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Tribuna
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Un acuerdo de paz innovador

El Gobierno y las FARC han llegado a una conclusión sofisticada con la justicia transicional

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.Christian Escobar Mora (EFE)

El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tiene especial importancia para este país asolado por una guerra que causó alrededor de 8 millones de víctimas durante cinco décadas. El acuerdo se ha negociado aprendiendo de otras experiencias y tiene características innovadoras que servirán para resolver otros conflictos violentos. Este acuerdo se alcanzó gracias a la voluntad de las partes en conflicto y de Cuba y Noruega, los dos países garantes del proceso. Más de 50 encuentros secretos entre estos actores condujeron al inicio de negociaciones en Oslo en 2012. Desde ahí se continuó en La Habana. Noruega aportó su prestigio como negociador discreto y no alineado. Cuba proporcionó a las FARC el espacio para negociar sin renunciar a sus principios revolucionarios. Chile y Venezuela, proveyeron acompañamiento continental.

Varios factores contribuyeron al éxito de la negociación. Primero, la voluntad política. Ambas partes asumieron riesgos para mantener la negociación pese a múltiples obstáculos dado que la guerra continuó mientras se negociaba. Sin pactar un cese el fuego, gobierno y FARC combatieron menos a medida que creaban espacios de confianza. Segundo, el proceso de negociación se centró en cuatro temas sustantivos: las dos causas del conflicto (acceso a la tierra y exclusión violenta de la política); en un aspecto esencial de la financiación de la guerra (drogas); y las consecuencias de la guerra (las víctimas). Al contrario que en otros procesos donde causas y reformas iban juntas, generando expectativas imposibles, aquí las reformas institucionales y del sector de la seguridad, y el desarrollo económico serán discutidos en el post-conflicto a través de mecanismos institucionales. Sin embargo, resulta innovador que el gobierno, el poder judicial y el legislativo, las FARC y la sociedad civil han trabajado sobre el post conflicto desde el principio de la negociación.

Tercero, el apoyo internacional. De forma discreta una constelación de actores respondieron a las necesidades de las partes facilitando asesoramiento en cuestiones como el balance entre justicia y paz o desminado. Estados Unidos y la UE nombraron enviados especiales, sumándose a los de otros países. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la misión de verificación de alto el fuego y desarme. La administración de Estados Unidos, un actor clave en el conflicto, se mantuvo en segundo plano pero garantizando su apoyo al proceso de paz.

Cuarto, evitar la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos. El derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación guió las negociaciones. Este es el primer proceso de paz en el que víctimas de la guerrilla y del Estado fueron invitadas a presentar sus testimonios antes las dos partes y expresar sus expectativas hacia la negociación. Por su parte, la Corte Penal Internacional verifica el cumplimiento de las normas internacionales.

El acuerdo sobre justicia transicional (justicia y paz) es sofisticado. Al contrario que en Sudáfrica, se creó un marco jurídico para la paz que se ocupará de las investigaciones, enjuiciamientos y sentencias. Si los perpetradores de violaciones de derechos humanos asumen su responsabilidad se beneficiarán de sentencias reducidas.

El desafío inmediato es el apoyo ciudadano en el plebiscito para legitimar el acuerdo. Hará falta un gran esfuerzo de pedagogía de paz para contrarrestar la propaganda opositora al acuerdo liderada por el ex presidente Álvaro Uribe. Las declaraciones y los gestos de las FARC serán clave para convencer a los sectores escépticos de la población sobre el compromiso de la guerrilla con la paz.

El proceso de paz durará décadas. Los problemas estructurales son inmensos ante los retos de construir un país más incluyente y equitativo, atender a los derechos de millones de víctimas, y lograr en el largo plazo la reconciliación nacional.

El acuerdo puede ayudar a que se inicien negociaciones con la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facilitará nuevos tipos de relaciones entre Colombia y sus vecinos, particularmente con Venezuela, e indirectamente ha ayudado a mejor los vínculos entre Cuba y Estados Unidos.

El impacto será profundo debido a la desmovilización de más de 20.000 combatientes y la implementación pactada para reformar el sector rural, combatir el narcotráfico, e incorporar a la vida política a los que trataban de cambiar el orden político mediante la violencia.

Mariano Aguirre es director del Norwegian Centre for Conflict Resolution (NOREF). 

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