegales y surtir una creciente demanda en restaurantes de lujo.

La delincuencia ambiental es un negocio cada vez más amplio y diversificado que abarca desde la captura ilegal de almejas gigantes o merluza negra, al tráfico de especies exóticas, maderas suntuosas y metales preciosos como el oro, y no tan preciosos pero muy escasos, como el coltán. Hasta los residuos industriales son una lucrativa fuente de negocio, como bien saben en la región de Nápoles, que ha sufrido las consecuencias del trasiego ilegal de residuos químicos peligrosos por parte de la mafia. En los últimos años se han interceptado cargamentos de productos con gases que dañan la capa de ozono en lugares tan distantes como Pakistán, Ghana o Paraguay.

Las mafias de la delincuencia ambiental utilizan entramados de empresas ficticias, normalmente radicadas en paraísos fiscales por lo que es muy difícil seguir la pista del dinero. Se aprovechan de la escasa capacidad de control ambiental de muchos de los países en los que operan y como siempre, los recursos destinados a perseguirlas son infinitamente menores que los que ellas destinan a escabullirse. Con todo, hay limitadas pero significativas victorias. Por ejemplo, el plan que Brasil aplica para combatir la deforestación ilegal del Amazonas. Cinco años y 700 detenidos después, la deforestación, que era galopante, se ha reducido en un 76%. Pero una flor, con ser importante, no hace primavera. Puesto que las redes operan a nivel global, hace falta también una respuesta coordinada a nivel internacional.